Artículo 16 Constitucional “Orden de Aprehensión

Por Itzel Uribe Aristeo

En este presente trabajo hablaremos acerca del artículo 16 constitucional, porque considero que desde el punto de vista social, resguarda garantías que son importantes conocer para así poder defendernos de un acto de autoridad. En este solo hablaremos de la orden de aprehensión, pero si considero oportuno mencionar las otras garantías, que resguarda este artículo.

museo1.jpgDesde un puntos de vista económico el tener a un preso dentro de la cárcel implica que este consuma y por tanto que el estado invierta dinero en él, por ello es que no conviene tener tantos presos dentro de la cárcel y en vez de solo tenerlos ahí comenzar a implementar una mejor solución.

Las reformas que ha tenido este artículo son las siguientes:

TEXTO ORIGINAL CONSTITUCION DE 1917

“Art. 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, sino por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinando que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquéllas por declaración, bajo protesta, de persona digna de   fe   o   por   otros   datos   que   hagan   probable   la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los casos de flagrante delito en que cualquiera persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata.

Solamente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial, y tratándose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo   su   más   estrecha   responsabilidad,   decretar   la detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita,   se   expresará   el   lugar   que   ha   de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposicioies (sic) fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescriptas para los cateos.”

Es interesante leer este texto puesto que se denota los valores de aquel tiempo, y el distingo de las penas que prevalecen en la actualidad, ya que ahí nos habla de una pena corporal y que era necesario para que hubiera orden de aprehensión que hubiera una declaración bajo protesta, de una persona digna de fe para poder acreditar que la persona a quien se le dictaba orden de aprehensión era culpable.

Primera reforma 3 de febrero de 1983

ARTICULO16.

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley.

En tiempo de paz ningún miembro del ejército podrá alojarse en casa de particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.

Segunda reforma 3 de septiembre de 1993

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado.

1293274-NLa autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y esta, con la misma prontitud, a la del ministerio público.

Solo en casos urgentes, cuando se tárate de delito grave así calificado y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el ministerio público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

En casos de urgencia o fragancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con reservas de ley.

Ningún indiciado podrá ser retenido por el ministerio público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso al anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal….

Tercera reforma 3 de julio de 1996

Artículo16: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionara cualquier acto que atente contra la libertad y primacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del ministerio público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente por escrito deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Las intervenciones autorizadas se ajustaran a los requisitos y limites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con estos, carecerán de todo valor probatorio…

Cuarta reforma lunes 8 de marzo de 1999

Articulo 16….

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que a ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado……

Quinta reforma 18 de junio de 2008

Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles aposesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que sea cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley yante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de La justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, algo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y primacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos dela misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que sean acatadas las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley. En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.

Sexta reforma 1 de junio de 2009

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.”

Análisis del texto constitucional

Algo importante que hay que mencionar es que en este artículo se encuentran importantes garantías como lo es en el primer párrafo del artículo el derecho de legalidad, contra actos de molestia, y satisface tres requisitos:

  1. Debe de ser un mandamiento por escrito
  2. Autoridad competente
  3. Fundamentación que debe tener el acto

Un acto de molestia es aquel acto de autoridad que restringe de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinado bienes jurídicos. El derecho de legalidad implica que las autoridades del estado solo pueden actuar como la ley les permite. En consecuencia para evitar la arbitrariedad de la autoridad al momento de emitir sus actos que vulneren la esfera jurídica del gobernado, deberá de mostrar este acto por escrito, fundar y motivar las razones de dicho acto.

Ahora bien este artículo también contempla el derecho de protección de datos personales contenido en el segundo párrafo del artículo, nos habla de arraigo, de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, la inviolabilidad del domicilio y de la orden de cateo.

Además de las mencionadas anteriormente también nos habla de la orden de aprehensión que es el tema que nos importa en este momento…

La detención se realiza por mandato social, delito y obren datos de su participación dictada por la autoridad judicial. Es decir ninguna puede ser detenida sino por mandato de autoridad judicial.

Los requisitos que debe de tener la orden de aprehensión son los siguientes:

  1. Denuncia o querella presentada ante MP
  2. Sancionada con la pena privativa de la libertad
  3. Obren datos que establecen que se ha cometido un ilícito y que existe la posibilidad de que el que cometió o participo en la comisión del delito
  4. Que lo solicite el MP

Procedimiento:

No deben de existir dilación alguna, el tiempo debe de ser el estrictamente necesario, para que la autoridad ejecutara el traslado del lugar donde se llevó acabo la aprehensión hasta el lugar donde se pondrá a disposición. Si se excede será detención arbitraria y se ´puede liberar a la persona por que no se cumplió con los requisitos del artículo 16.

También hay dos excepciones a este artículo:

Flagrancia: el momento que una persona este cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido es perseguido materialmente, cualquier autoridad podrá detenerlo poniéndolo a disposición de la autoridad más cercana. Esto lo puede hacer un policía o cualquier persona que se percate del hecho.

Debe de existir un registro de inmediato de la detención con la finalidad de evitar la arbitrariedad.

Delitos graves: cuando exista riesgo fundado de que un inculpado pueda sustraerse de la justicia, cuando sea u delito grave y cuando no se encuentre presente la autoridad judicial, por razón de la hora, lugar y circunstancia, se habla de un caso urgente, y se podrá ordenar la detención.

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

 

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