Uber: ¿Innovación o Competencia Desleal?

Por Víctor Díaz Calderón, Ricardo Espinosa Lemus,Alejandro Hernández Rodriguez y Daniela Sánchez Carro

Uber Technologies Inc. es una empresa internacional que surgió en 2010 con el objeto de proporcionar servicios de transporte privado a sus clientes, los cuales son solicitados a través de aplicaciones digitales, previamente descargadas en dispositivos electrónicos, mediante un cargo a su tarjeta de crédito o débito. En poco tiempo, dicha empresa logró un enorme éxito y ha conseguido llevar sus servicios a una gran cantidad de ciudades, entre ellas la Ciudad de México.

Uber Taxi App In Madrid
MADRID, SPAIN – OCTOBER 14: In this photo illustration the new smart phone taxi app ‘Uber’ shows how to select a pick up location at Atocha Station on October 14, 2014 in Madrid, Spain. ‘Uber’ application started to operate in Madrid last September despite Taxi drivers claim it is an illegal activity and its drivers currently operate without a license. ‘Uber’ is an American based company which is quickly expanding to some of the main cities from around the world. (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

Desde su origen, la empresa se ha visto inmersa en una gran polémica, pues se ha considerado que los servicios que prestan se realizan en condiciones de competencia desleal, ya que éstos no se encuentran claramente delimitados y regulados por el Derecho. Como consecuencia, se han generado varios reclamos de quienes prestan servicios de transporte y se encuentran sujetos a una regulación más severa respecto de la prestación de dichos servicios, principalmente por parte de taxistas. El presente artículo se centrará al análisis de la legislación mexicana y de la doctrina del Derecho de la Competencia para determinar si los servicios prestados por la empresa Uber constituyen efectivamente prácticas de competencia desleal.

En un sentido económico, la competencia debe ser entendida como “el enfrentamiento de las empresas por la clientela[1]. Durante esta lucha entre empresas por ser elegidas por la clientela, puede darse la realización de prácticas que afecten a los demás productores y a la clientela misma. La competencia desleal surge cuando, el enfrentamiento entre empresas se da mediante la realización de actos que la ley señala como monopólicos o restrictivos. Los límites entre las prácticas permitidas y aquellas que no deban permitirse por generar un daño al mercado serán establecidos por el Derecho. De esta forma, surge el Derecho de la Competencia como un medio para evitar los daños al Mercado que pudieren generarse de las prácticas desleales de uno de los productores. Es decir, busca proteger tanto al consumidor como a los demás productores  del mismo producto, o de productos similares, de prácticas monopólicas o prácticas comerciales restrictivas realizadas por uno de los productores.

UnknownEn México, existen varias disposiciones que regulan a la competencia económica. Al respecto, podemos encontrar la base constitucional del Derecho a la Competencia en el artículo 28 constitucional, el cual prohíbe los monopolios y los define como “toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios”. Por otra parte, el Código de Comercio, en su artículo 6-bis, establece una serie de actos a los cuales califica como competencia desleal. Dentro de estos actos, se encuentran:

  1. Aquellos que generen confusión en la clientela respecto del establecimiento de productos o la actividad industrial o comercial de otro comerciante.
  2. Aquellos que desacrediten, mediante aseveraciones falsas, a otro comerciante.
  • Aquellos que induzcan al público al error respecto de los productos.

Este catálogo de actos calificados como competencia desleal se encuentra ampliado en la Ley Federal de Competencia Económica, la cual es reglamentaria del artículo 28 constitucional. Dicha ley clasifica y sanciona las conductas anticompetitivas en su artículo 52, el cual establece:

Artículo 52: Están prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras que, en términos de esta Ley, disminuyan, dañen, impidan o condicionen de cualquier forma la libre concurrencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios”.

En el presente caso, se debe hacer una distinción de los servicios prestados por la empresa Uber y aquellos que prestan los taxistas para determinar si existe o no competencia desleal en los mismos. La regulación de los servicios brindados por los taxistas se encuentra en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en caso de prestar servicios en caminos federales, y por la Ley de Movilidad, en caso de prestar sus servicios dentro de la Ciudad de México. En ambos casos, se requiere de una autorización otorgada por el Estado para prestar dicho servicio. Para el caso del autotransporte federal, se requiere de un permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y transportes. Por otra parte, los prestadores del servicio de transporte público individual de pasajeros en la Ciudad de México requieren de una concesión para poder prestar dicho servicio. Además, tanto la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, como la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establecen reglas que tiene como finalidad un control respecto de las tarifas cobradas por el servicio de transporte.

rfo8e6ie6jt3efwyosne.jpgLos servicios prestados por la empresa Uber no han logrado ser catalogados dentro del ordenamiento jurídico. Como consecuencia, dichos servicios no se ha sujetado a la regulación de los servicios de transporte público particular. Ante este vacío legal, la empresa Uber ha podido operar sin necesidad de una autorización especial por parte del Estado y sin un control respecto de sus tarifas. Estas condiciones no sólo afectan a sus competidores, además afectan a la misma clientela. Un ejemplo de  las acciones ocasionadas por la falta de regulación de este tipo de servicios son las tarifas dinámicas que estableció Uber hace unos días en la Ciudad de México[2], lo cual constituyó una práctica monopólica absoluta sancionada por el artículo 53 fracción I de la Ley Federal de Competencia Económica[3].

Sin duda, los servicios de transporte brindados por la empresa son innovadores y ofrecen una gran satisfacción para sus usuarios. Sin embargo, es necesario que dichos servicios sean definidos y regulados claramente por el Derecho. Además, en caso de determinarse que dichos servicios constituyen un servicio de transporte público particular, se debe sujetar a la empresa a las mismas reglas de sus competidores. Esto debe realizarse para proteger a los demás competidores, así como a los usuarios del servicio. De no hacerlo, se fomentaría la competencia desleal entre competidores y las prácticas monopólicas en contra de los consumidores con todas las fallas de mercado que se generarían como consecuencia.

Bibliografía

Velandia, Mauricio, “Derecho de la competencia y del consumo”, segunda edición Universidad Externado, Colombia, 2011

Cortázar Mora, Javier, “Curso de Derecho de la Competencia”, primera edición, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas: Editorial Temis, Bogotá, 2011

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Código de Comercio

Ley Federal de Competencia Económica

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Ley de Movilidad de la Ciudad de México

[1] Velandia, Mauricio, “Derecho de la competencia y del consumo”, segunda edición Universidad Externado, Colombia, 2011. P. 49

[2] Durante la primera semana de marzo del año 2016, como consecuencia de un programa de contingencia ambiental en la Ciudad de México, se dio un aumento en la demanda de los servicios de Uber. Ante esta situación, la empresa decidió establecer tarifas dinámicas, es decir tarifas que se incrementaban en lugares donde existía una mayor demanda del servicio. De esta forma, se sujetaron las tarifas a las reglas de la oferta y la demanda

[3] Artículo 53. Se consideran ilícitas las prácticas monopólicas absolutas, consistentes en los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre Agentes Económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de las siguientes:

  1. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados
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