México y el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio

Por Carlos Rafael Nogueira Marmolejo

En diciembre de 2013, durante las negociaciones que se llevaron a cabo durante la Conferencia Ministerial de Bali, de la Organización Mundial del Comercio, surgió el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. Este acuerdo tiene la finalidad de agilizar el movimiento, el levante y el despacho de mercancías en aduanas. Además, establece medidas para mejorar la cooperación entre autoridades aduaneras y otras autoridades relacionadas a los procedimientos aduaneros, tal y como lo señala la página electrónica de la Organización Mundial del Comercio.

ago-secretaria-1213060Todo Estado Miembro de la Organización Mundial del Comercio, por el sólo hecho de ser miembro de esta organización, debe adecuar sus normas jurídicas internas para que éstas sean compatibles con las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio. Esto se debe a que el sistema de normas jurídicas pertenecientes a la Organización Mundial del Comercio son como cualquier otro sistema jurídico interno de los Estados y por ende necesitan tener coherencia. Es decir, coherencia entre las normas internacionales de comercio y las normas jurídicas de los Estados Miembros.

Como en todo sistema jurídico, sería contrario a la lógica jurídica que existan disposiciones que, para un mismo hecho, en las mismas circunstancias, sean contradictorias. Este es el motivo por el cual la Organización Mundial del Comercio solicita a sus Miembros a modificar sus leyes internas, así las normas jurídicas de la organización y las normas jurídicas de los Miembros no serían contradictorias y por ende tendría coherencia el sistema.

México es miembro de la Organización Mundial del Comercio desde 1986, por lo que debe modificar toda ley interna que sea incompatible para así cumplir las obligaciones que adquirió ante la Organización Mundial del Comercio.

Respecto del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, existen disposiciones en la legislación mexicana que deben ser modificadas para que éstas estén conforme al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio:

Entre las disposiciones que debe modificar México se encuentran las siguientes:

Resoluciones Anticipadas

El artículo 3 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio establece:

  1. Cada Miembro emitirá, en un plazo razonable y determinado, una resolución anticipada para el solicitante que haya presentado una solicitud escrita que contenga toda la información necesaria. Si un Miembro se niega a emitir una resolución anticipada, lo notificará al solicitante por escrito y sin demora, indicando los hechos pertinentes y el fundamento de su decisión.

Como se puede notar, el artículo obliga a los países Miembro a emitir una resolución anticipada[1] a todo aquel que le haya presentado una solicitud, por escrito que contenga información necesaria y, en caso de negarle la información, le notificará al solicitante.

141212ca12e17c7med.jpgRespecto a la obligación de informar al solicitante al negar la resolución anticipada, existe una incompatibilidad entre el Acuerdo y la legislación mexicana. México contempla la “negativa ficta” en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación. El artículo señala que las autoridades mexicanas no están obligadas a notificar al solicitante en caso de negarse a brindarle información respecto a un determinado asunto, en este caso la resolución anticipada, incluso, el solicitante debe considerar que le fue negada cuando existe silencio por parte de la autoridad.

La solicitud anticipada también contempla el brindar información respecto al cómo México considera que un bien proviene de determinado lugar mediante las reglas de origen.

Respecto a la obligación por parte de autoridades aduaneras en este ámbito, ningún artículo dentro del sistema jurídico mexicano contempla esta obligación. Los Tratados de Libre Comercio firmados por México son los que contemplan esta obligación. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en los artículos 509 y 510 obligan a las autoridades mexicanas a emitir resoluciones anticipadas, pero, claro está, que México sólo está obligado a emitir las resoluciones anticipadas ante los Estados Unidos de América y Canadá.

El artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros, permite otorgar beneficios a determinados países, y no a todos los Miembros de la Organización Mundial del Comercio siempre y cuando tengan un acuerdo que permita liberalizar en mayor medida el comercio, como lo son los Tratados de Libre Comercio. Sin embargo, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio es parte de la Organización Mundial del Comercio, así que México tendría que extender el beneficio de brindar información acerca de reglas de origen a todos los Miembros parte de la Organización Mundial del Comercio.

Otra obligación que señala el Acuerdo, la cual, en la legislación mexicana, no es obligatoria a las autoridades, la contempla el artículo 3(4), éste señala:

  1. Cuando el Miembro revoque, modifique o invalide la resolución anticipada, lo notificará al solicitante por escrito indicando los hechos pertinentes y el fundamento de su decisión. Un Miembro solo podrá revocar, modificar o invalidar resoluciones anticipadas con efecto retroactivo cuando la resolución se haya basado en información incompleta, incorrecta, falsa o engañosa.

Entonces, el artículo obliga a los Miembros a notificar a los solicitantes de la resolución anticipada cuando revoque, invalide o modifique la resolución anticipada, pero, como se dijo antes, ninguna norma jurídica en México obliga a las autoridades cuando decidan revocar, modificar o invalidar el contenido de la resolución anticipada.

comercio-exterior-mexicoMéxico aún no aceptado el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, sin embargo no cumpliría con todas las obligaciones que le impone el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. De aceptar obligarse ante la Organización Mundial del Comercio, y por tanto, con los demás Miembros de la organización, deberá modificar los artículos antes señalados.

Lo anterior, es decir, la modificación de las normas jurídicas mexicanas, tendría como objetivo el permitir que el sistema de normas de la Organización Mundial del Comercio sea lógico. No podríamos hablar de un sistema lógico si dentro de él existen normas que se contradicen, unas obligando una determinada conducta, en este caso sería el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, y otras no obligando la misma conducta, en este caso, la legislación mexicana.

[1] El artículo 3.9 señala en su el inciso a) que se debe entender por resolución anticipada una decisión escrita que un Miembro facilita al solicitante antes de la importación de la mercancía abarcada por la solicitud, en la que se establece el trato que el Miembro concederá a la mercancía en el momento de la importación [respecto a la clasificación arancelaria y el origen de la mercancía].

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