El Derecho Penal del Enemigo

Por Dennis Stefanía García Sánchez

imagesA raíz de la reforma constitucional del año 2008, se introdujo en el país dos tipos de procedimientos: en primer lugar, un sistema de corte Acusatorio-Adversarial, cuyo principal objetivo es que se garanticen los derechos fundamentales de toda persona sometida al proceso penal; y por otro lado, en contrasentido al garantismo, se establece un régimen especial,  un derecho penal contra el enemigo, más aun tratándose de delincuencia organizada[1].

De este modo, es evidente que existen dos tipos de Derecho Penal, uno dirigido a los ciudadanos comunes, y un régimen de excepción,  que va dirigido a personas que se dedican frecuentemente a delinquir, y que por tanto, le corresponderán diferentes tipos de derechos dentro del mismo marco legal, es decir, le restringen las garantías que la constitución garantiza a todos los ciudadanos, sin embargo, ¿es válido que la misma Constitución restringa los derechos fundamentales que protege y garantiza a todos los ciudadanos a este sector que ha denominado “enemigo”?

El término de derecho penal del enemigo lo introduce Günther Jakobs, señalando que éste término no pretende ser peyorativo, pero es indicativo de una pacificación insuficiente e implica un comportamiento desarrollado en reglas, en lugar de una conducta espontánea e impulsiva[2].

Asimismo se señala en la obra de Günther Jakobs que Hobbes y Kant conocen un Derecho penal del ciudadano, contra personas que no delinquen de modo persistente, y un derecho  penal del enemigo contra quien se desvía por principio; éste excluye, aquél deja incólume el status de persona.

            Por lo anterior, vemos que el derecho penal del enemigo se aplica específicamente a aquellos que infringen la ley con frecuencia, y se señala entre tantos a los terroristas, narcotraficantes, a los tratantes de personas, a los traficantes de armas, personas, y en general a la delincuencia organizada como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16, que define a ésta como:

“Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia”.

unknownAhora bien, estas personas llamadas por este nuevo sistema “enemigos”, considero, tienen un grado de peligrosidad bastante alto, pues una pena convencional no sería suficiente ni proporcional al tipo de delito que cometió, por lo que en este caso, considero que encuadra en una de las características de este sistema que precisamente es que la pena resulta desproporcionada respecto de una conducta que aún no entra en la fase ejecutiva o del principio de ejecución[3].

Sin embargo, otra de sus características y la que más importa al tema en estudio es que existe una restricción o supresión de las garantías de derechos procesales de los imputados, así, no se respeta la presunción de inocencia hasta demostrarse lo contrario, no se consideran las exigencias de licitud y admisibilidad de la prueba, ni los requisitos para una detención, aumentan los plazos de prisión preventiva, amplias medidas de intervención de comunicaciones, realización de investigaciones clandestinas, incomunicación del reo, entre otras[4].

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Con base en lo anterior, la Constitución en el artículo 16 en su párrafo octavo, establece que sólo en casos de delincuencia organizada se podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

El artículo citado, es el fundamento al derecho penal del enemigo, en éste se señalan expresamente en qué momentos se podrán restringir las garantías que la Constitución está obligada a brindar.

Gracias a lo anterior, es posible decir que en efecto es válido y justificable que la misma Constitución limite las garantías de estos sujetos que la doctrina ha denominado “enemigos” pues es claro que representan un peligro inminente tanto para la sociedad como para las autoridades judiciales.

Sin embargo este derecho penal del enemigo representa una modalidad del derecho penal moderno, cuya principal característica es que representa una clara flexibilización de los principios y de las garantías jurídico penales de un Estado de Derecho; es claro que la sociedad Mexicana no está preparada para un sistema así, pues con la reforma a la Constitución en materia de Derechos Humanos, se trata de dar una protección desmesurada a las personas, y claro, se le tiene que respetar y proteger más los derechos humanos del delincuente que los de la víctima.

Considero que en México estos dos sistemas aún no pueden coexistir, pues primero debería señalarse expresamente cuándo alguien se considera enemigo, y qué tipo de garantías se le restringirán, pues hasta el momento solamente se señala que será la delincuencia organizada y sólo se habla del arraigo. También creo, deberían señalarse las penas que deberían ser proporcionales al delito que se cometió.

 Creo que si se aplicará el derecho penal del enemigo, sí reduciría en forma paulatina el índice de criminalidad en México, pues ya no serían tratados con base al sistema del derecho penal del ciudadano, y por ende, se verían coaccionados ante el nuevo sistema y combatirían a la delincuencia organizada que es un problema muy grave en México y que ha ido creciendo rápidamente.

[1] Muñoz Hernández, Moisés, Presunción de inocencia en el contexto del derecho penal del enemigo, México, 2015, [en línea] Disponible en: https://es.scribd.com/document/322510173/Presuncio-n-de-Inocencia-en-el-Contexto-del-derecho-penal-del-enemigo Consultado el 20 de septiembre de 2016.

[2] Jakobs, Günter, Cancio, Meliá Manuel, Derecho Penal del Enemigo, Ed. Thomson Civitas, Madrid, 2003, p. 32.

[3] Mancera Espinosa, Miguel Ángel, Derecho penal del enemigo en México, México, IIJ UNAM [en línea] Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/6libros/6/2506/30.pdf ,  consultado el 23 de septiembre de 2016,  p.588

[4] Cabrera Cabrera, Xiomara, Consideraciones críticas sobre el denominado derecho penal del enemigo ,  en Contribuciones a las Ciencias Sociales, Abril 2012,[ en línea] Disponible en: www.eumed.net/rev/cccss/20/ Consultado el 23 de septiembre de 2016

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