Presos políticos, caso Atenco, Violación de sus Derechos Humanos

 

Por Julia Álvarez-Icaza Ramírez y José  Ángel Ruelas Silva

La situación de violaciones de los derechos humanos cometidos en San Salvador Atenco por el Estado mexicano el 3 y 4 de mayo de 2006 no ha terminado. Doce personas fueron privados de la libertad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó por fin a Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández, Héctor Galindo Gochicoa, Óscar Hernández Pacheco, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Julio César Espinosa Ramos, Juan Carlos Estrada Cruces, Edgar Eduardo Morales Reyes, Jorge Alberto Ordoñez Romero, Román Adán Ordoñez Romero, Narciso Arellano Hernández y Alejandro Pilón Zacate; es decir, los 12 quejosos relacionados con los hechos ocurridos el 8 de febrero, 6 de abril, 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, y ordenó su inmediata libertad.

ATENCO-1No se puede hablar todavía de justicia completa, pues se trata de cuatro años en prisión, incluso en un reclusorio de alta seguridad, como es el caso de los tres primeros, con procesos irregulares y violatorios de los derechos humanos.

Sin embargo, debemos como ciudadanos dar la bienvenida a esta resolución, aunque sea, ya como lo mencionó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, “una mala muestra de la impartición de justicia en el país”.

Notros destacamos que el caso de Atenco es paradigmático por diversas razones, entre ellas que se trata de un caso en el que se criminalizó la protesta social, aunque Enrique Peña Nieto el actual presidente de la República Mexicana diga lo contrario, y en el que se utilizó el sistema de justicia con apego a derecho, con el fin de castigar a los integrantes de un movimiento social los cuales luchaban por sus derechos.

atencoEsto después  confirmó la Corte y que fue más que evidente en lo que expresó el ministro Juan Silva Meza, quien aseguró que las sentencias de los jueces mexiquenses dejan ver una forma “maquilladamente o políticamente institucional de criminalizar la protesta social; como una forma de castigar ser oposición”.

Esto fue algo muy notorio, y se pudo percibir desde que se dio lectura del delito que se les imputaba, el de “secuestro equiparado”, propio de regímenes totalitarios, con el que se equipara a integrantes de movimientos y luchadores sociales con delincuentes secuestradores, y se les imponen las mismas penas, incluso mayores.

Debemos recordar que Ignacio del Valle tenía una sentencia de 112 años, lo que resulta no sólo inhumano, sino también ridículo si se la compara con los 20 años de cárcel que recibió en su momento el Chapo Guzmán. (Claro, estando coludidos en este sexenio actual, así como con el mismo presidente de la República). Y es que no podemos explicar tal comportamiento del Estado ni hacer un análisis de la problemática si no tenemos en cuenta que en mayo de 2006, el gobierno del Estado de México versus contra el pueblo de Atenco por oponerse al injusto proyecto de un nuevo aeropuerto para la ciudad de México, claramente se utilizó el aparato del Estado para castigar a los presos de Atenco, la Corte encontró que la autoridad partió de premisas falsas para motivar sus sentencias, como otorgar valor probatorio pleno a pruebas que no sólo eran insuficientes sino ilícitas, ridículas, y exageradas, así pudieron establecer responsabilidad a algunos de los presos por el simple hecho de encontrarse presentes en el lugar de los hechos, o simplemente por ser parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

imagesLas violaciones al debido proceso y a otros derechos humanos fundamentales de los presos de Atenco llegaron a extremos escandalosos desde el momento de la detención. Los cuerpos policiacos y los agentes ministeriales hicieron gala de abusos y prácticas ilegales, y en la mayor parte de los casos, las detenciones se dieron de manera arbitraria, allanando domicilios, o en forma masiva y sin que se les pudiera determinar alguna conducta delictiva a los detenidos.

Algo que debe rescatarse del caso Atenco es la solidaridad y movilización social que suscitó para lograr la liberación de los presos. Organizaciones de derechos humanos, miembros de la academia, artistas, movimientos sociales y todo tipo de personajes nacionales y extranjeros trabajaron en conjunto y dieron un valioso apoyo solidario e incondicional. Esto incluye a 30 mil personas que firmaron un documento en el que demandaron su libertad. Frente a una ciudadanía consciente que exige que se respeten los derechos fundamentales de las personas, no se podía esperar otra cosa que una resolución apegada al derecho, libre ya de manipulaciones políticas.

El caso Atenco aún no termina. En su momento, en una decisión dividida, la Corte decidió no señalar como responsables al gobernador ni al procurador de la entidad, ni al comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las acciones y la forma en las que se dieron las cosas en mayo de 2006 sólo pudieron llevarse a cabo con la anuencia de los altos mandos del gobierno mexiquense. Lo que nos lleva también a concluir que las sentencias del juez de Primera Instancia y de la Sala que las revisó fueron también parciales, como también lo señala la Suprema Corte de Justicia al afirmar que las sentencias condenatorias se habían emitido.

Como dijo el ministro Silva Meza, el caso Atenco evidenció “la forma en la que el Estado trata la libertad de asociación y expresión de los líderes sociales sentenciados”.

La justicia no llega completa con la libertad de los presos de Atenco, es un paso importantísimo y un triunfo de quienes trabajaron arduamente a favor de ello en la defensa jurídica, la solidaridad y la movilización social. Sin embargo, debemos exigir que se resuelvan los puntos pendientes, si es que no nos queremos conformar con una justicia a medias.

Falta ver qué pasará con el cúmulo de anomalías detectadas, la impunidad que sigue rodeando a quienes hicieron un uso indebido de la fuerza, asesinaron, atacaron sexualmente a mujeres, alteraron pruebas y negaron los derechos a la defensa y a un juicio justo de los acusados así como las responsabilidades de los actores intelectuales de estas atrocidades.

 

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