Amparo contra la ley del Servicio Militar Nacional

Por Karla Waleska Esquival Olivares

Introducción

Este juicio de amparo se promueve con el objetivo de ser exceptuado de prestar el servicio militar en virtud de que la obligación de prestarlo es exclusivo para los varones y tanto la ley del servicio militar así como su reglamento establecen excepciones para determinadas personas.

20El juicio de amparo en contra de la ley del servicio militar atiende a la LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en su artículo 1 fracción primera que a letra declara “Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Demanda de amparo en contra de las siguientes autoridades:

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL

DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUBDIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL

Dentro del juicio de amparo indirecto en contra de la norma general, los conceptos de violación son los siguientes:

Conceptos de violación expresados en la demanda de amparo

Del artículo primero constitucional se destaca el derecho de igualdad, este precepto sustenta que todas las autoridades, incluyendo a las autoridades administrativas como lo es la Secretaria de la Defensa Nacional, están obligadas a respetar el principio de igualdad, que es un derecho fundamental establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, al estipular en su artículo 38 del Reglamento de la Ley de Servicio Militar, las personas que se encuentran exceptuadas de presentar dicho servicio Nacional, se está haciendo una notable distinción que claramente vulnera el derecho de igualdad.

2802132fbd2871amedAsí se puede observar que establece criterios de distinción como lo son: religión, condición política y condición social, a través de los cuales se puede otorgar un privilegio como lo es la excepción de prestar el Servicio Militar Nacional, criterios que carecen de justificación y por lo tanto violan en mi perjuicio lo establecido en el artículo 1º constitucional.

Como segundo concepto de violación señalo el cometido contra la garantía contenida en el artículo 4º constitucional que en su segundo párrafo señala:

ARTÍCULO 4º El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Este precepto en relación con el anterior, confirma la garantía de igualdad que debe observarse entre el varón y la mujer, sin embargo, se confirma que al considerar obligatorio el Servicio Militar Nacional para los varones y no así para las mujeres, se está vulnerando dicha garantía.

Antes del trámite de dicho juicio de amparo, el quejoso solicita al C. secretario de la defensa personal que lo exima de prestar el servicio militar en razón de que la Ley del Servicio Militar y su Reglamento violentaba en su perjuicio las garantías consagradas en los numerales 1 y 4 de la Ley Suprema.

La contestación que recibe por parte de del C. secretario de la defensa nacional es “De conformidad con el marco jurídico, se le manifiesta que esta Secretaría se encuentra imposibilitada para acceder a su petición para que sea liberado de cumplir con el Servicio Militar Nacional, en virtud de que los argumentos que esgrime en su escrito, no sustentan ni justifican su petición.”

unnamed-6_2Finalmente sostuvo que tanto el Legislador como el Poder Ejecutivo al establecer supuestos de excepción para prestar el Servicio Militar Nacional violaron en su perjuicio lo establecido en los artículos 1°, 4°, 5° y 31 de la Constitución, argumentando el quejoso que no es posible aceptar que ordenamientos de menor jerarquía, como lo son en este caso la Ley y el Reglamento del Servicio Militar Nacional establezcan situaciones no previstas por la Norma Suprema en materia de garantías individuales.

Lo que el juez contesta es de acuerdo al pronunciamiento de la suprema corte de justicia de la nación en la siguiente tesis.

Tesis

Amparo en revisión 1959/2004. Rafael Araluce Santos. 16 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.

El artículo 10 de la  Ley del Servicio Militar Mexicano y el diverso 38 de su reglamento, al establecer excepciones respecto de la prestación de tal servicio, no violan la garantía de igualdad prevista en el artículo 130.178.20″>1o. de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, en virtud de que aquéllas tienen una finalidad válida, en los aspectos constitucional y objetivo. Lo anterior es así, si se toma en cuenta que el artículo 73, fracción XIV, de la Norma Fundamental faculta al Congreso de la Unión para reglamentar la organización y servicio del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, de manera que si el servicio militar forma parte de la estructura del Ejército, según el artículo 5o. de la ley citada, es válido que el legislador secundario exceptuara del referido servicio a quienes no satisficieran las necesidades de la defensa nacional, siendo congruente que se faculte a la Secretaría de la Defensa Nacional para que establezca las excepciones correspondientes, ya que el artículo 29, Fracción II,  de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le confiere a dicha dependencia del Poder Ejecutivo Federal la organización y preparación del servicio militar. Por otra parte, dichas excepciones encuentran una justificación racional de acuerdo con lo siguiente: 1) exceptuar del referido servicio a los funcionarios públicos señalados en el artículo130.178.1130″>108de la Constitución Federal, así como a quienes pertenezcan a las instituciones policiales, es razonable porque dada su responsabilidad, no es conveniente que se distraigan de ello con la prestación de algún otro servicio; 2) por lo que hace a los ministros de cultos religiosos, se justifica su exclusión en virtud del carácter laico del Estado mexicano, consagrado en el artículo 130.178.1350″> 130 Constitucional, cuyo inciso d) dispone que aquéllos no pueden desempeñar cargos públicos, y de que el artículo 1o. de la Ley del Servicio Militar reputa el servicio aludido como de orden público; y, 3) en cuanto a los candidatos a puestos de elección popular, su excepción se explica por el interés público que conllevan las elecciones, dado el carácter democrático de la República mexicana contemplado en el artículo 130.178.430″> 40 Constitucional, como decisión de la soberanía popular. Además, las excepciones mencionadas cumplen la referida garantía constitucional en la medida en que los preceptos que las contienen dan un trato igual, al generar la misma situación jurídica para todas las personas a las que se aplican.

Conclusiones

Ante el juicio de amparo promovido en contra de art. 10 de la ley del servicio militar y art. 38 del reglamento de dicha ley por considerar que contravienen garantías establecidas en la constitución política de los estados unidos mexicanos; como lo son la garantía de igualdad entre mujeres y varones establecida en el artículo 4º constitucional y la no discriminación citada en el art 1º constitucional “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

La suprema corte de justicia de la nación emite su resolución a través del AMPARO EN REVISIÓN 796/2011. MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ secretario: TERESITA DEL NIÑO JESÚS LÚCIA SEGOVIA. Y Amparo en revisión 1959/2004. Rafael Araluce Santos. 16 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.

En donde desvirtúa cada concepto de violación, el que contraviene el derecho de igualdad, da su justificación a través de una discriminación positiva en razón de cuestiones históricas, en donde no se obliga a las mujeres de prestar el servicio militar a la nación.

A su vez en el supuesto en que una ley no puede contravenir disposiciones establecidas en la constitución política de los estados unidos mexicanos expresa que el artículo 73, fracción XIV, de la Norma Fundamental faculta al Congreso de la Unión para reglamentar la organización y servicio del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales. Por lo tanto las excepciones establecidas en dicha ley del servicio militar así como en su reglamento tienen una justificación válida para los altos funcionarios de la federación Que pertenezcan a las Policías de la Federación, de los Estados o Municipios, a las Guardias Forestales o a los Resguardos Fronterizos y Marítimos; Que ejerzan el culto religioso como ministros cuando estén legalmente autorizados para tal profesión; Que sean candidatos a puesto de elección popular de la Federación, Estados o Municipios, desde el momento en que se registre su candidatura hasta que se haga la declaratoria correspondiente. Pues de acuerdo a la naturaleza de su actividad.

Se puede observar claramente a través del desarrollo de una serie de argumentos que la Suprema Corte es quien aclara y le da sentido a las garantías establecidas en la carta magna pues de acuerdo a las tesis emitidas por ésta, determina que efectivamente la secretaria de defensa nacional a través de su reglamento puede establecer excepciones a la obligación determinada en la constitución política de los estados unidos mexicanos.

Bibliografía

LEY DEL SERVICIO MILITAR art. 10

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO MILITAR art. 38

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS art. 1º; 4º; 73

TESIS AISLADA NUM. 1A. XXVII/2005 DE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, PRIMERA SALA

AMPARO EN REVISIÓN 796/2011. MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ SECRETARIO: TERESITA DEL NIÑO JESÚS LÚCIA SEGOVIA.

Formato de ampliación de demanda. Lic. Miguel Ángel Tapia Sebastián

 

 

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