La protección al salario respecto de embargos en el sistema cubano.

Por Dennis Stefania García Sánchez

unknown“Cuba tiene una organización socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, es una República unitaria y democrática, donde la soberanía reside en el pueblo, de la cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma y según las normas fijadas por la Constitución y las leyes”.[1]

Pero, en relación a su salario, ¿Qué derecho tiene el trabajador a disponer de éste, y hasta donde el Estado socialista se lo permite?

Pues bien, el Código de Trabajo de Cuba, dispone en su artículo 99 que el salario se determina conforme con el principio de distribución socialista de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo.

En el sistema socialista de cuba el salario o remuneración del trabajo se determina de acuerdo con la calidad y cantidad del trabajo ejecutado.

unknown-1 Por otra parte, el artículo 101 de este mismo ordenamiento establece que el salario promedio que se paga a los trabajadores mientras cumplen obligaciones sociales y estatales en los días de conmemoración nacional, feriados y otras situaciones se calcula mediante el procedimiento que establece la legislación específica.

También hay que tener en cuenta, atendiendo al artículo 103 que el nivel general de las tarifas salariales y de los sueldos, así como las medidas fundamentales en materia salarial se deciden tomando en cuenta el nivel de desarrollo económico-social del país, por el Consejo de Ministros, oído el parecer de la Central de Trabajadores.

Sin embargo y con respecto al embargo al salario, en el artículo 125 del Código de Trabajo se señala que las entidades laborales pueden efectuar en el salario de los trabajadores y en las prestaciones de la seguridad social a corto plazo las retenciones concernientes a:

  1. a) las provenientes de embargo por decisiones de la autoridad competente por pensiones alimenticias;
  2. b) las provenientes de embargo por decisión de la autoridad competente por créditos a favor del Estado, y las empresas y bancos estatales;
  3. c) las que autoriza la ley en las cuantías que ésta establece.

4.jpg_1718483346.jpgPero marcan un limitante, pues el descuento sólo puede ascender a un tercio del salario o la prestación pudiendo alcanzar hasta la mitad de éste en los casos de los incisos a) y b).

Según el diccionario jurídico, el embargo al salario, es la afectación que decretada por autoridad competente sobre la retribución económica que paga el patrón a su trabajador, tiene por objeto asegurar únicamente el cumplimiento de la obligación de dar alimentos a cargo del trabajador[2].

Con lo que se deduce que los trabajadores, estarán obligados a cubrir sus deudas que contraigan con entidades estatales o a favor del Estado, y también si se trata de pensiones alimenticias.

Ahora bien, tomando en cuenta el sistema bajo el cual se rige cuba, se tiene que dicha norma es válida por el órgano que emite dicha norma que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien está facultado para hacerlo, y que además deriva de una norma de jerarquía mayor, que es la Constitución de 1976, que contempla el trabajo en el apartado de los derechos fundamentales, en su artículo 44.

Siguiendo este orden de ideas, a pesar de que Cuba ha ratificado el Convenio C095 de la Organización Internacional del Trabajo, que en su artículo 10 hace referencia a que los salarios no pueden embargarse la normatividad interna de este país lo establece y lo permite, y no es que pretendan no darle cumplimiento a dicho ordenamiento internacional, sino que para ellos no representa una violación, como pasa en México, donde para muchos es evidente que se transgredió los derechos de los trabajadores al imponer este tipo de ordenamientos, pues de ninguna manera un trabajador mexicano puede vivir con 73.04 pesos diarios, y el excedente es precisamente lo que les brinda una calidad de vida un poco más decorosa.

Pero, atendiendo al sistema socialista, el trabajador cubano está obligado a proveer al Estado, es decir, es una relación recíproca, pues mientras que el trabajador “ayuda” a su Estado, el Estado siempre le “proporcionará” lo que el trabajador necesite; es evidente que es el supuesto principio, pues vemos que en la realidad eso no pasa del todo cierto en Cuba. Por lo anterior, vemos que dicha norma también es válida en este sentido, pues le permite al Estado obtener una ganancia, pero al mismo tiempo vemos que se embargará el salario por concepto de pensiones alimenticias, que es válido también, pues no se puede dejar a un lado las obligaciones para con la familia.

Con base en lo anterior se puede concluir que el sistema socialista de Cuba, no pretende que el trabajador quede en desamparo, pero tiene que cumplir sus obligaciones con el Estado y su familia, pues el sistema socialista que maneja Cuba en materia de empleo, maneja una estrategia de desarrollo que ha estado dirigida desde el primer momento a procurar un empleo con un ingreso decoroso a cada ciudadano apto para trabajar.

De este modo vemos que se le embarga el salario para asegurar sus obligaciones, son únicamente con el Estado, y éste a su vez, le asegura que tendrá un nivel de vida decoroso.

Es menester señalar que el trabajo en Cuba, al proporcionarlo se atienden las exigencias de la economía y la sociedad, la elección del trabajador y su aptitud y calificación; lo garantiza el sistema económico socialista, que propicia el desarrollo económico y social, sin crisis, y que con ello ha eliminado el desempleo y borrado para siempre el para estacional llamado “tiempo muerto”, según lo dispone el inciso (2) del artículo 44 concerniente al empleo de la Constitución Cubana.

[1] Documento consultado en línea, disponible en: http://www.cubagob.cu/des_soc/derecho.htm última consulta el día 24 de agosto de 2016.

[2] Diccionario Jurídico, Instituto de Investigaciones Jurídicas, p. 208, [en línea] Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/736/10.pdf última consulta el día 19 de mayo de 2016.

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