Las Juntas de Conciliación y Arbitraje; su posible desaparición.

Por Fabiola Larissa Gordillo Morales

protesta_de_bomberos-bomberos_protestan_en_Doctor_Rio_de_la_Loza-Junta_Local_de_Conciliacion_y_Arbitraje_del_Distrito_Federal_MILIMA20140627_0096_11Los derechos de los trabajadores forman parte de los derechos colectivos o sociales los cuales han tenido mayor relevancia en los últimos años. Un ejemplo claro de estos son las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales fueron creadas con el propósito de otorgar a los trabajadores un medio de solución de controversias que podían suscitarse frente a la “superioridad” del patrón, garantizando un acceso a la justicia, procurando un trato más humanitario y poniendo en igualdad de condiciones al patrón y al trabajador, pues este último siempre se vería en desventaja por la falta de recursos económicos e incluso académicos o culturales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en el artículo 123 fracción XX, instituyó las Juntas d Conciliación y Arbitraje como órganos públicos para resolver las diferencias o conflictos entre el capital y el trabajo. Así mismo se creó con carácter provisional la junta Central de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal. De igual forma, fue en septiembre de 1927 que se inicia la junta Federal y a su vez la creación de cinco Juntas Especiales, pero no había base constitucional, que señalara la jurisdicción federal del trabajo por materias, en cuya virtud, se le objetó de inconstitucional. Por lo tanto, mediante reforma publicada el 6 de septiembre de 1929, se dispuso en el preámbulo del artículo 123 constitucional, que la materia de jurisdicción federal, sería la misma que corresponde al Congreso de Unión para su función legislativa y se precisa en el artículo 73 fracción X de nuestra carta magna. Con el paso del tiempo se fue aumentando el número de juntas, tanto en materia local como federal, para atender los litigios que surgiesen derivados de la relación obrero patronal.

Hoy en día, la iniciativa de Justicia Laboral, presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, la cual establece la desaparición de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. Plantea la construcción de instancias de conciliación para que los conflictos se resuelvan de forma “amigable” y propone que la justicia laboral sea responsabilidad dl poder judicial de manera independiente, afirmando que se busca impulsar una reforma laboral trascendental. Lo anterior debido a que estas instituciones han sido centro de corrupción con procedimientos largos y tardíos, por lo tanto se buscaría la creación de un tribunal laboral constituido dentro del poder judicial, no el híbrido con el que se cuenta actualmente, que como tal no emite sentencias, si no laudos; su naturaleza es más del tipo administrativa, a pesar de que es un organismo que depende del poder judicial y así podríamos señalar algunas otras cosas. Asimismo, en las propuestas resalta la propuesta de un registro de sindicatos de manera que se eliminen los sindicatos de falsa representación, así como resolver de manera inmediata los conflictos con las pequeñas y medianas empresas y el planteamiento de una política de mejora en la regulación de los procedimientos.

021n2pol-1Tal vez la propuesta del cambio suena atractiva y hasta cierto punto podría ser conveniente, pero los motivos no parecen ser lo suficientemente convincentes para realizar un cambio tan radical. La corrupción y problemas de ese tipo siempre se encontrarán en todas y cada una de las instituciones del Estado, en todos los niveles y en todos los ámbitos, por lo que es difícil vislumbrar si de verdad se podrá lograr la erradicación de tales problemas, los cuales siempre prevalecerán mientras el hombre siga existiendo. Otro punto al que se alude son los procedimientos largos  y tardíos, pero eso no solo depende de la institución, si no de otros factores tales como la sobrepoblación y el crecimiento de la ciudad, lo que provoca que la carga de trabajo aumente en demasía, pues la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México lleva más de treinta mil expedientes al año, cientos de audiencias de conciliación, de mediación, notificaciones, emplazamientos, audiencias fuera de juicio, entre otras cosas al día, por lo que es obvio que su eficacia no sea la mejor y no por decisión propia, si no por la amplia demanda de éste órgano.

imagesSin embargo, el hecho de transformar a las Juntas en un órgano judicial podría ser provechoso, pero a la vez poco innovador, pues de cierta forma y a pesar de que las resoluciones de las Juntas no son vinculantes, difícilmente son coactivas, e incluso en ocasiones puede ser difícil llevar a cabo la ejecución de un laudo, por lo que al volverse parte del sistema judicial, tal vez sus resoluciones podrían ser como el de una sentencia e incluso alcanzar el grado de cosa juzgado. A su vez podría parecer poco innovador en muchísimos aspectos, pues realmente el procedimiento que se lleva a cabo en este importante órgano es casi igual al de un proceso judicial de cualquier otra rama, e incluso podría ser una antesala a los juicios orales, pues la predominancia de la oralidad es vital en las audiencias laborales, desde el momento en que se busca negociar y conciliar hasta para el caso de las audiencias en que ni el trabajador ni el patrón quieren ceder y allanarse fácilmente a las pretensiones del otro. Demanda, notificación, contestación, conciliación o mediación, ofrecimiento de pruebas, audiencias, todas y cada una de estas también se encuentran en el procedimiento judicial, por lo que no sería muy distinto al que se lleva a cabo actualmente. Finalmente, el hecho de cambiar de naturaleza jurídica de las Juntas no evitará el hecho de la aglomeración de asuntos, la tardanza de los mismos o la eficiencia o ineficiencia de los empleados.

La existencia de estas Juntas es de vital importancia especialmente para el marco del Estado de Derecho que se pretende alcanzar hoy en día, pues las garantías sociales prevén un hacer del Estado, por lo que éste deberá brindar a los trabajadores que se encuentren en desventaja la protección necesaria así como un trato digno y equitativo, no importando si las Juntas pertenecen a cierto poder o si éste les otorga un mayor peso o jerarquía.L

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