Control Difuso Constitucional y/o de Convencionalidad

Por Ulises Edgardo Ruiz Ayala

¿Qué es?, su aplicación e interpretación jurisdiccional conforme a interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El presente trabajo tiene como finalidad una crítica de su aplicación, toda vez que la corte ha emitido jurisprudencia al respecto, y sobre todo la aplicación por autoridades administrativas que lo llevan a cabo, lo cual genera confusión e incertidumbre jurídica.

¿Qué es el control difuso de convencionalidad?

foto-academiaceoscom_lrzima20130307_0067_3Es un medio de interpretación jurisdiccional, que quiere decir, que los jueces, magistrados e incluso cualquier autoridad por oficio, es decir, en cumplimiento de sus funciones, debe velar, garantizar, procurar y aplicar los derechos humanos -siempre que lleve a cabo un procedimiento o una sentencia o simplemente por el mero cumplimiento de sus funciones- contenidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e incluso de los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, – por ratificación y no únicamente por procedimiento formal- el principio pro homine, que es el del beneficio más favorable a la persona o al ser humano.

Los derechos humanos reconocidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos son los siguientes:

Derecho a La Vida, Derecho a La Igualdad y Prohibición de Discriminación, Igualdad entre Mujeres y Hombres, Igualdad Ante la Ley, Libertad de la Persona, Derecho a la Integridad y Seguridad Personales, Libertad de Trabajo, Profesión, Industria o Comercio, Libertad de Expresión, Libertad de Conciencia, Libertad de Imprenta, Derecho a Libertad de Tránsito y Residencia, Libertad de Asociación, Reunión y Manifestación, Libertad Religiosa y de Culto, Derecho de Acceso a la Justicia, Derecho a la Irretroactividad de la Ley, Derecho de Audiencia y Debido Proceso Legal, Principio de Legalidad, Seguridad Jurídica en Materia de Detención, Seguridad Jurídica para los Procesados en Materia Penal, Derechos de la Víctima u Ofendido, Seguridad Jurídica en las Detenciones Ante Autoridad Judicial, Seguridad Jurídica Respecto de la Imposición de Sanciones y Multas, Seguridad Jurídica en los Juicios Penales, Derecho a la Inviolabilidad del Domicilio, Derecho a la Inviolabilidad de las Comunicaciones Privadas, Derecho a la Propiedad, Derechos Sexuales y Reproductivos, Derecho de Acceso a la Información, Derecho a la Protección de Datos Personales, Derecho de Petición, Derecho a la Ciudadanía, Derecho a la Reparación Integral y a la Máxima Protección, Derecho a la Educación, Derecho a la Salud, Derecho a la Vivienda, Derecho al Agua y Saneamiento, Derecho a la Alimentación, Derecho a un Medio Ambiente Sano, Derecho a la Identidad y al Libre Desarrollo de la Personalidad, Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Derechos Agrarios, Derecho de Acceso a la Cultura, Derecho a la Cultura Física y al Deporte, Derecho al Trabajo, Derechos en el Trabajo, Derecho a la Seguridad Social, Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Derechos de las Personas con Discapacidad, Derechos de las Personas Adultas Mayores, Derechos de las Personas Migrantes, Derecho a la Reparación Integral del Daño, Derecho a la Reparación por Violaciones a los Derechos Humanos, Derecho a la Verdad, cabe señalar, que cada Estado aplica restricciones a quienes no son ciudadanos, es decir tiene limitantes para los extranjeros, esto por la soberanía de los Estados.

Mismos derechos devienen de nuestra Constitución y son reconocidos por los Tratados Internacionales que el Estado mexicano sea parte.

marz-scjn-740767México es parte de un Tratado mediante un procedimiento de ratificación, esto es que el Presidente, con la aprobación de la Cámara de Senadores se lleva a cabo mediante el estudio del mismo, analizando y comparando que el articulado del Tratado sea acorde a la Constitución y a las leyes secundarias, ya que si no es así, no se ratifica o se puede realizar una ratificación parcial esto es mediante la reserva de alguna o algunas cláusulas, puesto que estas llegan a transgredir algún artículo constitucional o de alguna ley secundaria de orden interno, como ejemplo el de confiscación de bienes inmuebles que se aplica al derecho internacional para cubrir una deuda que se señala y aplica en distintos países y que en México no lo es porque trasgrede el derecho de propiedad. Mismas facultades están reguladas en los en los artículos 15, 18, 76, fracción I; 89, fracción X; 104 fracción I; 117 fracción I y 133 de nuestra Constitución.

Una vez ratificado, quiere decir que es acorde a las leyes de nuestro país y por ende lo debe cumplir y aplicar si favorece más al derecho de la persona, ya que hay cuestiones que prevé el Tratado Internacional y que las leyes mexicanas no pueden llegar a garantizar.

Entonces el control difuso es la correcta aplicación de la constitucionalidad de las leyes secundarias, y es aplicado por Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde determina si alguna ley es inconstitucional y contraria a los derechos humano, por lo tanto puede decretar que se aplique, que no se aplique o que se derogue, esto es dejar sin efecto una norma jurídica secundaria o cambiar parte de ella, y que se debe resolver siempre velando por principio de que beneficie más al gobernado, el principio pro homine, es decir, cuando sean vulnerados o disminuidos en sus derechos humanos.

El control de convencionalidad implica, precisamente en la implementación que deben hacer los jueces de menor jerarquía y las autoridades administrativas en cumplimiento de sus funciones tomando en cuenta los Tratados Internacionales que contemplen derechos humanos que favorezcan más al gobernado, se debe tomar en cuenta a toda aquella persona que se encuentre dentro de un país, sea cual sea su origen y nacionalidad por el tiempo de permanencia dentro de dicho país.

Ahora dirimido el conflicto entre control difuso y control de convencionalidad, paso a la parte de la crítica personal a esta aplicación.

shutterstock_157163270.jpgYa que debido a que la Corte (SCJN) es quien es la única facultada para determinar si una ley secundaria es constitucional o no, las autoridades y jueces de inferior jerarquía al aplicar el control de convencionalidad, se puede decir, que se están facultando para determinar la constitucionalidad de una ley secundaria al hacerla a un lado y aplicar el Tratado Internacional, hablando sobre derechos humanos, el del beneficio pro homine, que lo estaría aplicando por encima de la constitución, esto es, que quien debe determinar si una ley secundaria es o no constitucional, el único órgano son los Ministros de la SCJN, mediante un proceso llamado amparo, y no una autoridad administrativa o juez inferior que antes de ese proceso diga: <por contravenir a la constitucionalidad tal ley, aplico el control de convencionalidad “yo una autoridad inferior y que no estoy facultada para decidir si es o no constitucional una ley” de tal Tratado Internacional por ir en contra de la constitución>.

Es por ello que considero que se aplica mal el control de convencionalidad, ya que una autoridad inferior debe aplicar la ley secundaria conforme a su interpretación aunado a lo que contemple nuestra constitución y no referirse a ningún Tratado Internacional antes de que lo determinen los Ministros de la CSJN.

 

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