Derecho Fiscal Represivo

Por María Teresa Requenez Contreras

images-2El poder tributario del cual goza el estado y por medio del cual se allega de recursos para sufragar los gastos públicos realizados por el mismo, es una potestad conferida de la cual goza la administración pública la cual la ejerce de manera estricta y rígida.

Pues no perdona ningún crédito fiscal por mínimo que sea y si a algún contribuyente lo atrapa con alguna irregularidad u omisión de pago las consecuencias se traducen en multas y sanciones, con el fin de que el contribuyente resarza los daños y perjuicios ocasionados al estado y también con el fin de castigar al contribuyente que no cumplió con sus obligaciones, enviando la señal a los demás contribuyentes de lo que puede pasar si alguien incumple con lo ordenado.

Pero ¿porque la autoridad administrativa puede imponer multas que son facultad de las autoridades jurisdiccionales? Por la importancia y urgencia de los intereses generales que son objeto de su actividad, así como la necesidad de reprimir indefectiblemente las violaciones a las normas legales que protegen esos intereses[1].

Sin embargo la Administración Pública, en este caso la Secretaria de Hacienda y Crédito Público que es la encargada de la recaudación, tiene muchas atribuciones las cuales son ejercidas por sus órganos a veces de manera despótica, lo que quiere decir que el órgano administrativo a la hora de realizar el acto, persigue fines diversos de los que la ley tuvo en cuenta para concederle la facultad relativa[2], pues las autoridades no motivan ni fundamentan las resoluciones en las que determinan el crédito fiscal, solo se interesan en obtener recursos de donde sea, el problema es que las personas que no tienen recursos para impugnar un acto de autoridad, prefieren pagarlo aunque sea inconstitucional, que demandar porque saben que contratar a un abogado es más caro que el crédito que les están cobrando. La autoridad usa las atribuciones encomendadas de manera arbitraria.

Ahora también cabe preguntar que es lo ¿qué sucede con los recursos recaudados?, supuestamente son usados para las necesidades del Estado, sin embargo no hay diferencia alguna en los servicios que nos proporciona el Estado y para los cuales contribuimos, lo que si podemos notar es el incremento de impuestos.

Razón por la cual no hay presupuesto para los programas de beneficencia pública, ni para incrementar el salario mínimo, pero si para subir los sueldos de los servidores públicos.

Si se destinara el dinero recaudado por los impuestos para los programas públicos, no habría necesidad alguna de incrementar los impuestos o crear uno nuevo, ya de por si nos cobran impuesto por todo.

Si las autoridades administrativas imponen a los contribuyentes obligaciones las cuales deben de ser cumplidas al pie de la letra, lo justo es que los contribuyentes también exijamos que cumplan con las obligaciones que tiene el Estado esto es mejores servicios, ya que mientras que el Estado cuenta con su facultad represora para que cumplamos coactivamente, los ciudadanos no tenemos algún medio por el cual hacer cumplir al Estado, porque los recursos siempre son desviados o gastados.

Queda claro que la autoridad administrativa tiene un poder inconmensurable a la hora de ejercer sus facultades para exigir el pago, pues de no pagar el Fisco puede embargar los bienes hasta por el monto del crédito fiscal determinado, pero nunca se queda sin recibir lo que le “corresponde”. No obstante también impone sanciones administrativas que tienen un carácter represivo e intimidatorio en su imposición la autoridad administrativa goza de mayor arbitrio que la autoridad judicial, no existiendo límite legal respecto a la sanción pecuniaria que se encuentra facultado para imponer el poder público.[3]

imagesLa autoridad se protege bajo la excusa del interés público, pero ¿qué es?, no hay una definición como tal, pero en el ejercicio de sus funciones siempre ponen delante el interés público una justificación que sirve para que la autoridad pueda actuar de manera represora, a grado tal que la propiedad de los bienes puede ser objeto de expropiación…un derecho continuamente expuesto a la eventualidad de ser sacrificado[4].

El fisco puede disponer de los bienes de aquellos contribuyentes que no paguen con pretexto del interés público, quitándoles lo que tienen pues la autoridad no puede condonar créditos fiscales y eso que tiene facultades exacerbadas, pero claro su único fin es recaudar.

El fisco es casi omnipresente cuando se trata de dinero. Podemos exigir una administración pública que haga su trabajo conforme las disposiciones que regulan el acto administrativo. Pues como dice Bonnard existe una estrecha vinculación entre los motivos y el fin del acto administrativo. La autoridad puede actuar cuando existen motivos que son legítimos y persigue su fin normal, cuando carece de motivo y será ilegal, y cuando actuó conociendo el problema so pretexto de motivos material y jurídicamente inexistentes persiguiendo fines ilícitos, es entonces cuando hay desviación de poder.

Lo cual denota que la autoridad cuando emite los actos puede caer en el segundo y tercer supuesto –que es la mayoría de las veces- no actúa conforme a Derecho, sino en su carácter de autoridad despótica.

Los derechos que tienen los contribuyentes, empezando por el de seguridad jurídica que es fundamental, las autoridades no lo respetan pues no actúan conforme a las disposiciones legales que rigen su actividad.

images-2Existe el juicio de nulidad mediante el cual el contribuyente puede impugnar actos de autoridad que no se ajusten a los ordenamientos, que no este debidamente fundados ni motivados pero muchas veces se torna odioso y tortuosos para los contribuyentes más aún para aquellos que no tienen recursos para contratar un abogado. Incluyendo el hecho de que el cumplimiento de las sentencias por parte de las autoridades se vuelve aún más tedioso, pues muchas veces no cumplen o cumplen cuando les da la gana, porque a las autoridades no se les puede exigir en la misma medida en la que se les obliga a los contribuyentes. Porque las autoridades gozan de muchos privilegios dejando a los contribuyentes a la deriva de las autoridades administrativas.

Las autoridades administrativas necesitan ser supervisadas en cuanto al manejo de sus atribuciones, para que el contribuyente no se encuentre en estado de indefensión. Las obligaciones que existen para la autoridad y para el contribuyente deben de ser cumplidas por ambas.

[1] LOMELÍ, Cerezo Margarita “DERECHO FISCAL REPRESIVO”, editorial Porrúa, México, D.F., 1998, p 30.

[2] Ídem. p 72

[3] Ídem, p 154.

[4] Ídem, p 93.

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