¿DEBERÍAN PARTICIPAR LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA EN EL POSCONFLICTO?

POR ALICIA ORTIZ ROJAS

 UnknownLos pueblos indígenas a lo largo de la historia de Colombia han sufrido grandes e innumerables abusos por parte de quienes detentan el poder, ello debido a que han existido tierras ricas en minerales y recursos que son foco de disputas y de conflictos que han generado cientos de muertos.

Fue incluso en 1976 que aún permanecía la esclavitud en sus pueblos, situación que fue impuesta alrededor de lo vivido por “La Casa Arana”, y que en el marco de otras condiciones de abuso que se han convertido en parte de la memoria colectiva, es que estas comunidades se han visto obligadas a organizarse para exigir no sólo las tierras que les habían sido destruidas, sino también junto con ellas su cultura y raíces.

La nueva conformación de lógicas de poder, permitieron que se les reconociera por el órgano constituyente de 1991, como una minoría nacional a la cual se le debe de brindar derechos diferenciados como el de autogobierno y la creación de una jurisdicción especial. Es así como la Carta Política por primera vez en su artículo 246 consagra que:

Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

Las razones para plasmar este derecho se desarrollan a partir de la exigencia de los pueblos indígenas al Estado para que los reconozca y respete su población, cultura, territorio y religión, con la intención de que la violencia que en un tiempo parecía indispensable, no se repita. Así mismo la autonomía de estos pueblos nace a partir de la determinación de una igualdad que de manera indiscutible implica a su vez admitir la diferencia, para que de esta forma se permita situar en una posición de equidad a todos los ciudadanos.

Es importante señalar en el mismo sentido, que el Estado colombiano en el momento de discutir lo contenido en la Constitución se encontraba ante compromisos internacionales que le obligaban reconocer las particularidades de la cultura indígena, ello debido a que ya se habían pactado condiciones favorables ante la ONU y la OIT, de la cual Colombia es fundadora.

Las comunidades indígenas han sido víctimas del conflicto armado colombiano por parte de ambos actores, pues los grupos armados o insurgentes han usado sus territorios para facilitar el alcance de determinados fines, los han obligado a cooperar de múltiples formas, a unirse a sus filas, y hoy representan gracias a ello un gran número de los desplazados del país. Por otro lado, el Estado los ha usado como blanco de guerra, los ha tomado como miembros y colaboradores de estos grupos y los ha desplazado mediante las licencias para los grandes megaproyectos.

images-1Por parte del Estado podríamos hablar de una responsabilidad doble, en el entendido de que no es aceptable olvidar el deber que tiene de brindar seguridad a los ciudadanos, pero se ha vuelto no sólo parte sino también espectador de las agresiones perpetradas contra estos pueblos, debido a que no realiza las acciones necesarias para protegerlos, toda vez que se toma como pretexto su autonomía. Por esto, el Estado termina siendo responsable por omisión.

Ha sido un error del Estado tomar el autogobierno de las comunidades indígenas como una separación, una pérdida de la ciudadanía colombiana, omitiendo así el deber de protección que les corresponde como finalidad de su existencia.

Si bien, muchos de los miembros de comunidades indígenas hacen parte de los grupos armados en Colombia no se debe hacer extensiva esta pertenencia a todos los que las conforman, sino que debe tenerse claro que muchas de estas personas son víctimas del sistema económico y social o de la fuerza ejercida por estos grupos armados y a la que no hay posibilidad de resistir porque las muertes serán aún mayores. Están pues en una posición en la que deben cooperar en ambos lados del conflicto y de lo que no queda sino la desaparición de sus pueblos.

Así lo explica Londoño (2009):

(…) las organizaciones que en Colombia proclaman una identidad étnica, tanto en sus programas, planes y políticas, como en la definición y ejecución de los mismos, han asumido como directriz distanciarse de la violencia armada como forma de lucha para el reconocimiento y respeto de sus derechos. Su estrategia prevalente ha sido exigirle a todos los actores armados ─a la insurgencia, al paramilitarismo y al mismo Estado─, el respeto a su autonomía, lo cual les ha granjeado conflictos con todos ellos por cuestionar su presencia en sus territorios, por oponerse a los intentos de reclutamiento de miembros de la comunidad, por denunciar su instrumentalización a las “necesidades” y lógicas de la guerra y por la violación de los derechos humanos.

En Colombia como expresión del pluralismo jurídico y el multiculturalismo, se reconoce la jurisdicción indígena, pero se le ha dado muy poca importancia a estos pueblos minoritarios como víctimas, actores y como una forma distinta de justicia dentro del proceso de paz. En consecuencia, las comunidades indígenas han reclamado participación en este proceso, no sólo como víctimas, sino también como parte de la solución del conflicto colombiano, más aún en virtud de la justicia transicional, que llega a configurarse como conciliadora entre otros tipos de justicia.

De este modo Garrido (2012) citando a Marcelo Binaje, habitante de la comunidad indígena Uitoto, resalta:

El presidente está buscando la paz… la paz está aquí. Está en los pueblos indígenas. Allá le voy hablar del poder… en Estados Unidos o en Suiza a donde va no está la paz, la paz está en nosotros los indígenas. Allá no tenemos armas para matar al otro o para cortar a otro.

imagesEs decir, siendo las comunidades indígenas no sólo las víctimas del conflicto armado al que hoy se intenta poner fin, sino también objeto de muchos otros conflictos institucionales, sociales y económicos, es posible cuestionarse ¿No deberían ser ellos parte de la determinación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos aplicados durante el postconflicto?, debido a que en el escenario actual de justicia transicional se ha dado por hecho que la jurisdicción especial indígena va a acogerse a este nuevo modelo y resulta imprescindible hacerlo en cuanto a lo que va a pasar con los miembros de esta minoría pertenecientes a las FARC, las medidas de reparación colectiva, las garantías de no repetición, la amnistía y el indulto, la creación de la memoria, etc.

Todo esto para cambiar lo que ha ocurrido históricamente en palabras de Ariza (2007), “el derecho estatal decide reconocer la existencia de otros ordenamientos jurídicos para lograr su afán totalitario, subordinándolos y condicionando su validez, se debe hablar de un pluralismo jurídico aparente”.

Frente a esto, La Organización Nacional Indígena ha manifestado preocupación por las decisiones que se van a adoptar para sancionar a los integrantes de las comunidades indígenas que son parte de este grupo subversivo y cómo va a ser la participación de la Jurisdicción especial indígena en ello. Además, respecto a la reparación han dicho que:

El campo de reparación a las víctimas también es complejo, porque ellos serían a la vez víctimas y victimarios. De hecho en la ONIC se habla de que los indígenas podrían ser parte de una doble victimización: Primero, la que los llevó a la guerra, y segundo, la que podrían sufrir si los juzga una justicia diferente a la propia (S.A, 2015).

Para la ONIC es indispensable que haya un diálogo de la justicia indígena y la que se aplicará a partir de lo acordado en los diálogos de paz, a partir del cual el resultado sea el respeto a la jurisdicción especial indígena que constituye ganancia histórica y no puede ser resquebrajada en este momento. Por esto, piden al gobierno que todos los miembros de las FARC que hicieran parte de sus comunidades regresen a las mismas para ser juzgados por las normas ya establecidas, materializando así mismo “La reintegración” como fin de este proceso.

En conclusión, el debate del postconflicto debería ser más abierto a otras perspectivas que pueden contribuir en gran medida a solucionar los vacíos existentes, y se debe empezar por volver este camino algo menos político, que reconozca a las diferentes partes del conflicto, permitiendo que no sean Estado- FARC el eje central del debate, debido a que existen diversas justicias que pueden contribuir a la solución del conflicto y/o adelantar maneras alternativas y sanas de llevar a cabo un postconflicto exitoso.

Bibliografía:

  • Ariza, Libardo y Bonilla, Daniel (2007). El pluralismo jurídico. Contribuciones, debilidades y retos de un concepto polémico. Estudio preliminar. En: Sally Merry, John Griffiths y Brian Tamanaha. Pluralismo Jurídico. Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes y Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar. Pp. 19-85.
  • Colombia, Asamblea Nacional Constituyente (1991), “Constitución Política Colombiana”.
  • Garrido, M.A. (2012). La Casa Arana, una historia para no repetir.Diario La Patria, Bogotá.
  • Londoño, H. (2009). La Jurisdicción Penal y el Fuero Indígenas en Colombia: su vigencia material como consecuencia del conflicto político armado y de los límites impuestos por los derechos humanos.Nuevo Foro Penal, n.° 73, Medellín: Universidad de Eafit, 2009, pp. 70-138.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s