¿Urge un Código Procesal Agrario?

Por Isela Barrios, Belen Hernández, José Palma, Piedad Rivera, Micaela Roldan

La materia agraria en México ha sido relegada a un segundo plano desde hace varios años atrás, a pesar de que en México se cuentan con las características físicas que se necesitan para ser un territorio agrícola, el gobierno ha decidido dejar de apoyar al campesino mexicano para que siembre, cultive, crie, entre otras actividades agrícolas y ganaderas.

imagesSobre la materia agraria existe una gran polémica a partir de que en 1915 tiene lugar la Reforma Agraria (producto de la Revolución Mexicana), la cual establece el reparto agrario, lo que implica devolver las tierras a los campesinos originarios propietarios de las mismas y que se habían visto privados de ellas por parte en principio de españoles y en un segundo momento del propio gobierno mexicano, quien no había regulado en esta materia, permitiendo así el acaparamiento de grandes extensiones de tierras en pocas manos, es decir los latifundios eran permitidos.

No obstante, en 1992, el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, tomó la decisión de detener el reparto agrario a los campesinos; ya que el panorama de esa época era que el 50% del territorio (terrestre) mexicano estaba en manos de los campesinos, y de esa cantidad solo el 15% era productivo.

Con base en la Reforma Agraria de 1992, nacen distintos ordenamientos jurídicos que se encargarán de reglamentar y regular el campo en México, entre ellos se encuentran: la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, El Reglamento de los Tribunales Agrarios y, en efecto, la Ley Agraria.

images-1Aunado a ello, Salinas determina la creación de los Tribunales Agrarios, los cuales son órganos constitucionales autónomos de tipo jurisdiccional e incluso actualmente gozan de plena autonomía para dictar sus fallos. Uno de los principales fundadores de estos tribunales fue el señor jurista Sergio García Ramírez. La expedición de estas leyes, así como de estos órganos jurisdiccionales administradores de justicia agraria, significaba un gran avance en esta materia, pues se había creado un regazo en cuanto a la resolución de los expedientes que solicitaban los campesinos referentes al reparto de tierras.

Sin embargo, en cuanto al Derecho agrario sustantivo necesita de un Derecho Procesal especializado en su materia, no se tiene en México, a pesar del gran número de demandas y exigencias agrarias con que el país cuenta, un Código de Procedimientos en materia agraria.

Al resolver los asuntos planteados, se debe aplicar de manera supletoria el Código Federal Civil, Código Mercantil y el Código Federal de Procedimientos Civiles, los cuales se aplican supletoriamente también en otras materias, pero como segundo recurso.

Estas leyes pertenecen al ámbito del derecho privado, y la materia agraria corresponde al ámbito del derecho social, es necesario tener una ley que esté expresamente dirigida al ámbito sobre el que se va a resolver.

Existen distintos países en Sudamérica que cuentan con su propio Código Procesal Agrario, tales son Costa Rica y Colombia.

El autor Lorenzo Martínez Benítez propone la creación de un Código Procesal Agrario, argumentando que en la etapa demostrativa, es decir en la etapa probatoria del proceso agrario no opera el principio procesal de inmediatez, pues las dependencias a las cuales se les solicita un documento para presentar en la etapa probatoria, se dilatan demasiado tiempo para expedirlo, retrasando el proceso. Lo que genera controversia, pues el procedimiento es de carácter sumario, e incluso se llega a señalar sumarísimo, tal y como lo menciona la exposición de motivos de la Ley Agraria y lo que se desprende de los artículos 185 y 186 de la misma ley, que a la letra dicen los siguiente:

Artículo 185.- El tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones:

  1. Expondrán oralmente sus pretensiones por su orden, el actor su demanda y el demandado su contestación y ofrecerán las pruebas que estimen conducentes a su defensa y presentarán a los testigos y peritos que pretendan sean oídos;
  2. Las partes se pueden hacer mutuamente las preguntas que quieran, interrogar los testigos y peritos y, en general, presentar todas las pruebas que se puedan rendir desde luego;

campesinoarandoIII. Todas las acciones y excepciones o defensas se harán valer en el acto mismo de la audiencia, sin sustanciar artículos o incidentes de previo y especial pronunciamiento. Si de lo que expongan las partes resultare demostrada la procedencia de una excepción dilatoria, el tribunal lo declarará así desde luego y dará por terminada la audiencia;

  1. El magistrado podrá hacer libremente las preguntas que juzgue oportunas a cuantas personas estuvieren en la audiencia, carear a las personas entre sí o con los testigos y a éstos, los unos con los otros, examinar documentos, objetos o lugares y hacerlos reconocer por peritos;
  2. Si el demandado no compareciere o se rehusara a contestar las preguntas que se le hagan, el tribunal podrá tener por ciertas las afirmaciones de la otra parte, salvo cuando se demuestre que no compareció por caso fortuito o fuerza mayor a juicio del propio tribunal; y

VI.- En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la aveniencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia. En caso contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y en seguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla.

En caso de que la audiencia no estuviere presidida por el magistrado, lo actuado en ella no producirá efecto jurídico alguno.

Artículo 186.- En el procedimiento agrario serán admisibles toda clase de pruebas, mientras no sean contrarias a la ley.

Asimismo, el tribunal podrá acordar en todo tiempo, cualquiera que sea la naturaleza del negocio, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica de estas diligencias, el tribunal obrará como estime pertinente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando siempre su igualdad.

La necesidad de un derecho adjetivo agrario surge de la ausencia en la Ley Agraria de preceptos precisos que establezcan la fijación de términos; la conducción de las partes en el proceso; el correcto ofrecimiento de las pruebas; la exacta valoración de las pruebas ofrecidas por las partes o de las recabadas de oficio por el tribunal.

Asimismo, un dato que me pareció interesante que menciono el autor es el hecho de que el servicio a los usuarios debe ser por internet, ya que el contexto en el que vivimos actualmente se caracteriza por el gran avance tecnológico, y es por ello que debemos aprovechar esa tecnología, para evitar los tramites tediosos, lentos y burocráticos. De este modo el usuario, en el Registro Agrario Nacional podría buscar, vía electrónica, la información y/o documentos que requiera para que la dependencia misma extienda la constancia o los documentos solicitados.

Par darle celeridad a los procesos agrarios, es necesario crear un Código Procesal Agrario y así, darles seguridad jurídica a las partes. Además de evitar la supletoriedad del derecho privado, siendo el Derecho Agrario una rama Social. Con ello se instauraría un procedimiento ordenado, adecuado y especifico agropecuaria.

  • Justicia contenciosa administrativa. Congreso internacional, Coordinadores; Fernández Ruiz, Jorge y, Otero Salas, Filiberto, Titulo del artículo: “Problemática que se observa en la etapa demostrativa en el proceso agrario”
  • Martínez Benítez, Lorenzo, ¿Es urgente un Código Procesal Agrario para unificar criterios?, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 2013, Serie: Doctrina Jurídica, Núm. 663, pp 623-624
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