NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD JURÍDICA

Por Jaqueline Isabel Chávez Hernández

images.jpegLa idea de escribir sobre este tema, nació dentro de una clase de Derecho Civil, en donde se nos planteó el siguiente escenario: ¿Qué pasaría si a una persona a quien vendiste un inmueble, tiempo después te reclama el saneamiento por evicción, debido a que un tercero le solicitó la reivindicación argumentando un mejor derecho?

Una vez fijada tal hipótesis, todos los compañeros comenzaron a dar diversas soluciones; sin embargo, después de algunas opiniones le preguntamos al profesor que pasaría si todas las pruebas con las que se acredito el “mejor derecho” del tercero sobre el inmueble fueren falsas. La respuesta fue sencilla, puesto que el propio código de procedimientos civiles para la Ciudad de México, señala que en este caso, el comprador debe notificar al vendedor de que se está intentando una evicción respecto del bien inmueble materia de su contrato, para que este último acuda a juicio y ahí pueda combatir el dicho del tercero que solicita la reivindicación del bien, evitando así que dicha situación acontezca. Pero el dilema continúa si nunca se le notificara al vendedor; puesto que se le dejaría en un completo estado de indefensión, razón por la cual el profesor nos recordó que existe la acción de “NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO”, la cual señala a la letra lo siguiente:

Artículo 737 A.- La acción de nulidad de juicio concluido procede en aquellos asuntos en los cuales se ha dictado sentencia o auto definitivo que ha causado ejecutoria y se actualiza alguna de las siguientes hipótesis:

  1. Si se falló en base a pruebas reconocidas o declaradas de cualquier modo falsas con posterioridad a la resolución, o que la parte vencida ignoraba que se habían reconocido o declarado como tales antes de la sentencia;

VII. Cuando existiere colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes litigantes, en el juicio cuya nulidad se pide, en perjuicio del actor.”[1]

 

Acción que permite que aunque se haya dictado sentencia definitiva que cause ejecutoria, la misma se pueda controvertir. Situación que después de analizarla un poco me puso a pensar bastante en la relación que existe entre esta acción, el concepto de “cosa juzgada” y el principio de “seguridad jurídica”.

                 COSA JUZGADA

Según la jurisprudencia número 168959  con rubro: COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

La cual señala que los fundamentos de la misma se encuentran en los siguientes artículos:

“ARTÍCULO 14 (CEPEUM).-… Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

“ARTÍCULO 17 (CEPEUM).-… El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.”[2]

En el primero, por brindar a las partes de los juicios certeza y seguridad jurídica y el segundo por establecer leyes que creen tribunales independientes que impulsen el cumplimiento de las resoluciones que emitan. Señalando también que la COSA JUZGADA proviene de la conclusión de todas las instancias de un juicio, “…llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia…”[3]

SEGURIDAD JURÍDICA

Unknown.jpegDerivado de lo anterior, nos interesa entender el concepto de “seguridad jurídica”; mismo que se esclarece con la siguiente tesis jurisprudencial.

“GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.

La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad.”[4]

Permitiéndonos señalar así dos aspectos base; el primero, cuando sea necesario se debe detallar un procedimiento para hacer valer los derechos de los gobernados; segundo, se deben establecer las obligaciones y facultades de la autoridad para que no incurran en arbitrariedades.

PRIMERAS IMPRESIONES

Volviendo a la relación entre la Acción de nulidad de juicio concluido y la seguridad jurídica, lo primero que encontré respecto del tema fue una Tesis Aislada, que señalaba que el acuerdo en donde se admite a trámite a la demanda, la ya tan mencionada acción, afecta a las partes en grado predominante o superior, generando un acto de imposible reparación; motivo por el cual ante dicha resolución procede el amparo indirecto a fin de que no se deje sin efectos todo el procedimiento que se señale como fraudulento. Tesis que fue prontamente superada por una Contradicción en la cual aseveran que dicha admisión de demanda no genera un acto de imposible reparación; puesto que los únicos efectos que tiene la misma, es permitir a las partes controvertir el hecho de que se generó un fraude dentro del procedimiento ya sea mediante actitudes de los litigantes o bien por el hecho de que las pruebas que se tomaron en cuenta para dictar sentencia en el primer juicio fueran falsas.

Situación que pone de manifiesto en una primera instancia y con tan sencilla explicación como la que se desprende del texto: “…La admisión de una demanda de nulidad de juicio concluido, no constituye un acto que afecte en grado predominante o superior a los demandados, puesto que únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar…”[5] Haciendo posible pensar que la NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO es una opción viable que permita esclarecer lo ocurrido dentro del procedimiento que se quiere nulificar.

POSTURAS DIVIDIDAS

Después de buscar un poco más, me llevé una segunda sorpresa; puesto que encontré la siguiente Jurisprudencia:

NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. EL ARTÍCULO 737 A, FRACCIÓN II, ÚLTIMA PARTE, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA (GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD DEL 27 DE ENERO DE 2004).

El citado precepto, al establecer la procedencia de la acción de nulidad de juicio concluido en asuntos en los cuales se dictó sentencia o auto definitivo que causó ejecutoria, cuando se haya fallado con base en pruebas declaradas falsas en el mismo proceso en que se ejerza la acción, viola la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, en virtud de que el supuesto referido prevé la procedencia de la acción sin que exista base alguna para demostrar los vicios atribuidos al juicio cuestionado, sino sólo la afirmación del promovente y su pretensión de construir en el mismo procedimiento el elemento sustancial que sustente la declaración de nulidad solicitada, lo cual amplía el objeto de la acción para convertirla en un juicio de veracidad o falsedad y, a la vez, de nulidad, admitiendo así la posibilidad de que prácticamente cualquier sentencia pueda tildarse de nula, sin la mínima evidencia de los hechos que sustenten la pretensión, lo que conlleva la afectación a la seguridad jurídica lograda con la cosa juzgada.”[6]

Texto que desvirtúa completamente lo que en su momento llegué a aducir con el texto arriba mencionado, puesto que el segundo implica que de ninguna manera sea viable el poder hacer uso de la figura jurídica en cuestión, toda vez que se asegura la misma es inconstitucional e implica un riesgo mayor que el beneficio que en cada caso concreto podría brindar. Pues permite ejercitar derechos sin tener que comprobar completamente su procedencia al menos para la admisión de la demanda para la nulidad de juicio concluido.

CONCLUSIONES

images-1.jpegTodo lo antes mencionado y en función a la anterior tesis jurisprudencial, al menos en cuanto corresponde a la Ciudad de México (puesto que el artículo en cuestión forma parte del Código Adjetivo Local para el Distrito Federal), se afirma que se considera inconstitucional la ACCIÓN DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO; debido a que tal y como se señala en la misma, ésta atenta contra el principio de seguridad jurídica.

Aunque ciertas dudas podrían surgir al respecto puesto que al tomar en cuenta los dos aspectos que comprenden la misma (señalar procedimientos claros para el acceso a derechos, así como establecer facultades y obligaciones de las autoridades); me pregunte si ¿se puede considerar realmente que dicha acción coarta la seguridad jurídica de aquel que venció en juicio?, bueno, pues es realmente una respuesta difícil, ya que por una parte, se podría permitir que todas las sentencias fueran blanco de controversia sin causa justa y sin las pruebas suficientes que lo acrediten; pero por otra se le niega a aquel quien lo interpone, el derecho de señalar lo que a su derecho convenga a fin de evitar que se emita una resolución que le desfavorezca.

Sin embargo y tratando de tomar una posición que vele por un interés general sobre uno particular, me parece que la Tesis emitida en cuanto a la inconstitucionalidad de la Nulidad de Juicio Concluido, es correcta pues observa en primer lugar el bien común; ya que de haberse dictado diferente dicho criterio jurisprudencial, se obtendría una tendencia al caos y saturación del Sistema Judicial pues ante cualquier inconformidad ya sea por una de las partes o por un tercero ajeno, dicha acción sería una vía más para ganar tiempo y alargar los procedimientos sin razón alguna.

Ahora bien y no dejando a un lado el hecho de que todo individuo tiene derecho individuo a ser oído y vencido en juicio, no debemos olvidar que existe existen otros medios para llegar a nuestro fin; siendo tal el caso del Juicio de Amparo, cuyo fin es el de salvaguardar las garantías de los gobernados; juicio en donde incluso se podría solicitar la reposición del procedimiento o bien de ser un acto de imposible reparación, cuando menos una reparación del daño. Aunque claro, todo dependerá de cada uno de los asuntos que se manejen y de las pruebas con las que se cuenten de los mismos.

BIBLIOGRAFÍA

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Octubre de 2006). Recuperado el 25 de Abril de 2017, de Semanario Judicial de la Federación: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=%2522seguridad%2520juridica%2522%2C%2520%2522alcances%2522&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=62&Epp=20&Desde=

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Septiembre de 2008). Recuperado el 25 de Abril de 2017, de Semanario Judicial de la Federación: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=%2522cosa%2520juzgada%2522%2C%2520%2522seguridad%2520juridica%2522&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=1&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=42&Epp=2

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Septiembre de 2008). Recuperado el 25 de Abril de 2017, de Semanario Judicial de la Federación: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=%2522seguridad%2520juridica%2522%2C%2520%2522cosa%2520juzgada%2522&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=1&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=42&Epp=2

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Octubre de 2012). Recuperado el 25 de Abril de 2017, de Semanario Judicial de la Federación: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2001820&Clase=DetalleTesisBL

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. (s.f.). Recuperado el 25 de Abril de 2017, de Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal: http://www.aldf.gob.mx/archivo-2d0a0e29cbb8bfb3d6b78aec500a58bb.pdf

Biblioteca Legislativa . (s.f.). Recuperado el 25 de Abril de 2017, de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf

[1] (Asamblea Legislativa del Distrito Federal)

[2] (Biblioteca Legislativa )

[3] (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008)

[4] (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006)

[5] (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2012)

[6] (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2008)

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