¿Procedería un Amparo contra la Universidad Nacional Autónoma de México en virtud de un interés legítimo?

Por Ximena Gallardo Valencia

imagesLeyendo un poco sobre la reforma constitucional de los artículos 103 y 107 en materia de Amparo del 11 de junio del 2011 incorporando las instituciones del interés legítimo y del Amparo contra particulares cuando realicen actos equiparables a los de una autoridad en virtud de normas generales, surgió en mí una pregunta, ¿procedería un Ampao en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México, interpuesto por algún aspirante que haya sido rechazado en el concurso de selección por examen general de conocimientos a nivel licenciatura cuando se quedan a un acierto, alegando la afectación de un interés legítimo?

Para poder intentar contestar esta pregunta es importante primero conocer lo que implica el interés legítimo y si la UNAM, para efectos del Amparo, se podría tomar como una autoridad o como un particular que realiza actos equiparables a los de una autoridad.

Iniciaremos con interés legítimo en contraposición con el interés jurídico. Hasta antes de la reforma del 2011 solamente procedía el Amparo cuando el quejoso acreditaba la existencia del interés jurídico y que hubiera una afectación directa en su derecho siendo ambos requisitos sine qua non.

Gabino Castrejón García define al interés jurídico como “aquel derecho subjetivo derivado de la norma jurídica que permite a su titular acudir ante la autoridad competente para reclamar el cumplimiento de un derecho o de una obligación a cargo de una persona o del Estado”.[1]

El interés legítimo es una institución proveniente del derecho administrativo, es retomada por el legislador en materia de Amparo con el objetivo de ampliar el acceso a la justicia de los gobernados, establecida en el artículo 107 constitucional fraccion I, diciendo lo siguiente:

images-2Artículo 107. I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Dicha fracción no da una definición de lo que es el interés legítimo pero nos da algunos elementos como que es una afectación a la esfera jurídica de una persona por un acto de autoridad que no afecta directamente sus derechos.

En la doctrina se establece que cuando una persona considera que hay una afectación a su esfera jurídica, sin ser titular del derecho subjetivo, en virtud de un acto de autoridad que violenta un derecho tutelado por una norma o que una ley impone una obligación a la autoridad y esta omite su realización hay un interés legítimo.

El punto determinante para establecer la existencia del interés legítimo es que del resultado de la aplicación correcta de la norma o la anulación del acto se traduzca en un beneficio o la evitación de un perjuicio. Además “el interés legítimo es de naturaleza presuntiva, es decir, que si bien la carga o es que de la prueba corre a cargo del accionante quien deberá acreditar el mismo, no menos cierto es que la simple presunción de que una persona sea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad, le genera el derecho de acceder al sistema de impartición de justicia para esta en posibilidad de impugnarlo.”[2]

Con base a la diferencia ya establecida considero que, quien promoviera el Amparo en contra de la UNAM, podría decir que el negarle el acceso a la Universidad, es un acto unilateral que afecta no su interés jurídico, sino legitimo a la educación superior, esto en virtud de que en el supuesto de haber obtenido un acierto menos de los requeridos para ingresar a la Licenciatura X, no ha obtenido ese derecho sustantivo de ser alumno de la Universidad, además la educación superior no es obligatoria por lo tanto no se puede exigir como tal, pero podría alegar que con este acto la Universidad afecta un interés legítimo, pudiendo ser este el de la educación.

Es importante para los efectos del amparo determinar si la UNAM es una autoridad, la Ley de Amparo establece quien es autoridad en el artículo 5 fracción II y dice lo siguiente:

Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

  1. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

Jorge Meza Pérez considera que el articulo atiende a dos tipos de autoridades: las autoridades publica puras y las funcionales, las puras son los órganos del estado, obligados a ceñirse al mandato constitucional debido a su naturaleza respetando los derechos fundamentales; las funcionales son las que ejercen funciones públicas pero no son autoridades públicas y también deben de respetar los derechos humanos cuando realicen sus funciones.[3]

La Universidad es un organismo descentralizado del Estado, estrictamente utilizando el criterio de Jorge Meza, la universidad podría encuadrar dentro de las autoridades públicas funcionales, pero eso no quiere decir que es un particular.

El doctor Luciano Silva Ramírez considera que estos actos de particulares como autoridad se darán en virtud de autorizaciones, permisos, licencias, concesiones y la procedencia del amparo será en virtud de un interés legítimo ya que, la afectación será respecto a los derechos humanos de tercera generación, es decir, derechos ambientales y culturales.[4]

Una vez analizando toda la información obtenida considero que no se puede interponer un Amparo contra la UNAM porque en primer lugar no es un particular, ni tampoco es una autoridad para los efectos del amparo por lo tanto ningún Amparo procedería, en segundo lugar no considero que pueda considerarse como interés legítimo el quedar fuera por no alcanzar a obtener los aciertos requeridos en el examen de conocimientos, si bien es cierto que existe una verdadera afectación a miles de aspirantes y que el interés legítimo es de naturaleza presuntiva, ninguna ley obliga a la Universidad a impartir la educación superior, el contrario el artículo 1° de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México lo establece más bien como su finalidad, por lo tanto el dejar afuera a miles de aspirantes no está violando una ley general ya que una finalidad no es equiparable a una obligación.

images-1Tal vez suceda que alguien promueva su Amparo pero dudo mucho que no sea desechada al instante y si algún juez la llegara a admitir generaría un gran caos ya que cada uno de los más de 100,000 rechazados también promoverían sus Amparos y simplemente el órgano jurisdiccional se vería enterrado en papeles.

Considero que la solución al problema de todos esos aspirante no es obligar a la UNAM a aceptarlos (lo cual es físicamente imposible por la capacidad de las instalaciones), la solución podría ser obligar al Estado a crear más instituciones como la UNAM, con instalaciones y docentes de calidad.

Fuentes consultadas

CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo, “El interés legítimo y jurídico en el sistema de impartición de justicia “,Aída. Ópera Prima de Derecho Administrativo, México, 2012, Numero 11, http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/aida/cont/11/art/art2.pdf

MEZA PÉREZ, Jorge, “La importancia de la interpretación amplia de los actos particulares como objeto del juicio de amparo”, México, 2015, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3826/22.pdf

SILVA RAMÍREZ, Luciano, “algunas consideraciones sobre la reforma constitucional del juicio de amparo (artículos 103 y 107 constitucionales) ”, Cultura Jurídica de los Seminarios de la Facultad de Derecho, México, http://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/revista-cultura/pdf/CJ2_Art_4.pdf

[1] Castrejón García, Gabino Eduardo, “El interés legítimo y jurídico en el sistema de impartición de justicia “,Aída. Ópera Prima de Derecho Administrativo, México, 2012, Numero 11, http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/aida/cont/11/art/art2.pdf

[2] Castrejón García, Gabino Eduardo, op.cit., p. 60

[3] Meza Pérez, Jorge, “La importancia de la interpretación amplia de los actos particulares como objeto del juicio de amparo”, México, 2015, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3826/22.pdf

[4]Silva Ramírez Luciano, “algunas consideraciones sobre la reforma constitucional del juicio de amparo (artículos 103 y 107 constitucionales) ”, Cultura Jurídica de los Seminarios de la Facultad de Derecho, México, http://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/revista-cultura/pdf/CJ2_Art_4.pdf

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