Control de la Constitucionalidad

Por José Luis Rebollo Ornelas

thEn el presente ensayo se trata el tema del Control de la Constitucionalidad. Para este efecto, me gustaría señalar primero qué es el control de constitucionalidad, cuales han sido las formas o sistemas que se han desarrollado para la defensa de la Constitución, y finalmente, compartir algunas conclusiones sobre el esquema de control de la constitucionalidad que se ha adoptado en México desde mi perspectiva.

Control de la Constitucionalidad

El control constitucional constituye un sistema establecido por la Constitución para su propia defensa, ya que permite garantizar la salvaguarda de la ley suprema ante la posibilidad de ser infringida o vulnerada por las autoridades, con el objeto fundamental, histórico y jurídico de proteger y mantener el orden constitucional haciendo prevalecer el principio de supremacía de la Constitución.

Para el ejercicio del control constitucional se requiere de la existencia de medios de control o defensa de la Constitución, que son los procedimientos que se encuentran previstos por la ley fundamental con el fin de protegerla y salvaguardarla.

Es importante destacar que los medios de control o defensa de la ley suprema no son procedentes tratándose de violaciones a la Constitución por parte de un gobernado, ya que en ese caso, lo que procede es sancionar al infractor conforme a las leyes penales o de responsabilidades. En ese sentido, se ha manifestado que la defensa típicamente constitucional es la que se erige para contener a los poderes dentro de sus órbitas respectivas.

Formas del Control de la Constitucionalidad

Existen diversas clasificaciones sobre la materia, no obstante, para los efectos del presente ensayo basta con señalar, que las constituciones básicamente han establecido dos distintos medios de defensa o sistemas de control, atendiendo a la naturaleza jurídica del órgano que realiza la defensa de la Constitución:

a) El control de la constitucionalidad por órgano político; y b) El control, por un órgano judicial.

Control político

Se caracteriza porque el encargado de ejercer el control constitucional es un poder de índole política; se considera como uno de los dos principales sistemas de control constitucional.

Este sistema surgió en Francia como resultado de las ideas de José Siéyes. En México dicho sistema fue considerado en la Constitución Centralista de 1836, que en su texto estableció un medio de defensa constitucional por órgano político, al que llamó “Supremo Poder Conservador”, inspirado en el Sénat conservateur de la constitución francesa de 1799, encargado de la función de velar por la pureza de la Constitución, previa la solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad formulada por alguno de los órganos estatales que, obviamente no intervinieron en la emisión del acto que se atacaba de tal vicio.

Los sistemas de control político de la constitucionalidad de leyes son de carácter th-2preventivo, o sea que operan antes de que la ley entre en vigor y no con posterioridad a su expedición y promulgación; y en algunas ocasiones, pueden constituir además, un control con función meramente consultiva, es decir, de una simple opinión que carece de fuerza obligatoria para los órganos legislativos o de gobierno .

El sistema de control constitucional por órgano político se caracteriza por lo siguiente:

  • –  La preservación de la ley fundamental se encomienda bien a un órgano distinto de aquellos en quienes se depositan los tres poderes de Estado, o bien se confía a alguno de éstos;
  • –  La petición de inconstitucionalidad corresponde a un órgano estatal o a determinados funcionarios públicos, en el sentido de que el órgano de control declare la oposición de un acto de autoridad o una ley con la Constitución;
  • –  Ante el órgano de control no se ventila ningún procedimiento contencioso (juicio o proceso) entre el órgano peticionario y aquel a quien se atribuye el acto o la ley atacados; y,
  • –  Las declaraciones sobre inconstitucionalidad tienen efectos absolutos.

    Este sistema presenta el inconveniente de que el control de la constitucionalidad no puede ser ejercido por un particular que resulte afectado en sus derechos con una ley o acto contrario a la ley fundamental, ya que ello sólo le corresponde a los órganos estatales o a determinados funcionarios públicos.

    Control jurisdiccional

    El ejercicio del control de la constitucionalidad en este sistema corresponde a un órgano del poder judicial quien está facultado para examinar la constitucionalidad de los actos de cualquier autoridad federal o local. Este sistema ha sido el más acogido por las legislaciones.

    Las características principales de este sistema de control constitucional son:

– El ejercicio del control de la constitucionalidad está a cargo de un órgano judicial;

  • –  Cualquier gobernado, al que le afecte una ley o acto de autoridad, está legitimado para solicitar su inconstitucionalidad ante el órgano judicial;
  • –  Para determinar la no conformidad de la ley o acto impugnado a la ley suprema se sustancia un juicio o proceso, entre el particular que se considere agraviado y la autoridad responsable; y,
  • –  Las determinaciones del órgano judicial respecto a la inconstitucionalidad de la ley o acto impugnado, tienen efectos únicamente para las partes contendientes.

    Los dos grandes sistemas de control jurisdiccional

    Bajo el enfoque “subjetivo”, es decir, el relativo a los órganos a los cuales se confía el poder de control, se pueden distinguir sustancialmente dos grandes sistemas de control judicial de la legitimidad constitucional de las leyes ordinarias: un primer tipo , en el cual el poder de control es difuso, pues se distribuye entre varios órganos judiciales ordinarios . También se ha llamado “americano”, en virtud de que surgió por primera vez y todavía en la actualidad se realiza en los Estados Unidos de América, de cuyo sistema constituye la más exclusiva y característica institución; y un segundo tipo, en el cual, por el contrario, ese poder de control es concentrado, en virtud de que se centraliza en un solo órgano judicial, también denominado austriaco, por que su arquetipo mas interesante fue configurado en la Constitución Federal austriaca de 1o de octubre de 1920, y que habiendo sido suprimida durante la ocupación nacional socialista fue posteriormente puesta de nuevo en vigor .

    Sistema de control difuso de la constitucionalidad

    Se caracteriza porque la facultad de control no se concentra en un único órgano judicial, sino por el contrario corresponde, en general, a todos los órganos judiciales de un determinado país. La doctrina que se encuentra en la

base del mecanismo de control difuso de la constitucionalidad de las leyes, es muy coherente y de gran simplicidad, ya que se trata, al fin de cuentas, de aquella misma doctrina que dio fundamento a la famosa decisión redactada en 1803 por John Marshall en el Caso Marbury contra Madison.

En el método de control “difuso” de la constitucionalidad, todos los órganos judiciales, inferiores y superiores, federales y locales, poseen, según se ha visto, el poder-deber de desaplicar las leyes inconstitucionales en los casos concretos sometidos a su conocimiento .

Sistema concentrado de control de la constitucionalidad

th-1Los “padres” de la Constitución austriaca, quienes fueron influenciados por el pensamiento del ilustre jurista vienés Hans Kelsen, consideraron conveniente para velar por la supremacía constitucional crear un órgano judicial especial, es decir, una Corte Constitucional austriaca.

Esta solución ha dado lugar a lo que se ha llamado el control “concentrado” de la constitucionalidad de las leyes, concentrado precisamente en un único y particular órgano judicial, ideado y creado especialmente para esta función de revisión judicial de las leyes .

Este sistema de control concentrado de la constitucionalidad significa una profunda diferencia con el sistema americano de control “difuso”. En el sistema de control concentrado, la inconstitucionalidad, y por consiguiente, la invalidez de la ley, no puede ser determinada y declarada por cualquier juez como una simple manifestación de su poder-deber de interpretación y de aplicación del derecho a los casos concretos sometidos a su conocimiento. Por el contrario, los jueces comunes (civiles, penales o administrativos) son incompetentes para conocer de la cuestión de inconstitucionalidad de las leyes con eficacia limitada al caso concreto.

En tal virtud no resulta injustificada la idea del estudioso que al respecto pretende hablar de una verdadera y propia presunción absoluta de validez de las leyes; una presunción operante para todos los jueces, excepción hecha de la Corte Constitucional; presunción que no existe de ninguna manera en los sistemas que han adoptado el método de control “difuso” de la constitucionalidad.

CONCLUSIONES

  1. Si bien la idea del establecimiento de mecanismo de control de la constitucionalidad se ha desarrollado fundamentalmente a través de dos modelos, el “difuso” y el “concentrado”, lo cierto es que ambos sistemas presentan ventajas y desventajas.

    En este contexto son numerosos los países que han adoptado un sistema mixto con el que pretenden tomar lo mejor de los dos sistemas antes señalados.

  2. En México el Control de la Constitucionalidad se desarrolló por vías originales y distintas a los mecanismos establecidos en otras naciones. En tenor, se desarrolló el Juicio de Amparo que es el medio protector por excelencia de las garantías constitucionales establecidos en la Constitución. Este juicio opera a semejanza del sistema “difuso”, sin embargo, en el sistema jurídico mexicano existen otros medios de Control Constitucional, por lo que debe estimarse que el sistema es mixto.

    Entre estos otros mecanismos se destacan:

    1. a)  Las controversias constitucionales, que constituyen juicios

      promovidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se suscitan entre poderes o entes de gobierno por invasiones de esferas competenciales;

    2. b)  Las acciones de inconstitucionalidad, que son juicios tramitados también ante la Suprema Corte, en los que se denuncia la posible contradicción de normas de carácter general con la Constitución

3.

a)

b)

Federal, y que tienen por objeto obtener la declaración de invalidez

de la norma reclamada;
c) Los procesos jurisdiccionales en materia electoral tales como el

Juicio para la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos, el Juicio de Revisión Constitucional, el Recurso de Apelación, etc. En general, los órganos que tienen competencia para conocer de este tipo de juicios son las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que están dotadas de facultades para garantizar la constitucionalidad de todos los actos en materia electoral; y,

d) El Juicio Político, que constituye una facultad del Congreso de la Unión para conocer de faltas de altos funcionarios en el desempeño de sus labores en contravención a la ley y por ende a la Constitución Federal.

Existen otros mecanismos que coadyuvan al control de constitucionalidad aunque sus sentencias estrictamente no son vinculantes, sino que su valor deriva del peso moral de las autoridades que las emiten. Entre estos mecanismos destacan:

El ejercicio de la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecido en el Artículo 97 de la Constitución que le confiere atribuciones para averiguar o indagar sobre hechos que pudieran constituir una grave violación a las garantías individuales; y,

Las recomendaciones emitidas por los organismos autónomos no jurisdiccionales protectores de derechos humanos.

Fuentes Consultadas

Cappelleti, M. (1987). La Justicia Constitucional. México: Facultad de Derecho de la UNAM.
Burgoa, I. (1982). Derecho Constitucional Mexicano. México: Editorial Porrúa. Salgado, R. T. (2007). Introducción al Estudio de la Justicia Constitucional Electoral en México. México: Angel Editor.

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