Delitos Electorales

Por Karla Alejandra Torres Gutiérrez

  1. Cuestiones Generales

Unknown-1En primer lugar, debemos definir los delitos electorales como un conjunto de previsiones jurídicas que buscan sancionar las conductas que atentan contra “la transparencia y objetividad del proceso electoral”, la igualdad y la libre manifestación del voto.

En este sentido, estos delitos tutelan primordialmente tres aspectos: i) las garantías institucionales y constitucionales del voto, ii) la certeza de los resultados; y iii) El buen desempeño de los procesos electorales.

En México, los delitos electorales nacieron a la par de los primeros procesos electorales del siglo XIX. Al principio fueron disposiciones de carácter administrativo que prohibían actos que pudieran violentar la voluntad popular por medio de “cohechos o sobornos” y posteriormente se integraron a los códigos penales características particulares que respondían a las prácticas políticas de la época y cuyos contenidos precisaban de forma amplia un catálogo extenso de conductas ilícitas.

  1. Regulación de los Delitos Electorales

Se encuentran previsto en las Leyes Nacionales y del Distrito Federal más de 150 hipótesis delictivas o tipos penales, mismos que podríamos agrupar de la siguiente manera atendiendo a la conductas: i) contra la libertad del sufragio, ii) contra la certeza de los resultados; y iii) contra la equidad de la contienda electoral.

  1. i) Contra la libertad del sufragio.

Las conductas que atentan contra la libertad del sufragio se han orientado en dos acciones: las que dañan la libertad ciudadana para emitir el voto o influyen en su decisión, y aquellas que atentan contra la organización y los procedimientos electorales o impiden el desarrollo normal de la jornada.

  1. ii) Contra la certeza de los resultados.

Las conductas que atentan contra la certeza de los resultados, es decir, que dañan directamente las reglas de competencia de una elección, implican la introducción indebida, sustracción o destrucción de documentos electorales, y la participación en la expedición ilícita de credenciales para votar o en la alteración del Registro Federal de Electores (rfe) o de los listados nominales.

iii) Contra la equidad de la contienda electoral.

Dentro del grupo de delitos que atentan contra la equidad de la contienda, se encuentra; a) el desvío de recursos públicos que orienten la competencia hacia un candidato o partido político; b) el destino ilegal de bienes, servicios o programas sociales; c) el uso del tiempo correspondiente a las labores para proporcionar o prestar apoyo político.

Ahora bien, no obstante lo anterior, los tipos penales se clasifican dependiendo de quien comete el delito (funcionarios electorales, servidores públicos —funcionarios, candidatos y representantes de partido político—, ministros de culto religioso, candidatos electos o cualquier persona)[1], por tal motivo la pena que se impone depende de quién lo comete y de la gravedad de los hechos.

En este sentido a efectos de una mejor exposición de los Códigos en materia Penal, tanto local como federal se realizará en siguiente cuadro comparativo de los delitos atendiendo a los sujetos que los realizan:

  1. I) PARTICULARES

En este caso se puede distinguir que la punibilidad en el Código Federal es superior a la establecida en el Código Local. Asimismo, resulta relevante destacar que en el CPDF, se prevé un supuesto extra a los supuestos previstos por el CPF, que consiste en violar o alterar paquetes o sellos con los que se resguarden documentos electorales.

  1. II) FUNCIONARIOS ELECTORALES –quienes en los términos de la legislación ya sea local o federal electoral integren los órganos que cumplen funciones electorales.[2]

UnknownEn este caso, la punibilidad prevista por el CPDF, es mayor a la prevista por el CPF, pero únicamente en la parte económica. Por otro lado, se hace mención que en ambos códigos se prevén los mismos tipos, aun cuando se encuentren enumerados de diversa forma.

III) FUNCIONARIOS PARTIDISTAS O CANDIDATOS – (Funcionarios partidistas[3], son los dirigentes de los partidos políticos nacionales o locales y de las agrupaciones políticas, y sus representantes ante los órganos electorales, en los términos de la legislación ya sea local o federal, mientras que Candidatos[4], son los ciudadanos registrados formalmente como tales por la autoridad competente)

Respecto de este tipo, el CPDF también contempla una punibilidad más alta a diferencia del CPF, y asimismo el Código Local contempla un tipo extra que consiste en exceder en el monto de los topes para gastos de campaña establecidos de acuerdo con los criterios legalmente autorizados, con anterioridad a la elección.

  1. IV) ORGANIZADORES DE ACTOS DE CAMPAÑA

Cabe resaltar que este el único tipo que establece una punibilidad idéntica en ambos Códigos en cuanto a pena corporal, sin embargo difieren en tanto que en el caso del CPF, se establece claramente que no admite el beneficio de libertad provisional, mientras que el caso de CPDF, no solo no se prevé dicha aclaración sino que permite la multa como sanción.

  1. V) MINISTROS DE CULTO RELIGIOSO

La presente hipótesis normativa, únicamente se encuentra prevista por el Código Penal Federal, y constituye una excepción a la regla general, en tanto que no plantea una punibilidad superior a una multa.

  1. VI) SERVIDORES PÚBLICOS. (Se entenderá también como Servidores Públicos a los funcionarios y empleados de la administración Pública Estatal y Municipal[5])

El CPDF, contempla dos hipótesis adicionales a las Contempladas por el Código Federal, que consisten en: i) Realizar o permitir cualquier acto de campaña electoral fuera de los casos permitidos por la ley, o instale, pegue, cuelgue, fije o pinte propaganda electoral en el interior o exterior de muebles o inmuebles pertenecientes o arrendados por los órganos de Gobierno del Distrito Federal. ii) apoderarse, destruir, retirar, borrar, suprimir, ocultar o distorsionar la propaganda de algún candidato, partido o planilla, en contravención a las normas de la materia durante el proceso electoral y hasta la jornada electoral.

  1. Regulación de la Nueva Ley General de Delitos Electorales

Ahora bien, el pasado 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en la cual no solo se contempla los delitos antes referidos por los Códigos Penales, local y federal, sino que adiciona al catálogo de Delitos Electorales Federales los siguientes tipos:[6]

  1. a) Imposibilidad de ocupar cargos, en el Poder Ejecutivo y Legislativo respecto de los Consejeros, Magistrados Electorales, Secretario Ejecutivo del INE

Unknown-2Artículo 18. Se impondrá de cuatrocientos a ochocientos días multa a quienes habiendo sido magistrados electorales, federales o locales, consejeros electorales, nacionales o locales, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral o cargo equivalente en los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas, desempeñen o sean designados en cargos públicos por los Poderes Ejecutivo o Legislativo cuya elección hayan calificado o participado, asuman cargos de dirigencia partidista o sean postulados a cargos de elección popular, dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su encargo.

  1. b) Respecto de las Consultas Populares cometido por cualquier persona

Artículo 19. Se impondrá de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien durante el procedimiento de consulta popular:

  1. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada de consulta popular, en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo;
  2. Obstaculice o interfiera el escrutinio y cómputo de la consulta popular; introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más papeletas utilizadas en la consulta popular o bien introduzca papeletas falsas;

III. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa para emitir su voto o abstenerse de emitirlo en la consulta popular, durante el procedimiento de consulta popular.

  1. c) Respecto de las Consultas Populares cometido por funcionario publico

Artículo 20. Se impondrá de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que durante el procedimiento de consulta popular:

  1. Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por una opción dentro de la consulta popular;
  2. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor de una opción dentro de la consulta popular.
  3. Opinión Personal

Desde mi punto de vista, considero que la reglamentación en materia electoral, es bastante detallada, tanto en materia federal como en materia local, asimismo, creo que dicha situación es debido a que a través de los años, y los diversos conflictos dados en la práctica ha llevado a una constante actualización de los supuestos, ya que cada una de las legislaciones se tiene que adaptar a las circunstancias que aquejan a la sociedad en determinado momento.

Por otro lado, no obstante la gran reglamentación que pude analizar, considero que el problema ya no se encuentra precisamente en la legislación sustantiva electoral, sino en los procesos, y debida implementación de dichos lineamientos, es una verdadera lástima ver que los partidos políticos y muchos representantes de éstos hacen de las campañas electorales un circo, en el cual no el Estado Mexicano, no ha podido ni querido dar una real y eficaz solución a la corrupción con respecto a los derechos electorales.

Considero que es de vital importancia que todos estos tipos penales, sean difundidos con mayor apertura a la población pues es importante que vuelvan más activos y busquen que no solo se queden una buena legislación sustantiva, sino que den seguimiento a su correcta implementación.

[1] Código Penal Federal ARTÍCULO 401.- Para los efectos de este Capítulo, se entiende por: I.- Servidores Públicos, las personas que se encuentren dentro de los supuestos establecidos por el artículo 212 de este Código. Se entenderá también como Servidores Públicos a los funcionarios y empleados de la dministración Pública Estatal y Municipal; II.- Funcionarios electorales, quienes en los términos de la legislación federal electoral integren los órganos que cumplen funciones electorales; III.- Funcionarios partidistas, imageslos dirigentes de los partidos políticos nacionales y de las agrupaciones políticas, y sus representantes ante los órganos electorales, en los términos de la legislación federal electoral; IV.- Candidatos, los ciudadanos registrados formalmente como tales por la autoridad competente; V.- Documentos públicos electorales, las actas de la jornada electoral, las relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, paquetes electorales y expedientes de casilla, las actas circunstanciadas de las sesiones de cómputo de los consejos locales y distritales, y las de los cómputos de circunscripción plurinominal y, en general todos los documentos y actas expedidos en el ejercicio de sus funciones por los órganos del Instituto Federal Electoral; y VI.- Materiales electorales, los elementos físicos, tales como urnas, canceles o elementos modulares para la emisión del voto, marcadoras de credencial, líquido indeleble, útiles de escritorio y demás equipamiento autorizado para su utilización en las casillas electorales durante la jornada electoral. Código Penal para el Distrito Federal ARTÍCULO 351. Para los efectos de este Capítulo, se entiende por: I. Funcionarios electorales; quienes en los términos de la legislación electoral del Distrito Federal integren los órganos que cumplen funciones públicas electorales; II. Funcionarios partidistas: los dirigentes de los partidos políticos nacionales y de las agrupaciones políticas locales, y sus representantes ante los órganos electorales, en los términos de la legislación electoral del Distrito Federal; III. Candidatos: los ciudadanos registrados formalmente como tales por la autoridad competente; IV. Documentos públicos electorales: las boletas electorales, las actas de la jornada electoral, las relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, paquetes electorales y expedientes de casilla, las actas circunstanciadas de las sesiones de cómputo de los consejos distritales, de los consejos que funjan como cabecera de delegación y, en general todos los documentos y actas expedidos en el ejercicio de sus funciones por los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito Federal; y V. Materiales electorales: los elementos físicos, tales como urnas, canceles o elementos modulares para la emisión del voto, marcadoras de credencial, líquido indeleble, útiles de escritorio y demás equipamiento autorizado para su utilización en las casillas electorales durante la jornada electoral o en los procesos de participación ciudadana.

[2] Ver artículos 401, fracción II CPF y 351, fracción I CPDF

[3] Ver artículo 401, fracción III CPF y artículo 351, fracción II del CPDF

[4] Ver artículo 401, fracción IV CPF y artículo 351, fracción III CPDF

[5] Ver artículo 401, fracción I del CPF, se aclara que el el CPDF no se establece definición de servidor público

[6] LOPEZ Betancourt, Eduardo, Nuevos Delitos Electorales, Página de internet del Dr. Eduardo López Betancourt, 14 de Agosto de 2015, http://eduardolopezb.com/DetalleArticulo.asp?id_articulos=826.

 

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