El orden público

Por  Larissa Fabiola Gordillo Morales

El orden público, como otros tantos tecnicismos empleados en el derecho, es un concepto que no se encuentra expresamente definido en la Constitución, código o ley alguna del sistema normativo mexicano. Si no que tiene distintas acepciones dependiendo del lugar, la sociedad y el sistema de normas, así como una sociedad y la ética y moral de estos.

law enforcementY es verdad: no puede existir una definición general o a nivel internacional sobre lo que es el orden público; un ejemplo muy vago de esto puede ser el caso de que en China el acto de comer y cocinar toda clase de animales, desde perros, lagartijas, hipocampos, etcétera, es totalmente contrario a  diferencia de lo que se come en México, pues estamos acostumbrados a comer res, pollo, pescado, cerdos, entre otros, pero no animales domésticos o exóticos (claro, con algunas excepciones).

El artículo 1830 del Código Civil Federal precisa que e ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Un ejemplo muy interesante para comprender este precepto es el caso de la mariguana: imaginemos que una empresa de cafeterías en Chicago (lugar en el que es permitido el consumo de esta droga por cualquier particular), en la cual ofrece en su menú un té de mariguana, desea abrir en nuestro país una sucursal ofreciendo té de mariguana en su menú como lo hace en su país de origen. Sin embargo, toda vez que en nuestro país está penalizado la tenencia, transportación, compra, venta de de dicha droga, entre otros supuestos y, al no ser compartida la idea de su consumo así como tampoco ser una práctica cotidiana entre la mayoría de los habitantes de nuestro país, el objeto de dicha empresa sería ilícito y en consecuencia contravendría el orden público causando molestia y afectación entre las personas.

En vista de que este concepto no puede ser definido de manera general, puede hacerse de manera más concreta enfocado a un sistema jurídico. En el caso de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó lo siguiente en una Tesis Aislada perteneciente a la novena época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, en el Semanario Judicial de la Federación en su Tomo XXII, agosto de 2005, página 1956, Titulada como “ORDEN PÚBLICO. ES UN CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO QUE SE ACTUALIZA EN CADA CASO CONCRETO, ATENDIENDO A LAS REGLAS MÍNIMAS DE CONVIVENCIA SOCIAL.”, la cual dicta lo siguiente:

13620“El orden público  no constituye una noción que pueda configurarse a partir de la declaración formal contenida en una ley. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que corresponde al juzgador examinar su presencia en cada caso concreto, de tal suerte que se perfila como un concepto jurídico indeterminado de imposible definición cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar que prevalezcan en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darle significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de la comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social; en la inteligencia de que la decisión que se tome en el caso especifico no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas, si no en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de la sociedad, siempre buscando no obstaculizar la eficacia de los derechos de tercero.”

Analizando la tesis aislada mencionada con anterioridad, observamos que el máximo tribunal hace hincapié en que, al no poder definir o mostrar una abstracción de los que el orden público es, se debe atenerse a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que prevalezcan al momento de realizar la valoración, dicho de otra forma, la aplicación al caso concreto será dependiendo del momento y la manera en que esté viviendo la sociedad de un lugar específico. Un ejemplo bastante claro serían las relaciones entre homosexuales, las cuales siempre han existido a lo largo de la historia, pero en algún momento se consideraban hechos ilícitos o prohibidos, para posteriormente ser tolerados (hecho que no tiene más de treinta años, recibiendo desde entonces fuertes críticas negativas) y que en la actualidad es aceptado, aunque aún sigue siendo un tema complejo de explicar y entender para muchos y queda aún duda de si estos comportamientos permiten el desarrollo armónico de la convivencia social, pues dentro de la misma se crea un ambiente de rechazo y discriminación.

Asimismo, la tesis precisa al final de su texto que la decisión  entre si una conducta o hecho afecta o no al orden público, no podrá ser tomada desde un punto de vista subjetivo si no en elementos objetivos guíados por las preocupaciones y necesidades de la sociedad mientras que no se afecte los derechos de tercero. Para intentar aterrizar lo anterior me gustaría hacer referencia a uno de los impedimentos matrimoniales previsto en el artículo 156 fracción III del Código Civil del Distrito Federal, el cual precisa lo siguiente: “El parentesco de consanguinidad, sin limitación de grado en línea recta ascendente o descendiente. En línea colateral igual, el impedimento se extiende hasta los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en tercer grado y no hayan obtenido dispensa”. Este impedimento es de carácter ético, pues la sociedad no acepta el incesto como una conducta permitida; eugenésico, toda vez que la combinación de agentes genéticos de una misma familia podrían ocasionar  problemas hereditarios; y de política familiar porque ninguna de estas relaciones contenidas en tales supuestos garantizan la solidez de una familia. Por lo anterior, se deduce que casarse bajo estas condiciones contravendría de lleno el orden público así como las buenas costumbres de la sociedad en este país.

Existen estos y otros tantos de miles de ejemplos, que  no por no encontrarse expresamente señalados en el sistema normativo no significa que no contravengan contra el orden público delimitado por una sociedad, pues cada caso deberá revisarse en concreto, observando sus alcances así como el daño que pudiese causar.

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