Poder Constituyente

Por Eduardo Miguel Santiago Cruz

Unknown-2.jpegEl Poder Constituyente es la potestad que el pueblo tiene para darse un gobierno y establecer normas de convivencia social y jurídica que, aseguren la libertad, mediante disposiciones protectoras de los derechos y los deberes, esas normas jurídicas tienen su concreción positiva en la Constitución política; asimismo, el poder constituyente organiza, estructura y define al Estado, órgano jurídico de la sociedad y también de la nación, cuando esa sociedad tiene unidad étnica, histórica, lingüística y aspiraciones e ideas comunes.[1]

La demarcación de este concepto, es decir, en la delimitación de su implicación jurídico-política importa una cuestión que para resolverse, exige la respuesta a dos interrogantes primordiales, a saber, la que estriba en determinar que se entiende por poder y la que consiste en definir si el poder constituyente es distinto de la soberanía o irrescindible de ella. El término y la idea de poder, entrada actividad, fuerza, energía dinámica. Ahora bien, el adjetivo “Constituyente” indica la finalidad de esta actividad, fuerza o energía dinámica, y tal finalidad se manifiesta en la creación de una Constitución que, como ordenamiento fundamental y supremo, estructure normativamente a un pueblo bajo la tónica de diferentes y variables ideologías de carácter político, económico o social. En otras palabras, el poder constituyente es una potencia encaminada a establecer un orden constitucional, o sea, una estructura jurídica fundamental de contenido diverso y mutable dentro de las múltiples y diferentes relaciones colectivas e individuales que surgen de su propio desarrollo.[2]

Soberanía como fundamento del poder constituyente.

La nación o pueblo en sentido sociológico, como grupo humano real coherente, decide darse una organización jurídica y política, creando al Derecho que a su vez da vida al Estado como persona moral. La causación de estos efectos obedece a un poder, actividad o dinámica que tiene como fuente generatriz a la misma comunidad nacional. Mediante tal poder, la nación se auto determina, es decir, se otorga una estructura jurídico-política que se expresa en el ordenamiento fundamental o Constitución. La autodeterminación obviamente excluye la injerencia de cualquier sujeto distinto de la nación que pudiese imponer a ésta dicha estructura, o sea, que el poder que tiende a esta finalidad no ésta sujeto a ninguna potestad extraña a la comunidad nacional ni tampoco ala de cualquier grupo que dentro de ella este comprendido.

UnknownEstas acepciones deben interpretarse desde un punto de vista teórico puro. En la realidad política la autodeterminación no proviene directamente de la nación misma, en cuanto que está, por si sola, elabore el ordenamiento jurídico fundamental. En el mejor de los casos, sus representantes reunidos en una asamblea que se denomina “Constituyente”, lo formulan y a él se adhieren consciente y deliberadamente los grupos mayoritarios de la comunidad nacional, legitimándolo, a pesar de la oposición de las minorías.

En otras situaciones históricamente dadas, es un grupo humano encabezado por uno o varios “jefes”, quienes “en nombre” de la nación, crean la estructura política mediante los ordenamientos generales que se expiden. Estos ordenamientos asumen juridicidad merced del fenómeno de la legitimación, es decir, a la adhesión consciente que respecto de ellos observa la mayoría de los gobernados. Mientras la legitimación no surja del conglomerado humano mayoritario de la comunidad nacional, o sea, en tanto que las mayorías no se adhieran o respalden por diferentes modos de tales ordenamientos, aquella no puede considerarse organizada jurídicamente, sino por una voluntad coactiva unipersonal o pluripersonal. –

De ahí que en el ámbito de la autodeterminación, importa la legitimación mencionada y no forzosamente que la nación, por si misma, o a través de sus genuinos representantes, se de la organización político-jurídica que le convenga. Por ello se afirma que el propio poder es soberano, en cuanto que no está sometido interior o exteriormente a ninguno otro; puesto que lo soberano “designa m poder que no admite ninguno por encima de él; una potencia que en la esfera donde está llamada a ejercerse, no sustituye a ninguna otra”

Tesis de Rousseau:

Conforme al pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, la soberanía misma es la “voluntad general” que reside en el pueblo o en la nación y que constituye la fuente de la norma jurídica, primordialmente la constitucional. Esa voluntad general entraña un poder de autodeterminación y auto limitación, lo que implica que sobre ella no existe ni debe existir ninguna otra voluntad ajena.

Ahora bien, como en el derecho primario o fundamental se apuntan los fines de Estado, se crean sus órganos de gobierno y se adscribe a estos una determinada órbita competencias, ese derecho rige primaria e indefiniblemente toda la actividad estatal. Por lo consiguiente, esta actividad, que no es sino el poder público del imperio del estado, está subordinada a las normas constitucionales, las cuales, a su vez, emanan de la soberanía que corresponde teóricamente a la comunidad popular o nacional. Merced a esta subordinación, se corrobora la diferencia que media entre soberanía del derecho primario de un Estado; dicho poder se encauza básicamente por tal derecho, sin que válidamente pueda rebasarlo o transferirlo.

La soberanía popular o nacional es inalienable e indivisible. Es, según el pensamiento de Rousseau, la “voluntad general”, o sea, la voluntad de la nación (pueblo). Su inalienabilidad, conforme al ilustre ginebrino, resulta del pacto social mismo. Suponer que la soberanía pudiese ser enajenada, equivaldría a la eliminación del mismo soberano, es decir, del pueblo o nación, sin que este hecho pueda ni siquiera concebirse con validez. Su indivisibilidad, además deriva lógicamente de su inalienabilidad, pues la soberanía significaría enajenaría parcialmente.[3]

Tesis de Sieyes:

images-3.jpegEn Francia revolucionaria del siglo XVII, la voz del debate Sieyes se hizo escuchar en todos los ámbitos a través de su obra “¿Qué es el tercer Estado?”, que la representación tiene un fundamento individual, en virtud de que “los individuos son las unidades básicas de la comunidad; pero la comunidad necesita una voluntad común. Los individuos son demasiado numerosos y están dispersos en una superficie demasiado extensa para ejercitar fácilmente ellos mismos su voluntad común. Para superar la dificultad, confía el ejercicio de la porción de la voluntad común necesaria para velar y proteger a las atenciones públicas, a algunos de entre ellos. Pero no transfieren la voluntad común, sino solamente su ejercicio, y de este, sólo una porción. “La Constitución de pueblo, es la que establece las condiciones y limites en que los delegados deben ejercerla parte de la voluntad común que se les otorga en comisión y no como derecho propio”.

Para Sieyes, el individuo es lo más importante en la sociedad política, por ser principio y fin; de ahí, que ningún otro grupo ni familiar, regional o gremial, pueda substituirlo como “el elemento básico de la representación”, aunque al mismo tiempo reconoce que no es, aisladamente, el titular de ella. Cada individuo es un elemento, pero sólo la totalidad (Nación, el pueblo) es la representada. Y sólo el conjunto es el representado, los representantes lo son del conjunto: la Nación, el pueblo, y no de cada individuo o de un sector cualquiera de ellos.[4]

[1] RAFAEL BIELSA: Derecho Constitucional, Editorial Porrúa Edición, 1959, pp. 89 y 90

[2] IGNACIO BURGOA: Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo; Editorial Porrúa, México, 1984, p. 147.

[3] FELICIANO CALZADA PADRÓN, op cit;

[4] FRANCISCO BERLÍN VALENZUELA: Derecho Electoral, México, 1980, pp. 86 y 87..

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