Tortura

Por Juan Arizmendi Barrón

Unknown-8En el presente trabajo se abordará el tema de la tortura desde las dos perspectivas que se derivan de los autos del amparo directo en revisión 6564/2015, interpuesto contra la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil quince, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en el juicio de amparo directo.

La primera perspectiva referente a que si en los casos en los que no exista confesión o algún otro acto que implique autoincriminación como consecuencia de los actos de tortura alegados, no resulta procedente ordenar la reposición del procedimiento, pues la violación a derechos humanos derivada de la tortura carece de trascendencia en el proceso penal por no haber impacto.

La segunda, consistente en que las autoridades tienen la obligación ineludible de prevenir, investigar, sancionar y reparar la tortura cuando exista denuncia o razón fundada. Por lo tanto la tortura debe ser estudiada a pesar de que dentro del proceso no se encuentren declaraciones, confesiones o alguna otra clase de información auto incriminatoria siempre que, exista denuncia o razón fundada, debido a que la tortura como violación de derechos humanos con impacto en el proceso penal no se limita a la finalidad de lograr una confesión.

Por lo anterior, el estudio del presente trabajo se centrara en análisis respecto a la trascendencia de la tortura en el proceso penal en el que no existen declaraciones, confesiones o cualquier información auto incriminatoria.

Capítulo I

Planteamiento del problema

Al estudiar el tema de la tortura es de gran importancia estudiar la definición que nos proporciona la Ley Federal Para Prevenir Y Sancionar La Tortura en el que establece en su artículo tercero que el delito de tortura va a tener la finalidad de obtener información o una confesión del torturado o de un tercero, así como el de castigar o pretender que se realice o deje de realizar cierta conducta.

Así las cosas, podemos observar el problema radica en que, la tortura al considerar que tiene como principal fin el obtener, del torturado o de terceros, información que pueda ser utilizada dentro del proceso para incriminar al procesado, se da por hecho que al no haber datos incriminatorios dentro del proceso, no tendrá ningún efecto negativo dentro de este, dejando sin estudiar la los actos realizados por la autoridad. Esto sin duda es un problema que puede causar grandes repercusiones a los derechos fundamentales de los procesados, ya que al no estudiarse a detalle la tortura se podría dejar pasar datos relevantes dentro del proceso que fueron obtenidos de manera directa o indirecta a través de la misma.

Capítulo II

                                     Desarrollo del engrose

El engrose versa sobre los autos del amparo directo en revisión 6564/2015, interpuesto contra la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil quince, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.

En el que se señala como autoridades responsables a:

  • El Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito, en carácter de ordenadora.

  • El Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, en carácter de ejecutora.

Cuyo acto reclamado es la resolución de dieciséis de julio de dos mil quince, dictada en la apelación que confirmó la sentencia emitida en la que se condenó al quejoso con cuatro años diez meses de prisión y cincuenta y un días de multa, al considerarlo penalmente responsable de la comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; posesión de cartuchos para armas castrenses del País; y, contra la salud, en su modalidad de posesión de cocaína y metanfetamina.

El quejoso señaló que fueron violados sus derechos fundamentales, establecidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 20, 22, 29 y 133 de la Constitución Federal, al no respetar los Derechos Humanos y sus garantías individuales ahí consagrados, asi como demás aplicables en los diferentes ordenamiento jurídicos aplicables.

Lo anterior, en virtud de que asegura que el Plazo máximo de retención ante la autoridad ministerial no se cumplió puesto que la Puesta del indiciado ante la autoridad fue tardía (alcance de lo dispuesto por el artículo 16, párrafo décimo, constitucional)”, sumado a que en relación con el agravio relativo a la tortura a que dice el recurrente fue sometido.

Unknown-6Cabe resaltar que en la sentencia de primera instancia en el tema de tortura, en virtud de que el inculpado refirió haber sido golpeado, se determinó no dar vista al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Jalisco, ni al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, porque al emitirse el auto de plazo constitucional, se abordó el tema en comento.

Al momento de interponer el Juicio de amparo directo se alega como primer concepto de violación la detención y retención por elementos de la Policía Federal y sin puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público Federal (instalaciones de la policía municipal y servicios médicos municipales de Tototlán, Jalisco), debido a que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, seis horas y media posteriores, sin que ello se justifique con los argumentos de que el detenido fue inspeccionado medicamente en Tototlán, Jalisco; que se interrogó a la doctora, quien expuso haber realizado el examen aproximadamente en veinte minutos y media hora.

Después se señala que la detención indebida, retención, implica grave violación a los derechos humanos del quejoso y también se vincula como primer factor conector con el tema de la tortura. Con cita de lo que disponen los artículos 22 y 29 de la Constitución Federal, así como las definiciones de tortura previstas en los preceptos 3°, 8° y 9° de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2° de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

El juicio de amparo se resolvió el veintiséis de octubre de dos mil quince, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en el sentido de negar el amparo solicitado.

Finalmente en el recurso de revisión, referente al tema que nos ocupa que es la tortura, la primera sala señala que:

Para el caso de que se denuncie la tortura, pero no se corrobore la existencia de la confesión de los hechos, ni de ninguna otra declaración o información auto incriminatoria, resultará que no habrá prueba sobre la que pudiera impactar la correspondiente violación de derechos humanos. En el entendido de que pudieren existir específicos supuestos en los que se acredite que existen declaraciones, datos o información que si bien no entran en el contexto de la confesión, si pueden encontrarse vinculados con el proceso penal y deben ser considerados pruebas ilícitas, pues no debe descartarse que en razón de la tortura pudiere obtenerse la declaración de algún testigo o coinculpado.

Así, se establece que a ningún sentido práctico conduciría el hecho de que, con motivo de la correspondiente denuncia de tortura, se ordenara la reposición del procedimiento a efecto de realizar la investigación, pues finalmente, aunque se justificara perfectamente la violación de derechos humanos, no habría consecuencias procesales, por no haber confesión, declaración o información que excluir.

Finalmente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegó a la convicción de que por regla general, la violación al derecho fundamental a no ser objeto de tortura, únicamente impacta en el proceso penal cuando el inculpado ha emitido confesión de los hechos o existe alguna otra declaración o información auto incriminatoria; y, por tanto, cuando esta confesión no existe, y del examen de las circunstancias se llega a la convicción de que no existen otras pruebas que deriven directamente de la alegada tortura, a ningún sentido práctico conduce ordenar la reposición del procedimiento para que se investigue la denuncia de tortura; pues al no generar consecuencias procesales, por no haber confesión que excluir, ni conexión contra otras pruebas, con la reposición del procedimiento sólo se incidirá en perjuicio del derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia que se consagra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En conclusión, debe dejarse establecido que en casos como el que ahora se analiza, en los que no exista confesión o algún otro acto que implique autoincriminación como consecuencia de los actos de tortura alegados, no resulta procedente ordenar la reposición del procedimiento de conformidad con la jurisprudencia 1ª. 10/2016 (10ª.), pues la violación a derechos humanos derivada de la tortura carece de trascendencia en el proceso penal por no haber impacto.

Por lo que la primera sala resolvió que en la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida y que la Justicia de la Unión no ampara ni protege en contra de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito.

Capítulo III.

Desarrollo del voto particular

El voto particular lo desarrolló el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en relación con el amparo directo en revisión 6564/2015, resuelto por la Primera Sala De La Suprema Corte De Justicia De La Nación en sesión de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.

Durante el desarrollo del voto particular, el ministro explica y argumenta sus razones por las cuales no está de acuerdo con la determinación a la que llego la primera sala.

Unknown-5En primer lugar explica que con la afirmación de la mayoría de que en ausencia de confesión, la posibilidad de que la tortura esté a la base de la evidencia incriminatoria –sea cual sea su fuente y carácter- no debe siquiera estudiarse, pues sin confesión la alegada tortura carecerá de impacto procesal, el no se encuentra de acuerdo con dicha afirmación pues, explica que esta afirmación es errónea porque interpreta que la tortura como violación de derechos humanos con impacto en el proceso penal se limita a la finalidad de lograr una confesión y dice que esta determinación contradice el parámetro de regularidad constitucional del derecho a la integridad personal que asigna a la tortura –entre otras- finalidades punitivas y de investigación criminal, lo que puede resultar en el surgimiento de evidencia de distinta índole y, con ello, en impacto en el proceso penal.

En segundo lugar explica que existe una confusión respecto al alcance de las obligaciones de investigación de parte de las autoridades jurisdiccionales. Al respecto, la sentencia de mayoría parecer limitar estas obligaciones a la reposición del procedimiento y, por ello, desde una lógica pragmática, decide limitar esta alternativa a la presencia de confesión en la causa penal de origen. Por lo que él no está a favor de esta afirmación. La labor de investigación a cargo de las autoridades jurisdiccionales no implica forzosa e indefectiblemente la reposición del procedimiento. Esta consecuencia procesal sólo será necesaria cuando el órgano jurisdiccional no pueda, con base en los indicios disponibles en la causa, llegar a una conclusión fundada y motivada sobre la ocurrencia de actos de tortura y su relación con la evidencia incriminatoria. La reposición de procedimiento tiene como propósito, entonces, una profundización de la investigación para cerciorarse de que la tortura no es la fuente de la evidencia incriminatoria.

Más adelante, menciona que la mayoría reitera que sin autoincriminación no habrá consecuencia probatoria que invalidar en el proceso. Sin embargo, afirma con base en precedentes que considera y elude al mismo tiempo, que se debe analizar si no hay ninguna prueba relacionada directamente con la tortura. Sin embargo, no existe razón alguna, ni precedente internacional alguno para jerarquizar las pruebas obtenidas bajo tortura –primero la confesión y sólo en caso excepcionales, el resto– sino que es preciso analizarlas conjuntamente para establecer cuáles deberían invalidarse. Bastaría con concluir –como lo dicen nuestros precedentes– que todas las pruebas se analizarán para descartar o confirmar su vínculo directo e inmediato con la tortura, y eventualmente optar por su exclusión.

En la parte en la que hacen referencia a la existencia de una confesión –o alguna otra declaración o información– que se alega fue obtenida con base en la tortura, en caso de que la denuncia correspondiente resulte verosímil y justificada, esa circunstancia debe llevar necesariamente a la exclusión de la prueba en la que el ministro no esta de acuerdo y alega que la interrelación de la autoincriminación con la verosimilitud y justificación de la denuncia, es contraría evidentemente a los estándares internacionales. Particular y específicamente, el estándar protector según el cual corresponde al Estado la carga de la prueba acerca de que no cometió actos de tortura, y de que esta violación no es el origen de la evidencia de cargo que presenta.

En conclusión, el Ministro dice que lo procedente hubiera sido revocar la sentencia recurrida en la materia de la revisión y devolver los autos al tribunal colegiado de conocimiento para que analizara el argumento del quejoso respecto a que fue objeto de tortura a la luz de las definiciones constitucionales del derecho a estar libre de tortura y otras formas de trato cruel inhumano y degradante, y de las obligaciones que su respeto, protección y garantía impone a las autoridades del Estado.

 

Capítulo IV.

                                       Análisis personal

 

La tortura la podemos definir con base a la Ley Federal Para Prevenir Y Sancionar La Tortura, que a la letra dice:

Artículo 3°

-Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.

Y de la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA, en el que establece que:

Artículo 2°

Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio   intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.

De los conceptos referidos anteriormente, podemos observar que la tortura está bien definida en los ordenamientos jurídicos y que en dichas definiciones se precisa de manera clara las diferentes finalidades que tiene el delito de tortura.

Sin embargo, pareciera ser el al momento de aplicar la ley solo se le da importancia, dentro de la tortura, a la finalidad de que se obtenga información y que a falta de esta se tendrá por hecho que no existe ninguna violación al debido proceso del torturado así la obligación que tiene la autoridad de conocer y estudiar sobre la posible existencia de tortura dentro de un proceso, esto fundamentado en el artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura que dice:

Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente.

Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.

Conclusión

Al observar las regulaciones acerca de la tortura, que nos mencionan los diferentes ordenamientos jurídicos ya mencionados y en base a los argumentos vertidos en el engrose, así como en el voto particular, he llegado a la conclusión de que en los casos de tortura en que no exista la declaración, confesión o declaración, debe de ser estudiada dentro del proceso penal porque no deja de ser una violación a un derecho fundamental que tenemos todos los individuos, para poder garantizar un debido proceso ya que al estudiar a fondo la tortura se podrá llegar realmente a la conclusión de si se obtuvieron datos, a partir de los actos de tortura, que pudieran afectar el proceso, pues al no estudiarse a detalle la tortura en la que no se tiene confesión o declaración se pueden omitir diversas irregularidades en el proceso, poniendo claramente en desventaja al Unknown-9torturado y afectando sus derechos fundamentales.

Limitar los efectos de la tortura por falta de autoincriminación no sólo contraviene, como he expuesto, el parámetro de regularidad constitucional desarrollado por la Suprema Corte de Justicia –incluidos los precedentes internacionales–, sino que implica incumplir con la obligación constitucional de investigar la tortura como violación de derechos humanos.

Bibliografía

Arellano García Carlos, Métodos y técnicas de la investigación jurídica, Porrúa, 2001, segunda edición, México.

Arilla Bas Fernando, Metodología de la investigación jurídica, Porrúa, 2007, segunda edición, México.

Gudín Rodríguez Fausto, El Estado de Derecho frente a la tortura, Tirant Lo Blanch, 2009, primera edición, Valencia

Hernández Aparicio Francisco, La tortura y los derechos del detenido, Porrúa, 2006, primera edición, México.

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