El sistema jurídico del Reino Unido

Por Mitzi Gabriela Alvarado Peregrino

En el siglo XVIII Inglaterra constituía, junto con Holanda, una isla dentro de la Europa absolutista. La revolución del siglo XVII había dado lugar a una monarquía de poder limitado. En primer lugar, con el reconocimiento del Habeas Corpus de 1679, fundamentó el principio de la libertad individual, que garantizaba que nadie podría ser detenido e inculpado sin ser puesto a disposición de un juez a las 74 horas de su detención, quien debería notificarle la causa de la misma y poner a su disposición un abogado. Se ponía freno así a la arbitrariedad del poder y se institucionalizaba una justicia independiente, que garantizaba la libertad de los ciudadanos.

article-0-01D69EEE00000578-749_233x381   En el año 1689, tras acabar con la monarquía absoluta de los Estuardo, el Parlamento inglés obligó al nuevo monarca, Guillermo de Orange, a jurar la Declaración de Derechos (The Bill of Rights), en la cual se limitaba los poderes del monarca y se sometía algunas de sus decisiones al Parlamento.

   Toda una serie de medidas, a lo largo del siglo XVIII, fueron precisando los poderes del Parlamento frente al monarca, aunque éste conservó muchas atribuciones: designaba ministros, podía gobernar sin el apoyo del Parlamento y, hasta finales de siglo, el gobierno no fue plenamente responsable ante el Parlamento.

Por tanto, no se puede hablar de régimen parlamentario, es decir, de un sistema en el que el gobierno no puede ejercer sus poderes sin el apoyo de la mayoría del Parlamento, compuesto por diputados elegidos. Pero a pesar de ello Inglaterra fue el primer país en el que no existió monarquía absoluta: el soberano debía tener en cuenta la voluntad nacional que se expresaba en el Parlamento y los poderes ejecutivo y legislativo se habían separado.

   Asimismo, un tercer poder, la justicia, era independiente a los ciudadanos tenían garantizada la defensa de su libertad individual. Además, poco a poco una serie de reformas fueron ampliando los poderes del Parlamento y sometiendo al gobierno a su control.

   Sin embargo, el régimen inglés no era en absoluto una democracia: sólo una minoría (grandes propietarios, burgueses, rentistas) tenía derecho de voto (15% de la población), los habitantes de las colonias no estaban representados y la esclavitud continuaba siendo aceptada. A pesar de ello, el control del poder absoluto del monarca y la división de poderes inglesa constituyeron un ejemplo y una inspiración para los filósofos franceses.

   En el derecho británico contemporáneo existen tres elementos en sentido muy amplio cuyo estudio nos permite comprender el régimen constitucional británico, que son: la corana, el gabinete y el parlamento. Las atribuciones de la corona hoy en día son muy reducidas, al igual que su fuerza en términos de gobierno. Los titulares de la corana la asumen a título hereditario, en el sentido de que la tradición dice que debe haber un grado de parentesco, estando en la misma capacidad hombres y mujeres. El rey debe apegarse a la regla general que prevalece desde el siglo XIX: “el derecho a ser consultado, el derecho de estimular y el derecho a advertir los peligros inherentes a toda decisión.

   En la actualidad es tal la fuerza del parlamento, que incluso puede cambiar títulos del soberano y el orden mismo de la sucesión, pero después de la expedición del estatuto de Westminster de 1931, una decisión de este género debe ser tomada de acuerdo con los parlamentos de los estados de la Commonwealth que todavía reconocen al soberano inglés como su jefe de estado.

   El Estatuto de Westminster del 11 de diciembre de 1931, que concedió a alagunas colonias la condición de “dominios” de la corona inglesa, denominó al conjunto de ellas “British Commonwealth Nations”.

   En la reunión de los primero ministros celebrada el 27 de abril de 1949 se acordó tener al rey como jefe simbólico de esa asociación libre de Estados.

   Inglaterra, como parte del Reino Unido pertenece al sistema jurídico de la Commonwealth. La Commonwealth es la denominación por la que es conocida la Commonwealth of Nations que, entre 1931 y 1946 se llamó British Commonwealth, asociación de diversas entidades políticas que, de forma voluntaria, ofrecen una simbólica o real fidelidad a la corona británica.

   El término Commonwealth of Nations fue empleado oficialmente por primera vez en la Conferencia Imperial de 1926 para designar al “grupo de comunidades autogobernadas que forman Gran Bretaña y sus dominios”

   La Commonwealth es fundamentalmente una comunidad económica y comercial. No es una entidad con personalidad jurídica internacional.

Supreme-Court-Law-05_opt   Los países miembros de ella han formado un espacio económico especial, utilizan la libra esterlina como moneda común y de reserva, forman parte de la llamada “área de la esterlina” y rigen su intercambio recíproco por normas peculiares.

   El Foreign and Commonwealth Office, con sede en Londres, es el órgano mediante el cual se establecen las relaciones entre el Reino Unido y el resto de los países de la Commonwealth, sin pasar por los ministerios de Asuntos Exteriores de cada Estado.

   La monarquía constitucional se divide, a su vez, en constitucional pura y parlamentaria. La monarquía constitucional pura es aquella en la que el soberano nombra y destituye personalmente a sus ministros, sin tener en cuenta la voluntad del Parlamento. En otras palabras: los ministros sólo deben responder de su actuación ante el rey y no ante el Parlamento, que se limita a aprobar las leyes.

   En la monarquía parlamentaria, en cambio, los ministros son nombrados por el soberano después de haber conseguido la confianza del Parlamento; y, si pierden esta confianza, es decir, si el Parlamento lo cree necesario, el rey tiene la obligación de sustituirlos. En la monarquía parlamentaria, por tanto, los ministros deben responder de su actuación no sólo ante el monarca, sino también, y sobre todo, ante el Parlamento (que representa al pueblo).

   Inglaterra cuenta con un Gobierno parlamentario, basado en el «sistema Westminster», el cual se asienta en dos pilares: la incontestable convicción de que el Parlamento es soberano y la apuesta por un fuerte «bipartidismo, donde el «Premier» tiene un papel destacado, como líder del Gabinete.

   El puesto del «Primer Ministro» (Jefe del Ejecutivo británico) lo ocupa el miembro del Parlamento que, tras la celebración de las correspondientes elecciones generales, obtiene la mayoría de votos en la Cámara de los Comunes. El ordenamiento constitucional británico asigna su nombramiento al Monarca.

   La convención constitucional señala aquí que quien ostente la «premiership» del Gobierno sea quien detente la «leadership» del partido mayoritario en la Cámara. Por norma, como consecuencia de un sistema bipartidista que prima las mayorías «first-past-the post», el líder del partido político con más escaños en las elecciones generales, será el que encabece las listas del Partido Conservador, del Partido Laborista o, en su caso, del Partido Liberal.

   El sistema bipartidista se basa sobre la función determinante de dos partidos que se alternan en el poder, en el ejercicio de la «premiership». No limita, pues, a dos el número de partidos políticos con representación parlamentaria. En consonancia con este fuerte bipartidismo, al líder de la Oposición se le asigna el papel institucional de Presidente del «Shadow Cabinet» (Gobierno en la sombra). Un gabinete, homólogo del realmente existente, con potenciales responsabilidades de gobierno.

   Al Premier y sus Ministros le corresponde el ejercicio el Poder Ejecutivo del Estado. Aunque nombrados oficialmente por la Reina, es el Primer Ministro quien elige, de facto, a los miembros que van a componer su Gabinete, respetando el Monarca dicha elección.

   El Parlamento de Westminster, Poder Legislativo del Estado, está compuesto por dos Cámaras: la Cámara de los Comunes, como Cámara Baja, y la Cámara de los Lores, como Cámara Alta. Ambas se ocupan de controlar la actuación del Ejecutivo, así como de discutir los proyectos de ley y revisar las piezas legislativas remitidas desde el Gobierno.

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Jurisdicción Constitucional

El principio básico de la Constitución del Reino Unido es la «soberanía del Parlamento» de Westminster, que conlleva, en un sistema como el del «rule of law», que éste tenga el derecho de aprobar o derogar cualquier ley y que estas leyes sean judicialmente inmunes y obliguen, por igual, a todos los sujetos que conforman el Estado.

Este «rule of law» lo han de garantizar los propios órganos judiciales. En este sentido, los Tribunales británicos, atendiendo a la voluntad “objetiva” de la Ley, a su literalidad, controlan la actuación de la Administración. No obstante, éste es un control de legalidad formal, nunca de fondo. Los Jueces analizan, a través de un procedimiento adversal, si la Administración ha actuado más allá de los poderes conferidos por la Ley («ultra vires»), pero nunca llevan a cabo un control político (que pudiera poner en cuestión la labor del Parlamento).

british-law_645x400Propiamente, no existe una jurisdicción constitucional en el Reino Unido. Aunque, como veremos, la «Supreme Court» lleva a cabo funciones que podríamos calificar de constitucionales, resolviendo, por ejemplo, los conflictos de competencia entre las diferentes naciones que conforman el Reino Unido, lo cierto es que no podemos hablar de una jurisdicción constitucional como tal, desde el momento en que se confirma la supremacía del Parlamento aún en las materias que entran en contradicción con el núcleo duro de la Constitución del Estado.

La «Supreme Court» es la última instancia de este Estado en una amalgama de asuntos que afectan al Derecho ingles, galés, escocés y norirlandés. No sólo se ocupa de abordar cuestiones de índole constitucional, también mercantiles, civiles o penales. Este Tribunal Supremo, integrado por doce Magistrados, se enfrenta en su labor a una Constitución no escrita y al sacrosanto principio de la soberanía del Parlamento, que le impide cuestionar la constitucionalidad de las normas que aprueba Westminster. La «Supreme Court» asume las funciones que antes recaían en la Cámara de los Lores, ejercitadas por los «Lords of Appeal in Ordinary» y se ocupa –algo antes en manos del «Judicial Committee of the Privy Council»– de enjuiciar el ejercicio de las competencias devolved por parte de los Gobiernos y Parlamentos nacionales de Gales, Escocia e Irlanda del Norte. La mayoría de los asuntos de índole constitucional que enjuicia este Tribunal giran en torno al cumplimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de acuerdo a su transposición por la «Human Rights Act» de 1998.

 

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