El Consejo Constitucional francés y el control de la constitucionalidad en México

Unknown-2.jpegEl 04 de septiembre de 1958 al cumplirse un aniversario más de la proclamación de la tercera república tras la derrota de las tropas imperiales de Luis Napoleón, se presentó oficialmente al pueblo francés el proyecto de constitución de la quinta república. Con una imponente oposición, el 01 de junio de Gaulle obtiene la investidura de la Asamblea Nacional y se convierte en el nuevo presidente del gobierno (…) el parlamento accede al procedimiento de reforma constitucional previsto en la constitución de 1946 y aprueba el 03 de junio una ley constitucional por la que delega en el gobierno el poder constituyente[1].

A partir de ese momento el proceso constituyente se va a desarrollar con una celeridad extraordinaria, quedando concluido en apenas cuatro meses, finalizada la elaboración del anteproyecto constitucional, el texto fue sometido a referéndum, obteniendo el respaldo de una amplia mayoría de la población[2].

De esta manera nació un nuevo régimen político en la historia constitucional francesa que hizo conveniente, la creación de un órgano que se encargara de mantener al Estado tal cual estaba, por ello se creó el Consejo Constitucional, el cual estaba integrado por los expresidentes y por otros nueve miembros elegidos por el presidente de la república y los presidentes de las cámaras.

A dicho consejo constitucional la constitución le asignó una multiplicidad de funciones de diversa naturaleza: el control de constitucionalidad de las leyes, la salvaguarda del sistema de reparto de competencias normativas entre la ley y el reglamento establecido en el texto constitucional y por último, el control de la presidencia de la república en caso de muerte o incapacidad de su titular[3].

Las funciones de este consejo comenzaron el 04 de diciembre de 1958, a partir de ese momento su relación con los demás órganos del Estado, su consideración ante los ojos de la opinión pública y su papel dentro del sistema político fueron experimentando diversas transformaciones. En un primer momento al consejo se le acusó de estar a favor del sistema político que seguía el ejecutivo, a la vista de propios y extraños se trataba de un instrumento más para salvaguardar y mantener estática la situación en el poder, sus actuaciones al principio estaban condicionadas por el régimen político que seguía de Gaulle, fue hasta el retiro de éste del escenario político, que el Consejo comenzó a hacer un verdadero uso de sus facultades.

La historia del consejo puede ser dividida en periodos: el primero comprende desde la puesta en funcionamiento de la institución en 1959 hasta 1974, en el que el consejo constitucional tendrá que desenvolverse durante un contexto muy complicado; un segundo periodo que abarca desde el año 1974 hasta 1981; un tercer periodo que se extiende desde 1981 hasta 1986 y un cuarto periodo desde 1986 hasta nuestros días.

Unknown-1.jpegLa doctrina francesa reconoce que la inmediata razón de ser del consejo constitucional fue la salvaguarda de la situación de supremacía el ejecutivo dentro del nuevo sistema político, cuyo ejemplo más palpable es la limitación de la capacidad normativa del parlamento y la consiguiente atribución al gobierno de un poder reglamentario autónomo sobre todas aquellas materias no expresamente reservadas a la ley.

El consejo efectuaba, además, el examen preceptivo de la constitucionalidad de los reglamentos de las cámaras y verificación de la validez de los mandatos parlamentarios que suponían una limitación de la tradicional soberanía parlamentaria. Todo ello hizo parecer al consejo como el principal defensor de las prerrogativas del gobierno y de contrapoder por excelencia del parlamento[4].

En esta etapa el control de constitucionalidad solo fue ejercido con relativa frecuencia en aquellos supuestos en donde estaba preceptivamente establecido (leyes, orgánicas y reglamentos parlamentarios, así como sus respectivas modificaciones) aplicando de manera rigurosa las disposiciones relativas a la organización y funcionamiento de las cámaras y a las relaciones de estas con el ejecutivo. En cuanto a las leyes ordinarias su constitucionalidad podía ser recurrida por el presidente de la república, primeros ministros o por los presidentes de ambas cámaras.

Durante sus primeros años el Consejo, se comportó como un árbitro encargado de resolver los conflictos que surgían entre el gobierno y el parlamento, por lo que recibía el rechazo más absoluto de los detractores del régimen calificándolo como un órgano político llamado a desempeñar una función meramente de la política[5].

En la actualidad, no resulta extraño que un órgano del Estado se haya visto influenciado en sus decisiones por motivos políticos, este consejo constitucional aunque se dio en un contexto totalmente distinto a la realidad mexicana nos muestra que los conflictos de intereses no son propios o exclusivos de un solo país, en la mayoría de las culturas resulta casi imposible tratar de establecer instituciones en las que sus titulares tomen su decisiones de manera imparcial ya que los seres humanos tienden siempre a tener inclinación a alguna postura política, aunque esta no se declare abiertamente.

Sin embargo, por más difícil que parezca garantizar fortaleza en las instituciones, esta puede alcanzarse si se logra guardar un equilibrio entre las ideologías de los miembros de las instituciones, de ahí la importancia de tener órganos con contrapesos políticos y colocar personas que estén verdaderamente comprometidas con su labor y no con posición política o económica, lección que el Consejo Constitucional parece haber entendido muy bien.

Fue hasta el 16 de julio de 1971, que dicho órgano empezó a dar muestras del verdadero alcance de su poder en materia constitucional, ya que, a instancia del presidente del senado, declaró inconstitucional por primera vez en la historia de la quinta república una ley sobre el nuevo régimen de asociaciones aprobada por el parlamento, dicha decisión se fundamentó en la vulneración de la libertad de asociación que era uno de los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la república.

Dos años más tarde, el 27 de diciembre de 1973 el consejo, nuevamente a instancias el presidente del senado, anuló una disposición de la ley de presupuestos, por contravenir el principio de igualdad contenido en la declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 solemnemente reafirmada por el preámbulo de la constitución.

De acuerdo con el autor José Pardo Falcón con estas actuaciones el Consejo Francés dejo ver por primera vez la intención conferir pleno valor constitucional a los textos mencionados en el preámbulo de 1958 y de convertirse así en el garante de los derechos fundamentales, además, de ser un revés a la soberanía ilimitada que tenía el parlamento.

Cabe mencionar que dichos acontecimientos le valieron al consejo el rechazo total por parte de la izquierda francesa, y para la doctrina fue el inicio de un verdadero control de la constitucionalidad de las leyes.

Unknown-3.jpegComo ya se ha mencionado, el Consejo Constitucional Francés tiene como principal función realizar el control constitucional de la constitución francesa, por lo que, su naturaleza jurídica corresponde a la de un órgano político de control constitucional, su equivalente en México fue el Supremo Poder Conservador que se instauró en la segunda de las Siete Leyes Constitucionales de 1836 y que con el tiempo fue eliminado pues no cumplió con las expectativas creadas, entre sus facultades estaban la de suspender a la Alta Corte de Justicia; declarar la incapacidad física y moral del Presidente de la República y hasta suspender por dos meses las sesiones del Congreso General, además de que con sus fallos sacaba del mundo jurídico la ley contraria a la norma constitucional[6].

De acuerdo con algunos doctrinarios, dicho poder conservador, al tener la naturaleza de un órgano político de control de constitucionalidad, tuvo las siguientes desventajas:

  1. Al ser una autoridad u órgano estatal el que acciona este medio de control, crea pugna, recelo o controversia entre las autoridades y órganos del Estado, ya que son estos los que piden y provocan la actuación del órgano de control cuando ven afectados sus intereses o su esfera de competencia,
  2. Al efectuar su actividad a su arbitrio y discrecionalidad, esto ocasiona la inseguridad jurídica, al no observarse los principios de hermenéutica, certeza jurídica y una secuela ordenada de etapas constitucionales, que caracterizan a todo procedimiento formal.
  3. Al ser sus fallos meros dictámenes, esto da margen a la incertidumbre jurídica, porque no establecen autoridad de cosa juzgada, lo que permite que el órgano de control revoque a su arbitrio sus decisiones; además de que reabran instancias ad libitum, al infinito; y al ser de efectos generales, derogatorio de las leyes, crea intromisiones competenciales, incluso subordina a los órganos del Estado y las autoridades no pertenecientes al órgano que ejerce la defensa[7].

Aunque en México en teoría se supondría que ya no contamos con un control de la constitucional de tipo político por los graves riesgos y desventajas que trajo consigo, en la práctica pareciera que nunca se ha ido y que sigue vigente. Hoy en día se supone, tenemos un control judicial de la constitucionalidad a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resuelve los asuntos con fallos contradictorios y siguiendo una línea política, como se señaló en párrafos anteriores, si bien es poco probable alcanzar el 100% de imparcialidad en las autoridades si pueden idearse mecanismos que aunque no garanticen la totalidad si garanticen un alto porcentaje de imparcialidad, al respecto quiero citar la opinión del doctor Luciano Silva Ramírez quien en su libro: Control Judicial de la Constitucionalidad y el Juicio de Amparo en México, que al presentar un análisis de los diversos mecanismos de control constitucional que han Unknown-4.jpegexistido en México, señala la urgencia de cambiar el mecanismo de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ya que de lo contrario seguiremos teniendo juristas que le rindan lealtad a sus orientaciones políticas y no a la esencia de su profesión; seguiremos teniendo personas que son propuestas por el presidente y que el senado solo se limita a elegir , cuando la integración total de la terna la sigue decidiendo el ejecutivo federal.

Por desgracia, hoy en día, ha quedado claro que ser ministros de la Suprema Corte ya no implica ser un perito en el derecho, numerosos casos corroboran esta circunstancia, uno de ellos fue el de Eduardo Medina Mora, quien fuera parte del gabinete de Vicente Fox y Felipe Calderón, que cuenta con nula experiencia en el poder judicial y atendiendo solo a meras razones políticas fue designado ministro hace 2 años.

El actual mecanismo de elección en la SCJN, provoca que sus integrantes al emitir fallos no puedan actuar con libertad y estén condicionados a la lealtad que deben guardar hacia quienes los ayudaron a alcanzar uno de los cargos más importantes y trascendentes que puede desempeñar un abogado en México.

images.pngQuiero finalizar este trabajo, citando la opinión de Germán Campos Bidart: “la corte no debe ser política, porque a ella no llegan ni deben de llegar programas partidarios, como si llegan a los poderes que surgen de la elección y de los partidos. La inmunidad de la Corte en esta clase política ha de ser total, y toda contaminación resulta nociva para su función[8]”.

[1] PARDO FALCON Javier, El Consejo Constitucional Francés, centro de estudios constitucionales, Madrid, 1995, p.30

[2] Ibidem, p.31

[3] Ibidem, p. 33

[4] Ibidem, p. 36

[5] Ibidem, p.37

[6] SILVA RAMIREZ, Luciano, El control judicial de la constitucionalidad y el juicio de amparo, editorial Porrúa, 4ta edición, México, 2017, p. 28

[7] Ibidem, p. 27

[8] BIDART CAMPOS, Germán J, El derecho constitucional del poder. II, Ediar, Buenos Aires, Argentina, 1967, p.222.

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