¿Qué es el amparo y en qué consiste el principio de definitividad?

Por Ulises Arellano Monroy

 

Unknown-10Hay infinidad de definiciones y conceptos con respecto del amparo, los estudiosos de la materia y la doctrina no mantienen una postura universal respecto de la naturaleza del mismo. Para algunos autores el amparo es una institución de carácter política, hay quienes sostienen que es un cuasi-proceso o en su defecto un recurso, otros tantos estudiosos del derecho definen al amparo como un juicio constitucional.

El constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela conceptúa al amparo como: “Una institución procesal que tiene por objeto proteger al gobernado contra cualquier acto de autoridad que, en detrimento de sus derechos, viole la Constitución.”[1] Rafael de Pina señala que: “Es un juicio destinado a impugnar los actos de autoridad violatorios de los derechos reconocidos por la Constitución General de México a nacionales y extranjeros y mantener el respeto a la legalidad, mediante la garantía de la exacta aplicación del derecho.”[2] Finalmente Luciano Silva Ramírez define al amparo como: “Un mecanismo de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad para impugnar los actos de los poderes públicos que violen derechos fundamentales y que tiene por objeto restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, volviendo las circunstancias al estado anterior al que se encontraban antes de la violación…y cuya sustanciación se regirá por las formas y procedimientos que determine la propia Constitución, la ley y la jurisprudencia.”[3]

De las tres definiciones dadas con anterioridad la de Luciano Silva Ramírez es la más correcta de acuerdo con las circunstancias actuales de nuestro sistema jurídico. En efecto el amparo es un mecanismo de control de la constitucionalidad y la convencionalidad, atendiendo a la reforma en materia de derechos humanos del año 2011, el actual artículo 103 de nuestra Carta Magna no solamente refiere a los derechos reconocidos en nuestra Constitución sino también en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, incluso en aquellos de la materia, con base en el principio “pro persona” que establece el artículo primero, párrafo segundo de nuestra Constitución. El amparo bien señalan los tres autores es procedente contra actos de autoridad, sin embargo también se deben contemplar las omisiones, tal como lo establece la fracción primera del numeral 103 de nuestro máximo ordenamiento, que determina: “…actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos…”[4] Es prudente mencionar que la Ley de Amparo actual hace procedente nuestro juicio de garantías no solamente contra actos u omisiones de la autoridad, sino también en contra de actos u omisiones de los particulares equiparables a los de autoridad.[5]

Unknown-11El objetivo del amparo señala acertadamente Luciano Silva Ramírez es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, volviendo las circunstancias al estado anterior al que se encontraban antes de la violación. Por quejoso debemos entender no solamente a las personas físicas, sino también a las jurídicas de derecho privado, y excepcionalmente a las de derecho público en defensa de sus intereses estrictamente patrimoniales.[6]

De acuerdo con lo anterior se puede definir al amparo como: “Un juicio autónomo que funge como mecanismo de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad para impugnar los actos y omisiones de la autoridad, así como los actos y omisiones de particulares equiparables a los de autoridad; y que tiene por objeto restituir al quejoso sea persona física, moral de derecho privado o moral de derecho público en defensa de sus intereses estrictamente patrimoniales, en el pleno goce del derecho violado, volviendo las circunstancias al estado anterior al que se encontraban antes de la violación.”

Los principios que rigen al juicio de amparo recaen sobre la acción, el procedimiento y la sentencia. La acción es regida por los principios de instancia de parte agraviada, interés jurídico con existencia de agravio personal y directo, y principio de definitividad; en el procedimiento se observa la prosecución judicial. Finalmente en las sentencias imperan los principios de: relatividad, declaratoria general de inconstitucionalidad, estricto derecho y suplencia de la queja deficiente. En este ensayo únicamente trataré del principio de definitividad, por considerarlo pilar fundamental en el juicio de amparo.

El Diccionario de la Constitución Mexicana señala respecto del principio de definitividad lo siguiente: “Significa que para poder acudir al amparo es necesario que el individuo, previamente, haya agotado todos los medios que tenía a su alcance para atacar el acto reclamado, ya sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo…”[7]

En efecto el principio de definitividad consiste en que el quejoso antes de promover el amparo está obligado a agotar los medios de defensa que concede la ley del acto reclamado, tendientes a modificarlo, confirmarlo, revocarlo o nulificarlo, ya que de no hacerlo así se estará en presencia de una causal de improcedencia.[8] Sin embargo este principio no es absoluto, tiene sus excepciones; no existe obligación de agotar el principio de definitividad cuando se está en presencia de actos de imposible reparación; tampoco cuando haya violaciones directas a los artículos 14, 16, 19, 20 y 22 de la Constitución.

En materia jurisdiccional en sentido amplio no se está obligado a agotar dicho principio cuando se trata de personas extrañas al juicio; en materia administrativa no existe obligación cuando: la ley que rige el acto no contempla ningún recurso o bien el recurso exige más requisitos que los que determina la Ley de Amparo, cuando el acto no está fundado, el recurso se establece en el reglamento y no en la ley respectiva, cuando la autoridad responsable funda y motiva su informe justificado. Este principio tampoco opera cuando se tramita un amparo contra normas o cuando existan violaciones directas a la Constitución.

Puedo concluir que es indispensable conceptuar al amparo y entenderlo como un juicio que no solamente funge como mecanismo de control de la constitucionalidad sino también de la convencionalidad, de conformidad con la reforma en materia de derechos humanos del año 2011. Anteriormente el amparo solamente procedía contra actos u omisiones de la autoridad, la actual ley reglamentaria del artículo 107 constitucional también lo hace procedente en contra de actos u omisiones de particulares equiparables a los de autoridad. Es de suma relevancia entender que no solamente las personas físicas pueden tramitar un juicio de amparo.

Unknown-12Por otro lado se puede concluir que el principio de definitividad es de suma importancia en el amparo, ya que de no cumplirlo se estará en presencia de una causal de improcedencia de conformidad con la Ley de Amparo, aunque hay que destacar que existen excepciones a la regla.

Fuente de consulta

  1. Colegio de Profesores de Derecho Procesal, Diccionarios Jurídicos Temáticos. Derecho Procesal, Oxford, México, 2000, 272 pp.
  2. Silva Ramírez, Luciano. El Control Judicial de la Constitucionalidad y el Juicio de Amparo en México, Porrúa, México, 2016, 843 pp.
  3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Porrúa, México, 2016, 236 pp.
  4. Ley de Amparo: Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Sista, México, 2016, 162 pp.
  5. Biebrich Torres Carlos Armando y Spíndola Yáñez Alejandro, Diccionario de la Constitución Mexicana. Jerarquía y Vinculación de sus conceptos, Porrúa, México, 2014, p.520.

[1] Colegio de Profesores de Derecho Procesal, Diccionarios Jurídicos Temáticos. Derecho Procesal, Oxford, México, 2000, p.21.

[2] Ibídem.

[3] Silva Ramírez, Luciano. El Control Judicial de la Constitucionalidad y el Juicio de Amparo en México, Porrúa, México, 2016, p.62.

[4] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Porrúa, México, 2016, p.152.

[5] Cfr. Ley de Amparo.

[6] Cfr. Ley de Amparo.

[7] Biebrich Torres Carlos Armando y Spíndola Yáñez Alejandro, Diccionario de la Constitución Mexicana. Jerarquía y Vinculación de sus conceptos, Porrúa, México, 2014, p.520.

[8] Cfr. Ley de Amparo. Art. 61 (XVIII, XIX y XX), 63 (V).

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