ADMISIÓN DE PRUEBAS POR MEDIO DE VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES.

Por Samantha Rivera Flores 

images-5La implantación de un sistema acusatorio en México, reclama una activa intervención de las partes procesales para vigilar el respeto de sus derechos y libertades, pero establece de manera correlativa una obligación para el Estado de establecer los mecanismos para su efectiva práctica.

Destacando la importancia del tema de la prueba en el sistema acusatorio, que conforme a los artículos 16 Y 19 constitucionales reformados, se maneja como requisito para el auto de vinculación al proceso, ahora se exige precisar los datos que establezcan que se ha cometido el hecho delictuoso y que exista la posibilidad de que el indiciado cometió o participó en su comisión.

Probar es suministrar en el proceso el conocimiento de cualquier hecho, de manera que se adquiera para sí o se engendre para otros la convicción de la existencia o verdad de un hecho, como para decidir una cuestión incidental o de fondo. En estricto orden esquemático, es preciso entender la conceptualización de la “prueba”, como término jurídico.

El momento procesal para dar a conocer las pruebas es la audiencia intermedia en las que autorizan los acuerdos probatorios, esto es, los puntos que ambas partes reconocen como ciertos y que, por tanto, no serán sujetos a debate en el juicio, es precisamente en esta etapa en la que se deberá depurar tales pruebas, para el dictado del auto de apertura del juicio oral.

La licitud de la obtención de la fuente de prueba, es un requisito intrínseco de la actividad probatoria, consistente en que solo son admisibles como medios de prueba aquellos cuya obtención se haya producido conforme a las reglas de la legislación constitucional, procesal y de los convenios internacionales en materia de derechos humanos, por lo que comprende tanto las formalidades esenciales del procedimiento para la obtención de evidencias o fuentes de pruebas como las diligencias de cateo, intervenciones de comunicaciones privadas, arraigos, cuya falta o quebrantamiento de la formalidad en su obtención permite declarar la prueba obtenida; en tanto, que el aspecto material del principio de licitud exige que ésta no se haya obtenido por medio del engaño, coacción, tortura física o psicológica.

La exclusión de la prueba ilícita supone la imposibilidad de admitirla y valorarla, esto es, su inutilización en el proceso, o si se quiere, su nulidad. La exclusión de prueba ilícita es reflejo de una ideología jurídica comprometida con los derechos fundamentales y en virtud de que piensa que ese esclarecimiento no puede ser obtenido a cualquier precio, en particular al precio de vulnerar derechos fundamentales del imputado dentro de un proceso penal. Se debe admitir y utilizar la prueba que no está contaminada con la actividad ilegal.

El Máximo Tribunal Constitucional, estableció que acorde con la regla procesal de exclusión de pruebas ilegalmente obtenidas, si bien, no podía darse valor legal en juicio a probanzas obtenidas con violación al debido proceso legal, al resultar contrario a tal regla considerar las actuaciones y probanzas realizadas con motivo de un cateo efectuado sin cumplir con los requisitos constitucionales, pues además que de darles valor a tales actos, sería tanto como convalidar de manera parcial el cateo realizado en dicha forma en beneficio de la autoridad, toda vez que se declararía carente de valor probatorio el cateo, lo cierto es que las pruebas en él encontradas, mismas que derivan de tal diligencia, podrían ser consideradas en contra de quien fue molestado en su domicilio.

images-7Si bien el cateo presupone la comisión de un delito, me parece que este supuesto en que se puedan considerar las pruebas obtenidas de un cateo aun cuando no se constituyó legalmente y se han violentado derechos fundamentales por parte de la autoridad, es bastante peligroso y eso aunado a un delito cometido en flagrancia, entonces qué garantía tiene el civil de no ser molestado en su domicilio, pues cabe la posibilidad de que no se encuentren pruebas y la misma autoridad “siembre” las pruebas que se necesitan para acusarlo.

Este supuesto se tiene que estudiar desde dos vertientes, la primera, que exista un policía bien entrenada y dispuesta a cumplir con su ejercicio de la manera más honesta posible, obedeciendo a los principios legales, y la otra perspectiva, quizá más pesimista, que es en la cual, la autoridad exigirá culpables, y podrán violentar derechos de cualquier civil que se encuentra en el lugar equivocado en el momento equivocado y resulta ser inculpado por un delito que no cometió.

El CRITERIO DE PROPORCIONALIDAD consiste en sopesar, en el caso concreto, los derechos fundamentales en conflicto y excepcionalmente permitir las pruebas, que en otras circunstancias, serían consideradas ilícitas, por ejemplo, utilizar una grabación, tomada por medio del teléfono, donde consta la propuesta de pagar una suma de dinero por la muerte de una persona, puede ser utilizada para evitar la muerte de esa persona, y ser apreciada dentro de un proceso judicial, aunque hubiere sido tomada sin autorización de las autoridades.

Para el caso de México este criterio es de gran beneficio para los ciudadanos, ya que la autoridad muchas veces abusa de su jerarquía frente a los civiles, por lo que el poder tomar una grabación dejando en evidencia un acto hecho por ellos, ya sea una amenaza o la misma acusación de la comisión de un delito cuando no se ha cometido.

En el sistema acusatorio el Ministerio Público Federal es el encargado de buscar las pruebas que puedan excluir del delito, al igual que debe recaudar por su propia cuenta el material probatorio, sin disminución de la vigencia de la presunción de inocencia así como del debido proceso y defensa adecuada previsto en el artículo 20 constitucional, que establece que el inculpado tiene derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra.

images-6Formalmente, la carga probatoria recaerá en quién culpa, en la autoridad, y se le tratará al inculpado como inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, una vez más, creo que formalmente, en las leyes, se respetaran siempre derechos fundamentales, e incluso se ha ampliado la carga y el valor que se le dan a las pruebas. El verdadero problema que encuentro es lo material, si realmente se aplicará en la práctica, pues es un trabajo en conjunto, no solo de Ministerio Público, sino de policías y jueces, incluso de la defensa.

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