Artículo 29 Constitucional

Por Larissa Fabiola Gordillo Morales

Un antecedente de esta garantía constitucional fue la “dictadura” en el derecho romano: correspondía al Senado la designación del dictador atendiendo a las situaciones de peligro que se presentaban en el Estado, designación que debía ser aprobada por los cónsules. El dictador estaba por encima de la ley y decidía sobre la vida y la muerte. Su poder no se encontraba limitado por ningún otro órgano. Sin embargo, el nombramiento era temporalmente limitado y en caso de desaparecer las causas que originaron la institución de la “dictadura”, el magistrado que había sido nombrado dictador debía renunciar al cargo.

UnknownAhora bien, el procedimiento de suspensión de garantías no es novedoso para nuestro sistema constitucional. Encontramos un antecedente del mismo en la Constitución de Cádiz de 1812. Las Constituciones de 1824 y 1836 negaron la posibilidad de reconocimiento jurídico del estado de excepción, por lo que dichos ordenamientos carecían de disposición correlativa al analizado en el presente trabajo. Fue hasta las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843, que en su artículo 198 estableció la posibilidad de suspender derechos fundamentales. La Constitución de 1857 en su artículo 29 estableció un precepto similar al vigente, prohibiendo únicamente la suspensión de las garantías que aseguraran la vida del hombre. Asimismo procedimientos semejantes al de suspensión de garantías de nuestra Carta Magna, podemos encontrarlos en los ordenamientos constitucionales de otros Estados.

Es bien sabido que las garantías individuales son normas constitucionales que las autoridades deben respetar y las cuales que deben operaran en todo momento con normalidad.Sin embargo, esa normalidad de orden social que sustenta el derecho puede verse en extremo amenazada por diversas circunstancias, por lo cual, es necesaria la intervención del gobierno en forma rápida y eficaz a fin de garantizar la continuidad del orden preestablecido y más aún la supervivencia del propio Estado.

0099cbbb417b0c394259a0ee781e7272En consecuencia, para favorecer la eficacia en la acción de gobierno será necesario suspender las disposiciones normativas que puedan obstaculizar dicha actuación y, específicamente, las que contienen los derechos fundamentales. En estos casos, el derecho admite que nos encontramos ante un interés superior a cualquier derecho particular, es decir, ante el interés del Estado.

El artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

“En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión, y en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocara sin demora al Congreso para que las acuerde”

Como podemos observar, el propio Constituyente justificó la suspensión de garantías ante determinadas situaciones.

Ahora bien, si bien es cierto que la razón de Estado y el procedimiento previsto en el artículo 29 constitucional no deben confundirse, también lo es que permiten vislumbrar una relación de conexidad, mediante la cual, en algunos casos, el Estado de derecho, a través del derecho positivo, impide la justificación doctrinaria de la razón de Estado (que es contraria al derecho).

ENFRENTAMIENTO_23731456_int.jpgEs necesaria la actuación rápida y eficaz del gobierno ante la amenaza hacia el Estado, debiendo romper temporalmente el derecho que la sociedad reconoce en la normalidad, mediante la estricta aplicación y respeto del mismo. Dicha medida, aunque se encuentre prevista en el ordenamiento jurídico, lo esfuerza a un límite que, aun así sigue siendo permisible, parece que se puede caer en una dictadura o en algún generador de cambios jurídicos que parezca que den muerte al sistema establecido, que hasta entonces ha sido válido y regente.

A finales del año pasado fue aprobada, con 89 votos a favor y siete en contra: ya no será facultad del Ejecutivo Federal decretar el Estado de Emergencia incluido en el artículo 29 Constitucional.

La suspensión o restricción de garantías individuales en situaciones de estado de excepción, emergencia nacional, perturbación de la paz pública, guerra o ataque de otro país, deberá ser aprobada ahora por el Congreso de la Unión, a iniciativa del presidente de la República. El Congreso tendrá un plazo de 48 horas para aprobar estas situaciones de excepción, luego de que el Ejecutivo Federal envía la iniciativa; la restricción de los derechos ciudadanos será supervisada, asimismo, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así lo establece el reglamento del Artículo 29 de la Constitución que fue aprobado en el Pleno del Senado donde se puntualizó que ya no será facultad exclusiva del Ejecutivo Federal decretar el Estado de emergencia.

El dictamen que reglamenta la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos del año 2011,  contó con un amplio respaldo de todas las bancadas y fue elaborado de manera conjunta por las comisiones de Gobernación, Justicia y Derechos Humanos

Se dice que con este nuevo marco jurídico, se determinarán los términos y los espacios en los cuales se restringirán los derechos o garantías

Esta última reforma es admirable, pues en esta ocasión se requerirá la aprobación de lleno de los tres poderes, pues en realidad ninguno es superior al otro  el Estado existe por la convivencia y el imperio que los tres detentan. Es curioso cómo parce contradictorio el hecho de que una garantía reconocida por la Constitución sea suspensoria de las otras garantías y muchos de los gobernados, que no comprende con facilidad los alcances y motivos de este artículo se molesta cuando se suspenden las garantías que ha detentado normalmente toda la vida como si fuera algo injusto o no permitido por el sistema jurídico, sin embargo, en muchas ocasiones ésta es la mejor decisión.

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