Tráfico Internacional de Menores

Por Melanie Patricia González Pérez

El tráfico Internacional de menores es la substracción, traslado o retención de un menor con propósitos o medios ilícitos (entendidos como la prostitución, explotación sexual, servidumbre, secuestros, consentimiento forzado, etc.), ya sea en el Estado de residencia habitual del menor o en el Estado parte en el que el menor sea localizado.

images.jpegEntre las causas más conocidas que originan el tráfico internacional de menores están: la mendicidad o niños en condiciones de calle, la explotación infantil como turismo sexual, prostitución y pornografía infantil, el tráfico de órganos, la explotación laboral en cultivos o minas, las adopciones internacionales, embarazo prematuro, violaciones y venta de bebés en proceso de gestación, la movilización de poblaciones como conflictos armados, desastres naturales, competencia territorial entre cárteles y el narcotráfico.

Existe un instrumento internacional que es La Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores que trata el ámbito de aplicación material, el de aplicación personal, de aplicación espacial y el temporal además de los aspectos penales y civiles que contempla en la materia de tráfico internacional de menores como la competencia penal. Tiene por principal objeto la prevención y sanción del tráfico internacional de menores, así como la regulación de los aspectos civiles y penales del mismo. Por la misma, cada Estado se obliga a instaurar un sistema de cooperación internacional de menores así como adoptar las disposiciones legales y administrativas en la materia con ese propósito; y asegurar la pronta restitución del menor víctima del tráfico internacional al Estado de su residencia habitual teniendo en cuenta el interés superior del menor.

La Convención fue adoptada en México, D.F. el 18 de Marzo de 1994 y formó parte de la Quinta Conferencia Especializada Interamericana Sobre Derecho Internacional Privado, su entrada en vigor fue el 15 de Agosto de 1997 y consta de 35 artículos.

La Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, en cuanto a su ámbito de aplicación material tiene como finalidad la protección de los derechos fundamentales y el interés superior del menor, por medio de la prevención y sanción del tráfico internacional de menores, así como la regulación de aspectos penales y civiles.

Los Estados parte de la Convención son Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y  Venezuela y se obligan a:

  1. A asegurar la protección del menor en consideración a su interés superior,
  2. Instaurar un sistema de cooperación jurídica entre los Estados que consagre la prevención y sanción del tráfico internacional de menores, adoptar las disposiciones y administrativas en la materia con ese propósito.
  3. Asegurar la pronta restitución del menor víctima de tráfico internacional al Estado de su residencia habitual, teniendo en cuenta el interés superior del menor.

El artículo 29 de la Convención señala que la misma está sujeta a ratificación y que los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. La participación de México como Estado parte de esta Convención no es obligatoria, pues ésta sólo está firmada y no ratificada por nuestro país. La simple firma y no ratificación no es suficiente para que entre en vigor en el territorio mexicano, por tal motivo, cualquier solicitud de tráfico hecha por o hacia México no se regirá obligatoriamente por esta Convención.

En la legislación local mexicana, el tráfico internacional de menores está regulado a nivel Federal el delito de tráfico de menores en el Código Penal Federal (artículo 366 Ter) que especifica que “comete el delito quien traslade a un menor de 16 años de edad o lo entregue a un tercero, de manera ilícita, fuera del territorio nacional, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido por el traslado o la entrega del menor”, y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que enumera el delito de tráfico de menores cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar de manera permanente ciertas conductas que por sí o unidas a otras, tengan como resultado cometer algunos delitos.

Podemos decir que en México existe un vacío normativo respecto del tema considerando que los códigos civiles y de procedimientos civiles carecen de regulación en lo que se refiere a los procesos de localización y restitución del menor al lugar de su residencia habitual. Si tuviéramos la posibilidad de cubrir esta carencia legislativa con la aplicación de la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, al menos se tendría un referente jurídico convencional que podríamos aplicar al caso concreto, pero no es así ya que México no la ha ratificado y por ende, no está obligado a aplicar el contenido de dicho instrumento.

Eileen Matus Calleros propone, para eliminar dicho vacío, una redacción modelo que pueda ser reproducida en su totalidad para los códigos de procedimientos civiles de la república mexicana, reformando el artículo 156 incluyendo que, “es juez competente para los procesos de localización y restitución internacional de menores, el de la residencia habitual del menor, el del lugar donde se encuentre o se presupone que se encuentre cuando ambos supuestos se cumplan en territorio mexicano”, con la finalidad de que se atribuya directamente competencia a los tribunales mexicanos en aquellos supuestos que requieran la localización o restitución de los menores a los Estados de su residencia habitual. En lo que refiere al establecimiento de la competencia o incompetencia de los tribunales mexicanos, la autora sugiere puntos de conexión para ampliar la protección que se les debe dar a los menores que sean víctimas, como el punto de conexión de la residencia habitual del menor para eliminar problemas derivados del domicilio forzoso o ilegal, también propone otros puntos como el lugar donde se encuentre o se supone se encuentre para dar respuesta a aquellos casos de urgencia y así evitar una denegación de justicia.

unknownIgualmente propone agregar una fracción al artículo 13 del CCDF dirigida a proteger directamente al menor víctima del delito, sugiriendo que se incluya una disposición que establezca que los procesos de localización y restitución internacional de menores rijan por las leyes de residencia habitual del menor permitiendo superar inconvenientes derivados de los elementos subjetivos presentes en la concepción de domicilio. Por último propone incluir el concepto de residencia habitual en los ordenamientos para aplicar además de la lex fori el derecho de otro Estado porque la ley del foro no siempre brinda la respuesta más adecuada al fondo de la pretensión.

En conclusión, el tráfico internacional de menores es un tema importante que se ha dado alrededor del mundo sobre todo en los últimos años y es una problemática que debe ser erradicada, el problema es que algunos países como México no tiene regulada totalmente esta figura y aunque hayan firmado la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores no es aplicable al no estar ratificada. Considero que México debería poner más atención en aspectos como éste para que, en la medida de lo posible, brinde mayor protección y respuesta ante acontecimientos de esta naturaleza.

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