El Derecho a la Información y la protección al ambiente

Por Víctor Díaz Calderón,  Ricardo Espinosa Lemus, Alejandro Hernández Rodríguez y Daniela Sánchez Carro

La Declaración de Río de Janeiro de 1992, firmada por el Estado mexicano y aprobada por el Senado en diciembre del mismo año, obliga a los firmantes a adoptar las medidas necesarias para que los actores no gubernamentales sean incluidos en la toma de decisiones y creación de políticas en la materia.

De esta manera, el Principio 10 de la Declaración establece:

(…) En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. (…)[1]

blog-derecho-a-la-informacion1 En lo que respecta a la legislación mexicana, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente de 1987 es una ley marco en la regulación de protección al medio ambiente y los recursos naturales. En la década de los noventa, se reformó para dar cabida a la Participación Social en el Título Quinto.

El complemento de la participación social es el Derecho al Acceso a la información. Conjuntamente dan legitimidad a decisiones, proyectos y acciones. Para estos efectos, se prevé el ejercicio de esta prerrogativa mediante distintos mecanismos.

El primer mecanismo es la solicitud de información ambiental, especificando la información que se quiere conocer y los motivos por los cuales se realiza la petición. Esta solicitud se promoverá de manera escrita ante Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los Estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y los Municipios.

lupaParalelamente, el artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, permite consultar los expedientes que resulten de cualquier evaluación de impacto ambiental. Dicha consulta deberá realizarse en las oficinas centrales de la Secretaría o en la Delegación que corresponda en las entidades federativas.

Un último medio de acceso a la información ambiental y de participación ciudadana está contemplado en el artículo 40[2] del mismo reglamento, el cual señala que  dentro del plazo de diez días contados a partir de la publicación[3] de las manifestaciones de impacto ambiental y mediante solicitud escrita de cualquier persona de la comunidad, se deberá señalar la obra o actividad de que se trate y las razones que motivan la petición así como la identificación del solicitante. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales puede iniciar una consulta pública de proyectos que hayan presentado la Manifestación de Impacto Ambiental cumpliendo el procedimiento establecido. Este procedimiento consiste en  que dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud, la SEMARNAT notificará al interesado su determinación de dar o no inicio a la consulta pública. De ser afirmativa la resolución, notificará al promovente para que en cinco días  publique un extracto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa donde se pretenda llevar a cabo el proyecto, mencionando la información siguiente:

  • Nombre de la persona física o moral responsable del proyecto.
  • Descripción de la obra o actividad de que se trate.
  • Ubicación del lugar en el que la obra o actividad se pretenda ejecutar, haciendo referencia a los ecosistemas existentes y su condición al momento de realizar el estudio.
  • Indicación de los principales efectos ambientales que puede generar la obra o actividad y las medidas de mitigación y reparación que se proponen.

Una vez publicado el extracto de la evaluación de impacto ambiental, cualquier ciudadano de la comunidad de que se trate, dentro de los diez días siguientes a la publicación podrá solicitar a la Secretaría que ponga a disposición del público la manifestación de impacto ambiental en la entidad federativa que corresponda. Cualquier interesado podrá proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación, así como las observaciones que considere pertinentes, las cuales se agregarán al expediente. Las observaciones y propuestas a que se refiere el párrafo anterior deberán formularse por escrito.

La Secretaría, después de todo este procedimiento, sólo consignará en la resolución que emita, el proceso de consulta pública y los resultados de las observaciones.

UnknownAnte este panorama, queda claro que dicho mecanismo es por demás complejo e inoperante, y su ejecución es ineficaz ante la serie de pasos que se tienen que llevar a cabo, como es la publicación en el periódico del extracto de la evaluación.

Para ilustrar la falta de vocación y concordancia con la Declaración de Río de Janeiro de este mecanismo supuesta participación, ilustraremos con un ejemplo reciente:

En territorio de la comunidad indígena náhuatl de San Juan Tahitic, en Zacapoaxtla, municipio ubicado en la Sierra Norte de Puebla, se pretende construir un proyecto hidroeléctrico que afectará hectáreas de vegetación alrededor del río Apulco, el más importante de la región, desviará más de una cuarta parte del cauce total del río, afectando el Bosque Mesófilo de Montaña -que está desapareciendo en el país- y la Selva Alta Perennifolia, presente a la altura de los mil 200 metros sobre el nivel del mar, que además forma parte de la Unidad Biofísica Ambiental 117, llamada Karts-Huasteco Sur[4].

Dentro de este contexto, es difícil imaginarse que los pobladores de la comunidad que en su mayoría no saben leer ni escribir, puedan tener acceso a dicho medio de consulta, que publiquen en un diario de Puebla un extracto de la evaluación de impacto ambiental, que sepan qué observaciones y propuestas hacer, cuál es la empresa encargada del proyecto, los ecosistemas a los que se afectará, o bien, seguramente ni siquiera están enterados qué es la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su Reglamento, y obvio la Declaración de Río, o el Convenio 169 de la OIT[5]. ¿Acaso es fácil para un habitante del poblado de San Juan Tahitic realizar una petición por escrito a la SEMARNAT, recorrer un trayecto de más de tres horas para llegar a la capital del estado, publicar en un periódico un extracto de información a la cual ni siquiera tiene acceso y esperar a que se dé tal difusión del asunto para que demás interesados, sin conocimiento de Derecho ni en materia ambiental, realicen propuestas para mejorar el proyecto que afectará su poblado?

Queda por demás señalar que el anterior recurso de participación ciudadana y acceso a la información resulta inaccesible para algunos sectores de la población-en este caso la población indígena en todo el territorio nacional- contrariando los fines que contempla no sólo la Declaración de Río de Janeiro sino también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1° y 2°.

Para finalizar, basta con citar el Principio 22 de la ya mencionada Declaración para darnos cuenta de la discriminatoria, ineficiente, inadecuada, inservible, incongruente y otros muchos adjetivos que describen a la regulación nacional en materia ambiental:

PRINCIPIO 22

Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sosten

[1] Declaración de Río de Janeiro de 1992. Disponible en: http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm

[2] ARTÍCULO 40.- La Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar a cabo una consulta pública, respecto de proyectos sometidos a su consideración a través de manifestaciones de impacto ambiental.

[3] La publicación se realiza en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Ecológica de la SEMARNAT, editada semanalmente.

[4] Nota periodística: “Anuncias consulta técnica para hidroeléctrica en Zacapoaxtla. http://municipiospuebla.mx/nota/2016-03-18/zacapoaxtla/anuncian-consulta-t%C3%A9cnica-para-hidroel%C3%A9ctrica-en-zacapoaxtla

[5] Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, firmado por México el 27 de junio de 1989  y ratificado el día 5 de septiembre de 1990. Entrado en vigor el día 5 de septiembre de 1991 y publicado en el DOF el 24 de enero de 1991.

Consultado en: https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosConvenio/PAG0365.pdf

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s