Presunción de inocencia en el contexto del derecho penal del enemigo.

Por María Teresa Requenez Contreras

images-1Con la reforma constitucional del 18 de junio del año 2008 cambia nuestro sistema de justicia penal antiquísimo que es el inquisitorio, por uno acusatorio donde coexisten dos vertientes de Derecho Penal uno de ellos dirigido a los ciudadanos comunes quienes por error o voluntad actúan ilícitamente y el otro es el Derecho Penal de Excepción que se enfoca a aquellas personas que se dedican habitualmente a delinquir, principalmente tratándose de acciones que trascienden y generan mayor efecto en el ámbito social, la delincuencia organizada.

En el primero se destacan los siguientes puntos en la reforma; el que acusa está obligado a probar incorporando en la Constitución un nuevo precepto la figura jurídica de la presunción de inocencia elevándolo al rango de derecho fundamental en favor del imputado el cual es la piedra angular de la reforma, se establece como regla la libertad y como excepción la prisión preventiva, se establece una igualdad procesal entre las partes y mecanismos alternos de solución de controversias; en el segundo se crea un derecho penal contra el enemigo para la delincuencia organizada, como se puede observar hay un gran avance para el inculpado pues se le conceden mas derechos durante el proceso los cuales harán que la impartición de justicia sea –valga la redundancia- más justa, sin embargo en el segundo caso vemos un retroceso pues no hay derechos que protejan a las personas pertenecientes a la delincuencia organizada, al contrario se les restringen los derechos a los cuales en un primer momento ya se les habían concedido. Habiendo un choque de ideas entre las dos vertientes del nuevo sistema penal acusatorio, o se protegen a todas las personas los derechos fundamentales o se les restringen.

Ante esto nos encontramos con la definición que da el autor sobre los derechos fundamentales el cual dice:

“Se comprende por Derechos fundamentales:

Al conjunto de prerrogativas, facultades recursos y pretensiones de contenido social, económico, y cultural que tiene el ser humano por el simple hecho de ser persona y que el Estado y el Derecho están obligados a garantizar de una manera efectiva”

Entonces como se podría llegar a distinguir a aquel que es un ser humano de aquel que no lo es, y es lo que el autor da a entender que todos deben de tener las mismas prerrogativas no importa que el sujeto pertenezca a un grupo de delincuencia organizada pues esa característica no le quita el rasgo de ser una persona sujeto de Derecho, con las garantías que todo sujeto debe de tener un debido proceso y ser tratado durante éste como un inculpado más con toda la gama de derechos que se han establecido en la constitución a partir de la reforma del 2008.

No se puede excluir a los sujetos por el simple hecho de pertenecer a la delincuencia organizada pues tal como lo dice el artículo primero constitucional párrafo 5 “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Se estaría contradiciendo entonces a la constitución al implementar un nuevo Derecho Penal del Enemigo pues se coartarían los derechos del sujeto a los cuales el tiene inherentes por el hecho de ser una persona, si el Derecho ya lo reconoció antes como sujeto de derechos y obligaciones porque ahora le va a quitar ese Status dentro de la sociedad, tratándolo de un modo diferente al de las demás personas.

imagesEntones como se puede hablar de los derecho fundamentales del ser humano y mas aun que el Estado y el Derecho están obligados a garantizarlos cuando estos son los primeros que los restringen generando una discordancia entre lo que se entiende hoy por derechos humanos y persona, pues cuando hablamos de delincuencia organizada ¿los sujetos que la conforman no son también personas? O simplemente por este hecho dejan de serlo o deben ser discriminadas, excluyéndolos de las garantías que todo probable responsable debe de tener. El Estado debe de abstenerse de menoscabar los derechos humanos de las personas ya que su fin debe de ser preservarlos respetarlos y hacer que se respeten.

Sin embargo si el sujeto que pertenece a una banda de delincuencia organizada y ha estado cometiendo o seguirá cometiendo los delitos en un futuro, en quien recae la responsabilidad de hacer frente a estos de manera afectiva es de las autoridades du deber es protegernos frente a estas bandas de delincuencia organizada, si no pueden contra ella o no pueden encontrar suficiente información que haga que los atrapen y por ende castigarlos, no es entonces culpa de la misma autoridad demostrando su falta de pericia e incompetencia al no poder brindar la seguridad necesaria a los ciudadanos, al grado de que se necesitan coartar los derechos del sujeto para poder combatirlo eficazmente, dejando al descubierto una autoridad ministerial que no está preparada para hacerle frente a este tipo de delincuentes originando medidas fuertes en contra de las personas, al grado de tratarlos como enemigos los cuales no se merecen la protección del Estado, cual es la diferencia entre un homicidio doloso cometido por un sujeto a uno cometido por una banda de delincuencia, al fin y al cabo el resultado es el mismo la privación de la vida de un sujeto, lo que se estaría castigando no es el hecho cometido es el sujeto que lo cometió; cuando en todo momento lo que se debe de tener presente es la protección de las personas en contra de estos sujetos que son una amenaza pero que no dejan de ser personas, porque no ayudarlos en vez de castigarlos.

Nos encontramos entonces con una autoridad incompetente al resolver los casos, no pudiendo hacer que el sujeto sea reincorporado en la sociedad de nuevo, y al no poder lograr hacerlo, usan el poder que tiene la autoridad, que es la ley a través de formas como el castigo el cual no debe de ser el fin del Derecho Penal, ya que con la reforma constitucional no es esto lo que se pretende evitar que la prisión preventiva sea solo una excepción.

Entonces que se esta haciendo mal, cual es el verdadero problema, acaso el sistema es el que necesita un cambio, una reforma interior que lo haga mas eficaz y tener pruebas fehacientes que acrediten que cometieron delitos de delincuencia organizada antes de presuponer y tratarlo desde el principio como un “enemigo” pues se estaría cometiendo el mismo error que en el acusatorio ya que se estaría anticipando la pena, dónde queda entonces la presunción de inocencia que fue elevado a derecho fundamental en la misma constitución. El Estado debe de respetar los derechos fundamentales las personas no solo de unas cuantas, pues este es el fin del Estado proteger a todas las personas

Estoy de acuerdo en un nuevo mecanismo procesal en cuanto al actuar de las autoridades que participan durante el proceso.

images-2Y porque distinguir a las personas que estan dentro de la delincuencia organizada cuando tal vez uno o algunos de ellos solamente son los que participan activamente, no se debe de individualizar las penas de acuerdo a lo que cada uno realizo sin embargo la conducta punible es el simple hecho de pertenecer la delincuencia organizada sin saber si son participes directos en los delitos, todos estos sujetos por simple analogía lo cual está prohibido en el derecho penal ya que son relacionados y tratados de igual manera pues lo único que cuenta es el hecho de que pertenezcan a una organización delictuosa.

Entonces porque disfrazar un sistema de corte acusatorio que esta cimentado en la salvaguarda de los derechos fundamentales dentro del proceso penal, cuando por el otro lado se están suprimiendo esos derechos inherentes a todas las personas que tal vez pertenecen a un grupo delictivo y que por el simple hecho de serlo son desconocidos como personas con derechos, el legislador lo deja fuera en cuanto a sus derecho garantistas y con ello la presunción de inocencia, lo que lo vuelve una víctima frente al Estado, ya que no es protegido pero si puede ser perjudicado, con la nueva reforma se trae un conjunto de medidas como lo son el arraigo, el cateo e intervención de comunicaciones, cuando el juez así lo solicite podrá intervenir en todas estas cuestiones que chocan con las simples normas jurídicas constitucionales, entonces bajo estas modalidades cuales son los derechos fundamentales que las personas tienen y cuales los que no tienen, lo que provocara un cambio de idea de lo que ahora entendemos por derechos humanos o por persona.

Lo que abre un nuevo problema, el poder que tiene la autoridad frente a estas personas sin derechos fundamentales abre una puerta al posible abuso de poder de la autoridad la cual cuenta con “buenos precedentes” a la hora de impartir justicia que sucederá ahora que se le esta dotando de mas facultades contra su rival, como va a proceder la autoridad con toda su fuerza y coacción frente a un sujeto débil que no se encuentra protegido por la propia ley ya que los desconoce, hay un desequilibrio visible entre las partes, esta es la seguridad jurídica que el Estado nos quiere proporcionar, la pregunta es ¿para quién es la seguridad jurídica para el Estado o para los ciudadanos, cuando es notable que los ciudadanos son los que se verán afectados, usando el Derecho como un medio punitivo.

Además de que se encuentra otra posible desigualdad exclusión en las intervenciones de las comunicaciones, ya que el propio Estado se protege así mismo, no permite que nadie lo vulnere por eso es que es tan poderoso, porque en las intervenciones de comunicación se restringen las materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo donde también se realizan delitos graves ya que afectan a toda la sociedad cual es la diferencia ser autoridad, es peor aun porque esas personas son las que tienen encomendada la tarea de brindarnos un Estado seguro, entonces por qué excluir esas materias, porqué proteger a esos que también pueden ser responsables de cometer un acto delictivo.

Las autoridades no pueden utilizar el Derecho penal como un arma para combatir a la delincuencia organizada y pretender soslayar los derechos Humanos en aras de la “seguridad pública” que es más bien la seguridad del Estado, mostrando su falta de preparación y buen funcionamiento, pues con la reforma lo que queda visible es su fracaso como autoridad impartidora de justicia. Ya que si en algo estoy de acuerdo es en que la dignidad humana y la libertad individual imponen igualdad para todos los individuos sin excepciones, ni si quiera está justificado tratar a los delincuentes como enemigos en situaciones extremas… El Derecho debe actuar siempre como tal y no como poder.

Porque mejor no tratar de prevenir la delincuencia organizada en vez de pensar en que se hará después de que surja el problema, tener medio legales sin perjudicar los Derechos Humanos que tanto trabajo han costado que se reconozcan, formando un ministerio publico en el cual la gente pueda confiar reformando su organización interna que no ha funcionado en los últimos años y que ahora se quiere disfrazar de un súper héroe dotado con más fuerza, cuando en un primer momento no lo lograron.

A mi opinión se debe establecer un mecanismo de reparación de daños y perjuicios efectivo de las personas que se vieron sometidas sin justificación ante el poder de la autoridad, pues que pasara cuando en una orden de cateo o privación de las comunicaciones las autoridades no encuentren indicios del delito o de los probables responsables, cual es el trato que se debe de dar a estas personas que tal vez nada tengan que ver pero que por el hecho de que la autoridad tenga alguna premisa de sospecha irrumpa en sus posesiones, vida privada, papeles, domicilio etc, violentándose otros derechos el 16 constitucional y el 14 constitucional, y cuál será la responsabilidad o sanción que tendrán las autoridades que intervinieron en esto y no lograron su cometido.

También se debe de pensar en el daño que ocasionaron a las víctimas, los delitos cometidos no pueden quedar impunes y menos si se trata de homicidio, violación, trata de personas, abusos contra los menores de edad que siempre son los menos amparados, debe de haber un control en cuanto a la reparación del daño en la victima se debe de cerciorar el Estado de que de verdad se cumplió con ese resarcimiento.

En cuanto al mecanismo alterno de solución de controversias estoy de acuerdo pero solo para unos delitos como lo son las lesiones, en los delitos que atentan contra la vida ejercer todo el peso de la ley para que paguen por lo que hicieron siempre y cuando hayan llevado su debido proceso y sean los verdaderos culpables, pues la vida es invaluable, y en otros delitos que quede al arbitrio de las personas si es que quieren que se les castigue a los responsables o que les indemnicen.

Aquellos que cometieron un hecho delictuoso merecen ser castigados pues el fin no justifica los medios (excepto en aquellos en que sea por legítima defensa, estado de necesidad etc.) pero si se debe de probar que realmente ellos son los responsables y para eso se necesita una autoridad que este bien preparada sino quedaran impunes y la historia se volverá a repetir.

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