La no constituyente de la Ciudad de México

Por Julia Álvarez-Icaza Ramirez y José Ángel Ruelas Silva

ciudad-mx.jpgEl 26 de enero pasado fue ratificada y promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto la  Reforma Política de la Ciudad de México, reforma que implica relevantes cambios en la manera en la que conocemos al ex Distrito Federal hasta el día de hoy, entre los que destacan: el nombre oficial cambia de Distrito Federal a Ciudad de México, las jefaturas delegaciones se convertirán en alcaldías, que tendrán sus cabildos con diez miembros cada una de ellas, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal será ahora un Congreso local que tendrá la facultad de aprobar o rechazar reformas constitucionales, como los congresos locales entre otras.

Sin embargo, hay un cambio que resulta el más importante de todos ellos, el que hubiera implicado que el 5 de junio de este año se viviera un acontecimiento ciudadano histórico jurídica y socialmente hablando en la (ahora) Ciudad de México. Se trata de la idea de que la Ciudad de México tenga su propia Constitución, que deberá estar lista el 31 de enero de 2017.

La idea de que se hubiese redactado por primera vez en la historia de esta Ciudad el texto fundacional emanado de la voluntad popular que le daría vida y cuerpo, tan pronto nació, murió.

Las críticas entorno a la Reforma Política de la Ciudad de México son muchas y muy variadas, unos por ejemplo, ni siquiera están de acuerdo con se redacte una nueva constitución, se preguntan: ¿para qué una nueva constitución si no podemos cumplir con las leyes que tenemos? ¿Cuál es el sentido de querer redactar un nuevo documento jurídico? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás? ¿Realmente los problemas de la Ciudad se resolverían redactando una nueva Constitución? ¿Este cambio jurídico y social significa la conformación de un nuevo Estado? ¿y si no es Estado? ¿Qué naturaleza tendrá la Ciudad de México?

imagesY aunque son muchas las interrogantes respecto a la naturaleza de la propia creación de una nueva Constitución para la Ciudad de México, en este texto no nos ocuparemos de la importancia de la redacción de una nueva Constitución, sino que es un texto en donde se pretende abordar la contradicción misma que existe en la iniciativa de hacer algo que nació muerto, al menos, democráticamente hablando.

La palabra constituyente o constituir proviene del latín, en donde se junta el prefijo “con” con la palabra “estatuarse” o “establecerse”, lo cual quiere decir aquello que compone, fija o forma algo. De ahí que el poder constituyente se entiende como aquel que le corresponde a la soberanía popular para organizarse, dictando y reformando Constituciones1, también se reconoce como aquel que tiene la facultad de dictar el orden jurídico de su territorio, de imponer normas fundamentales, así como el establecimiento de una organización política fundacional. El proceso constituyente es la pieza fundamental de la democracia. De esta forma una asamblea constituyente es la que se crea ad hoc para modificar o crear una Constitución, en un momento determinado y en un territorio determinado.

Los poderes constituyentes son únicos, creadores, ilimitados, instantáneos y originarios, mientras que los poderes constituidos son varios, creados, limitados, permanentes y derivados.

De ahí que la idea de “constituir” una constitución para esta ciudad generó gran revuelo en dos sentidos: por un lado en la lógica de que aparentemente vivimos en una sociedad medianamente democrática en donde la redacción de una Constitución significa generar debate entre la pluralidad política existente en esta ciudad y  en donde se generaría un espacio de confluencia de disensos y consensos entorno a los intereses, necesidades y aspiraciones del pueblo de la ciudad y  por otro lado al tratarse de la ciudad capital del país y de una de las ciudades más grandes del mundo, habría gran expectativa. Aunado a lo anterior en los últimos años se habrían conquistado en mayor o medida derechos catalogados como “progresistas”, lo cual genera más preocupación en cuanto a lo que se puede perder o ganar en esta disputa.

Sin embargo, la idea de la constituyente “fundacional” emanada de la soberanía del pueblo, en donde los ciudadanos viviendo en un país democrático elegiríamos a quienes representarían nuestros intereses capitalinos nació y murió en el mismo momento.

Y lo explicamos a continuación:

La propuesta contiene un método de conformación del constituyente que es una mezcla entre un proceso electivo universal y un proceso selectivo particular: la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se integrará por 100 diputaciones constituyentes,  60 de los cuales serán elegidos mediante proceso electoral extraordinario en una sola lista o circunscripción para todo el Distrito Federal, mediante el principio de representación proporcional. Los 40 restantes serán elegidos de la manera siguiente: 14 por la Cámara de Diputados, 14 por la Cámara de Senadores, 6 por el Presidente de la República y 6 por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Por mandato Constitucional, la organización de esta elección está a cargo del INE.

De lo anterior se desprende con una simple lógica matemática, que apenas el 60% de los diputados constituyentes emanarían de la voluntad popular, es decir, de la jornada electoral que se vivirán el 5 de junio en esta ciudad, el resto serán designados por “dedazo” del ejecutivo, tanto federal como local y por decisión interna de dos órganos del Estado que se integran por representantes de todos los Estados de la República. Es decir serán senadores y diputados de Durango, Tabasco, Michoacán, Yucatán quienes elegirán a las personas que puedan velar por lo conveniente para la ciudadanía perteneciente a una ciudad que (según cada caso concreto) posiblemente no conocen bien ni su distribución geográfica, ni sus problemas  y menos aún la demanda de la ciudadanía local.

0725Independencia4-e1449548740238-960x500.jpgEsta manera de integración supone la influencia de los poderes constituidos en el poder constituyente, puesto que de ellos dependerá su participación en dicho poder (a razón de 40% del total), mecanismo que permitiría a los actuales poderes constituidos asumir una parte significativa del poder constituyente, sin haber sido elegidos para ello.

Esta idea es totalmente contraria a la que dice que una constituyente para la ciudad capital debería asumir la originaria voluntad popular, los intereses, necesidades y aspiraciones del pueblo de la Ciudad de México.

Y debe asumir ese fundamental rol al tratarse de un momento fundacional y sobreponerse a los consensos que le dan origen y a las expectativas de sus predecesores: una estrategia que le haga partir de cero para arribar a un momento cumbre en la nueva historia constitucional de la Ciudad de México.

Sin embargo, la conformación del constituyente ha sido problemática porque concentra y  maximiza todos los problemas y pendientes de la democracia mexicana. Si ya actualmente venimos con una serie de problemas de índole electoral para renovar periódicamente el poder público, con mayor razón debemos ser cuidadosos para no trasplantar esos problemas y otros aún implícitos al objetivo de contar con un constituyente, que es, como lo sabemos por definición, de mayor alcance y significación a los poderes constituidos.

Ahora, si a la serie de inconformidades que existen en torno a este proceso le sumamos cuánto nos costará como ciudadanía la conformación de la Asamblea Constituyente, es decir, el proceso electoral: la campaña y la jornada electoral en sí misma, cobra aún más relevancia la inconformidad del proceso electoral que se está viviendo.

Algunos críticos opinan que para evitar que la discusión del proceso constituyente se puede ensimismar y girar todo el tiempo alrededor de esta dificultad, en la elección y designación de los constituyentes y dado que los tiempos procedimentales ya pasaron para poder haber hecho algo en la conformación de este constituyente, hay que echar una mirada a las opciones que pueden fortalecer el proceso democrático y la erección de un poder constituyente fuerte.

Y esta opción se reduce sobre todo en los mecanismos de democracia directa, como el referéndum, mecanismo que permitiría hacer más sólida la labor del constituyente, y que podría medianamente legitimar un proceso que nació muerto democráticamente hablando.

El referéndum, junto con otras formas de participación ciudadana como el plebiscito y la iniciativa ciudadana, es parte de los derechos políticos y como tal es reconocido como un derecho humano más, tanto nacional como internacionalmente pues normativa de derechos humanos señala que es derecho del pueblo participar directamente en las decisiones políticas fundamentales.

Conforme al artículo 1º de la constitución, y en específico en el artículo 35, se reconoce el derecho que tienen los ciudadanos de participar en la dirección de los asuntos públicos del país, tal y como lo establecen la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y demás instrumentos internacionales, de los que el Estado mexicano forma parte.

En otros momentos y en otros países se han dado ejercicios de referéndum, como han sido los últimos procesos constitucionales en España y en países de Latinoamérica, que durante la última parte del siglo pasado tuvieron procesos constituyentes de alta significación para las vidas políticas en esas naciones.

El referéndum, con independencia de los consensos políticos más amplios posibles, sería un ejercicio inédito en la historia nacional, un ejercicio que por primera vez permitiría tener un proceso constituyente, para darle carta constitucional a la sede de los poderes federales y a la capital del país, y cuya validación dependiera en definitiva de la ciudadanía de la Ciudad de México, quien ostenta el auténtico poder constituyente.

El referéndum permitiría acercar a la clase política y a la ciudadanía. Lejos de lo que se pudiera pensar, un proceso constituyente que concluyera con un referéndum, estrecharía a quienes ejercen el mandato popular con la ciudadanía, pues tendría que haber algún tipo de identificación entre lo que se aprueba y la eficacia de la norma fundante.

Por ello, una vez que la Asamblea Constituyente termine su proyecto de texto constitucional, éste tendría que ser sometido en el momento oportuno a aprobación del pueblo, mediante un proceso organizado por las autoridades electorales, y éste sería el único modo que el proceso de elaboración de la Constitución para la Ciudad de México estará medianamente legitimado.

Y aunque apoyamos la postura de MORENA de salir a las urnas a pesar de todo, a votar por los 60 diputados constituyente que nos dejaron para no permitir que nos quiten más derechos, a hacer la lucha para que no reduzcan derechos, a defender a capa y a espada los derechos que se han ganado en esta Ciudad,  creemos indispensable y la única vía para más o menos legitimar este proceso la elaboración de un referéndum para saber si la ciudadanía está de acuerdo en la Constitución que se elaborará.

 

 

 

 

 

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