Ley Atenco

Por Fabiola Larissa Gordillo Morales

La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, también conocida como Ley Atenco, fue una iniciativa del gobernador Eruviel Ávila, enviada en diciembre de 2015 al Congreso local, que la aprobó el 17 de marzo del año en curso, mismo día que fue promulgada. Esta nueva ley permite que los elementos de seguridad pública disuelvan manifestaciones y protestas consideradas “ilegales”, utilizando el uso de la fuerza pública.

Organizaciones_rechazan_Ley_Atenco_Alcaldes_de_Mexico_Marzo_2016La ley contó con los votos de todos los partidos que conforman el congreso mexiquense, excepto de los diputados de Morena que consideran que es una normatividad violatoria de los derechos humanos, por lo que pretende pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare dicha la inconstitucionalidad de dicha ley, así como obtener el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros organismos garantes de la protección de los derechos fundamentales.

Lo anterior, es concebido desde un punto de vista en el cual las personas que protestan tienen un derecho a la libertad de asociación y a la libertad de expresión. Sin embargo, para el gobierno del Estado de México esta ley es necesaria para garantizar el cumplimiento de su obligación de proteger los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de aquéllas personas que no están inmersas en esta problemática, cuando otros medios resulten ineficaces o no los garanticen. En consecuencia, pueblos y comunidades organizados del Estado de México se pronunciaron en contra de dicho precepto legal.

En este precepto se definen las reglas y otorga la facultad a los propios elementos de seguridad para determinar hacer uso de la fuerza cuando las manifestaciones o reuniones que se realicen en lugares públicos se vuelvan violentas. Sin embargo, la ley afirma que las personas tendrán derecho a reunirse en lugares públicos mientras lo hagan cumpliendo los requisitos de hacerlo forma pacífica, con cualquier propósito mientras sea lícito, con el objeto hacer una petición o presentar una propuesta por algún acto a una autoridad y que por lo tanto no podrá ser disuelta por los elementos de seguridad pública, siguiendo el principio consagrado en el artículo 9° constitucional.

UnknownAlgo que cabe destacar es el hecho de que en el artículo octavo de la ley se precisa que se podrán usar armas de fuego “cuando sea excepcional, estrictamente necesario e inevitable, para proteger la vida de las personas y la de los elementos de seguridad”. Lo cual parece curioso pues para otros casos de uso de la fuerza se ordena que las armas de fuego son la última y extrema opción, y sólo podrá usarse en los casos en que se encuentre en grave peligro la vida, la seguridad o la integridad física de las personas.

Entre las armas e instrumentos permitidos se encuentran las esposas rígidas, semirrígidas, de eslabones, candados de pulgares y cinturones plásticos; también otros materiales o instrumentos para controlar a una persona que represente un grave peligro para sí misma o para terceros; instrumentos y equipo autoprotector que sirven para controlar a un individuo, dejarlo inmovilizado o repeler una agresión como Bastón PR-24, tolete o su equivalente, dispositivos que generan descargas eléctricas, inmovilizadores o candados de mano, sustancias irritantes en aerosol, entre otros.

Cabe mencionar que esta dicha ley también se extiende a los casos en que las autoridades administrativas o judiciales que requieran el auxilio de los elementos de seguridad pública para realizar desalojos, embargos o ejecución de resoluciones deberán realizar su solicitud cuando menos, con cinco días hábiles de anticipación, para que las instituciones de seguridad pública preparen el operativo.

quieren--tumbar-ley-atenco-fac4ef5554f69012fe38d2f1d4e245a6De igual forma, la ley establece las condiciones en las que se podrá utilizar el uso de la fuerza para evacuar o impedir el paso a personas, con la finalidad de proteger la vida y bienes de la población en incendios, inundaciones, sismos o cualquier otro fenómeno natural.

La ley también establece que en los centros preventivos y de reinserción social se llevarán a cabo acciones de prevención frente a las de reacción, sobre la determinación de utilizar las armas de fuego en legítima defensa o en defensa de terceros. Las armas de fuego se podrán utilizar cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves o cuando sea estrictamente necesario para impedir la fuga de una persona custodiada o detenida que presente grave peligro y oponga resistencia a la autoridad dentro de las instalaciones de los centros preventivos y de reinserción social e instituciones de reintegración social de adolescentes.

Ahora bien, se  establece que el Estado y las instituciones de seguridad pública pagarán indemnizaciones a las personas afectadas, cuando los elementos recurran al uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego y desobedezcan las medidas correspondientes para impedir, eliminar o denunciar ese uso.

Finalmente, es necesario saber que a los mandos y elementos que no adopten todas las medidas necesarias y suficientes para hacer uso de la fuerza pública y de las armas de fuego e incumplan con la nueva ley se les iniciará una investigación interna por parte de la institución de seguridad a la cual pertenezcan.

Los resultados de la investigación se comunicarán a los órganos de control que correspondan y se dará vista al Ministerio Público para que sean acreedores, de acuerdo con su participación a la aplicación de la responsabilidad administrativa, civil o penal y aquellas sanciones que señalen la Ley de Seguridad del Estado de México y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

                  Visto lo anterior volvemos a la temática de siempre: ¿cuál derecho es más importante? Si bien es cierto que en este caso concreto las personas protestan por no perder el derecho de no perder sus tierras, parece que existe una violación de garantías ya que tienen libertad de manifestarse, sin embargo, afectan a otras personas que tienen el mismo derecho de transitar por donde quieran, así como que la autoridad salvaguarde los derechos de vida y libertad. Es preocupante la facilidad con la que cuenta el gobierno para controlar a la sociedad civil, sin embargo al fin y al cabo sigue siendo el gobierno y su ventaja será siempre que detenta el imperium por lo tanto todos estamos obligados a obedecerlo o a ser coaccionados por el mismo. SI al final, el Estado quiere quitar estas tierras a los campesinos puede hacerlo a través de la expropiación , pues al fin y al cabo el Estado es el propietario de todo el territorio nacional, permitiéndonos detentar la posesión y propiedad de nuestros terrenos, sin embargo, en el momento que lo quiera de vuelta puede exigirlo, lo cual no constituye una violación de garantías.

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