Derecho Penal del Enemigo

Por Brenda Estefanía Herrera Ham

enemigoMientras que en diversas partes del mundo, se elevan las voces proclamando los derechos fundamentales del gobernado, exigiendo su observancia y cumplimiento irrestricto para todos, teniendo como estandarte la concepción del “Estado Social, Liberal y Democrático de Derecho”, pretendiendo construir con ello un mejor sistema de justicia penal; como si fuera la antítesis de dicha postura, surge una tendencia que, si bien no es totalmente contraria a la descrita, propone una considerable disminución de los derechos de mérito para algunas personas que despliegan cierto tipo de conductas que dañan en grado superlativo a la sociedad, como sería en los casos de organizaciones o delincuencia organizada (terrorismo, narcotráfico, entre otros).

La tendencia a que me refiero en el párrafo anterior, es la que se debe al ingenio de Günther Jakobs, misma que ha sido denominada “Derecho Penal del Enemigo” que implica una carga ideológica de gran magnitud para el intelecto, porque parece poner en jaque el discurso penal y los órdenes normativos garantistas, para muchos, discurso y Derecho Penal de la época clásica.

Existen quienes incluso hablan de un Derecho Penal de varias velocidades, a saber: una primera velocidad, representada por el Derecho Penal de la cárcel, en el que habrían de mantenerse rígidamente los principios político-criminales clásicos, las reglas de imputación y los principios procesales; una segunda velocidad, para aquellos casos en los que, por no tratarse ya de la cárcel, sino de penas de privación de derechos o pecuniarias, aquellos principios y reglas podrían experimentar una flexibilización proporcionada a la menor intensidad de la sanción; en la tercera velocidad, de acuerdo a esta postura, se encontraría el “Derecho Penal del Enemigo”[1].

Ante este panorama, considero conveniente hacer un análisis histórico-filosófico sobre los puntos de vista de Rousseau, Fichte, Hobbes y finalmente el punto de vista de Kant para culminar con la tesis que sustenta Günther Jakobs (distingue entre “Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo”, reconociendo que difícilmente aparecerán llevados a la realidad de modo puro[2]) y de esta manera, entender cómo es que va a funcionar ésta tendencia en el presente.

Cabe mencionar que la tesis de Jakobs es trascendental en la actualidad pues en ella, señala como enemigos a aquellos que se ubican dentro de la delincuencia organizada, es decir, a los que podríamos catalogar como multireincidentes específicos. El concepto de delincuencia organizada podemos encontrarlo en el artículo 16 párrafo noveno de la nuestra Carta Magna e identificamos que la definición a simple vista es tan amplia como imprecisa ya que se toman para su concepto dos coordenadas, una numérica vinculada con el número de integrantes de un grupo o banda y otra temporal relacionada con la duración de sus actividades delictivas. Los delitos que se consideran materia de delincuencia organizada, están enlistados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

derechopenalPor lo anterior, el precepto 16 constitucional merece especial atención debido a que establece un doble contenido, al integrar el concepto de delincuencia organizada y a su vez, instaurar derechos de excepción dirigido al enemigo con quién se está en guerra, con lo que se da la posibilidad de aplicar las figuras de arraigo, cateo e intervención de comunicaciones; medidas que tan solo años atrás era impensable su legitimidad. Esto puede dar lugar a mayores abusos de poder, pues se restringen los Derechos Humanos de los gobernados en aras de la supuesta seguridad pública, creando un catálogo de normas que legitiman la guerra o lucha a partir del Derecho.

En ese orden, una vez que se analizan minuciosamente las reformas realizadas al artículo 16 constitucional, tenemos que tratándose de delincuencia organizada; el legislador le excluye del paquete de derechos garantistas y con ellos la presunción de inocencia que tanto enarbola el sistema acusatorio penal, toda vez que al miembro de la delincuencia organizada lo considera como un enemigo para el conglomerado normativo y la sociedad. La real consecuencia que se puede tener, es que al no brindarle la misma sintonía de derechos al delincuente organizado que al delincuente común, se piense que el primero es menos beneficiado y por tanto víctima frente a un Estado de Derecho en el que se supone nos encontramos.

En lo que a mi opinión y análisis concierne, concluyo que al referirnos a un Derecho Penal del enemigo, el “enemigo” sería una no persona y por lo tanto no puede tratarse como tal y los términos y derechos que le corresponden quedarían sujetos a la conveniencia de la autoridad. Al identificar a alguien o calificarlo como enemigo, lejos de señalarlo como fuente de peligro, como si fuera un fenómeno natural que se debe neutralizar, se le está demonizando y, a su vez se le está reconociendo por una competencia normativa.

Con dicha conclusión, parecería que se está regresando a los origines de la humanidad, en donde los castigos que se imponían a los seres humanos eran crueles en toda la extensión de la palabra; desde hace muchos siglos, se establecieron diversas posturas con las que se ha tratado de superar dicha tendencia, limitando la facultad punitiva del Estado, así lo demuestra la evolución de la ciencia del derecho penal.

Estimo, que si se ha de buscar una corriente filosófica que sirva de sustento debe hacerse partiendo de la idea de que es para mejorar la condición humana, no para mancillarla, los problemas que aquejan a nuestra sociedad actual, podrían encontrar sus soluciones atendiendo a otro tipo de factores, ya que de lo contrario se incurriría en la tiranía penal, en donde ya no se consideraría al ser humano como un fin en sí mismo, sino como un medio para cumplir con fines sociales o colectivos.

En efecto, en un modelo de Estado Democrático de Derecho, que sea respetuoso con la dignidad humana, ni el enemigo ni nadie puede ser definido como no-persona porque se vulneran los derechos que por naturaleza le corresponden además de que se estaría violentando el artículo 1° de la Constitución en cuanto a discriminación.

[1] Silva Sánchez, Jesús María. La Expansión del Derecho Penal (Aspectos de la Política criminal en las sociedades postindustriales). Ed. B de F. Segunda ed. Argentina 2006. Págs. 183 a 188.

[2] Jakobs, Günther, Canció Meliá, Manuel. Derecho Penal del Enemigo en México. Thomson Civitas, Madrid, 2003, p. 32.

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