Caso Radilla: 42 años de impunidad

Por Diana Alicia Cabañas Esquivel 

El 25 de agosto de 1974, en el municipio de Atoyac de Álvarez, en el Estado de Guerrero, fue detenido arbitrariamente por elementos del ejército del Estado mexicano en un retén militar el luchador social Rosendo Radilla Pacheco. Su detención ocurre en la época de la llamada “Guerra sucia”, en el estado en donde surgió la guerrilla del maestro rural Lucio Cabañas Barrientos, y la de Genaro Vázquez  Rojas.

images-1Rosendo Radilla fue detenido porque se le reconocía como disidente, porque apoyaba a través de corridos a Lucio Cabañas. Por supuesto que no fue la única persona víctima de desaparición forzada de la época, fueron cientos de personas, tan sólo 450 provenientes del municipio, de Atoyac.

La desaparición de Radilla toma especial relevancia porque el hecho fue denunciado por sus familiares ante instancias internacionales de justicia en donde el Estado mexicano fue condenado. Lógicamente se denunció primero ante las instancias nacionales correspondientes, e incluso este hecho fue investigado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales del Pasado (Femosp), creada en el periodo presidencial de Vicente Fox precisamente para darle seguimiento a este tipo de crímenes del pasado, y evitar que quedaran impunes. Sin embargo, esta fiscalía desaparece en el año 2006, y esta investigación junto con las otras de su tipo se remitió a la Coordinación General de Investigación, dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR.

La insuficiente respuesta y el nulo seguimiento del caso por parte de las autoridades mexicanas, obligó a los familiares de la víctima a buscar justicia a nivel internacional, presentando el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2001, siendo admitido cuatro años después. Este organismo hizo recomendaciones al Estado mexicano con el fin de dar seguimiento al caso, pero éste fue omiso, y entonces fue así como la CIDH lo demandó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a los derechos reconocidos en la Convención Americana, y también por violaciones a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.

unknownLa Corte emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, en la que establece entre otros puntos, la obligación de éste a continuar con la búsqueda efectiva y localización inmediata de la víctima, o en su caso, de sus restos mortales, a hacer pública la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, a adoptar reformas legislativas para hacer compatibles el Código de Justicia Militar y el Código Penal Federal con los estándares internacionales según la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

En respuesta, la SCJN llevó a cabo un proceso de consulta a trámite en el año 2011 para asentar las obligaciones correspondientes al Poder Judicial de la Federación que se derivaron de la sentencia. En este proceso resolvió que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que México sea parte serán obligatorias para todas las autoridades mexicanas, y también que todos los jueces están facultados para analizar la compatibilidad de una ley o acto con la Constitución y tratados internacionales. La Corte también asentó la incompetencia de los jueces militares para juzgar a militares acusados de violar derechos humanos, estableciendo que estos casos estarán al alcance de la justicia ordinaria federal, y por último, declaró la inaplicabilidad de la reserva de averiguaciones previas en casos de violaciones graves a los derechos humanos, para que así la averiguación previa del caso Radilla fuera pública.

Esta resolución de la Corte marcó un precedente importante para que surgiera la reforma constitucional del 2011, con la cual se pretende otorgar la protección más amplia a los gobernados en materia de derechos humanos a través de instrumentos funcionales para ello como lo es la propia constitución o tratados internacionales de los que México sea parte. Hay quienes afirman que con esto se vulnera la supremacía constitucional por considerar que un tratado internacional podría posicionarse en un nivel superior a la Constitución. Lo anterior resulta cierto, pero únicamente en casos concretos y en materia de derechos humanos, en el supuesto de que un tratado internacional brindara mayor protección de la que otorga la Constitución.

12 años después de la desaparición de Radilla, el 12 de Octubre del 2015, la Procuraduría General de la República a través de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, ofreció una recompensa de hasta un millón quinientos mil pesos a quien proporcionara información veraz y útil para dar con el paradero de Rosendo Radilla. Este hecho por supuesto, meramente representa un acto de simulación por parte del Estado mexicano para pretender dar cumplimiento con una de las obligaciones que fueron impuestas internacionalmente en el pasado, además de que insulta a los familiares de la víctima que siguen esperando una respuesta real a su demanda de justicia y por supuesto, una sanción a los perpetuadores de este crimen. Pero no sólo es un insulto para ellos, lo es también para todas aquéllas personas que sufrieron la pérdida de un ser querido bajo las mismas circunstancias, por ser el caso Radilla un caso simbólico y representativo de las víctimas de desaparición forzada de aquella época.

images.jpegLa intervención internacional de organismos como la CIDH juega un papel que trasciende de manera favorable para el gobernado una vez que éste agota los medios de defensa legal existentes del Estado en el que se suscita el hecho punible. El poder denunciar a un Estado bajo esta condición es una solución alternativa de justicia que brindan estos instrumentos supranacionales para otorgar protección jurídica a aquellas personas que han sido víctimas de violaciones en sus derechos cometidas por un Estado, tratando de evitar así que crímenes de lesa humanidad queden impunes.

Hay quienes consideran que la existencia de este tipo de mecanismos vulnera la soberanía de un Estado por ser una especie de juzgador que puede condenar su actuación. Lo anterior tendría sentido si el Estado en cuestión desempeñara un papel funcional y garantista del orden social, haciendo eficaz la impartición de justicia. Pero cuando un Estado es deficiente, omiso, cómplice o el mismo responsable de la comisión de crímenes como el del caso Radilla, estos medios internacionales resultan necesarios y de fundamental importancia porque posicionan al Estado en la mira internacional, lo condenan y juzgan; sin embargo, no son resolutivos, no solucionan el fondo del problema.

Es la voluntad estatal, entre otras cosas, la que se requiere para afrontar y dar solución a las demandas sociales de un país, así como que se refuerce la memoria colectiva a través de la organización social para evitar que se sigan cometiendo crímenes como el del caso Radilla, exigiendo se esclarezcan y no queden impunes.

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