Recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Por María José Rezzonico

Unknown.jpegEl presente trabajo tiene como objeto realizar un breve resumen de la Recomendación 26/2001 que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en adelante CNDH).

Durante la década del setenta y principios de la década del ochenta del siglo XX se vivió en México el período conocido como “Guerra Sucia”, el cual se caracterizó por una política de Estado encaminada a silenciar las voces disidentes cuyas exigencias sociales no agradaban. La represión estatal se disfrazó a través de la militarización de ciertas regiones, lo que concluyó con diversas violaciones a derecho humanos de la comunidad en manos de personajes del ejército.

La posterior inacción estatal en cuanto a la investigación y reparación a los familiares de las víctimas llevó a la CNDH a realizar la Recomendación 26/2001 dirigida al entonces presidente de México, Vicente Fox Quesada, el 27 de noviembre de 2001.

Esto fue así con el fin de que el gobierno asuma el compromiso ético y político de orientar el desempeño institucional en el marco del respeto a los Derechos Humanos que reconoce y garantiza el orden jurídico mexicano, y que se evite por todos los medios legales que sucesos como los ocurridos en dicho período se vuelvan a repetir.

De igual forma, se le recomendó al presidente que gire sus instrucciones al Procurador General de la República, a efecto de que éste designe un fiscal especial, con el fin de que se haga cargo de la investigación y persecución, en su caso, de los delitos que puedan desprenderse de los hechos a que se refiere la recomendación, para que, en caso de resultar procedente, ponga en consideración de las autoridades judiciales competentes los resultados de las indagatorias y, en su oportunidad, se dé cuenta a la CNDH de las acciones realizadas.

También se le recomendó que en los casos en los que se acreditó la desaparición forzada, en atención al lugar en que pudo ubicarse con vida por última vez a las personas, se revise la posibilidad de reparar el daño mediante la prestación de servicios médicos o educativos, vivienda y otras prestaciones de índole social a los familiares de las víctimas de la desaparición forzada y que, en atención a las condiciones en que funciona el sistema de seguridad nacional, específicamente el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (que sustituyó a la Dirección Federal de Seguridad) se tomen las medidas legales adecuadas y se establezca un marco jurídico que garantice en su actuar el respeto a los derechos humanos y un desempeño en estricto apego a los límites que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM) para el ejercicio del poder.

532 expedientes de queja sobre desapariciones forzadas de personas durante esa época, no obstante lo cual lo más alarmante no radica en los números (esa cifra no significa que hubiesen sido los únicos y que ese tipo de casos se dejara de presentar posteriormente, aunque con un patrón diverso) sino en la grave conculcación a los derechos: a la seguridad jurídica, a la libertad e integridad personal y a la adecuada defensa lo cual se traduce en una trasgresión al derecho a la libertad, a la igualdad ante la ley, a la justicia, a la circulación y residencia, a la protección contra la detención arbitraria, así como al proceso regular (todos ellos protegidos en la CPEUM como en distintos instrumentos internacionales de los cuales el estado mexicano forma parte).

Unknown.pngEs decir, el actuar por agentes del Estado constituyó un atentado a los derechos más preciados del ser humano: la libertad física, personal o de movimiento, y la vida. Es, en suma, un gravísimo atentado al principio del Estado liberal y democrático de derecho.

En la recomendación también se acreditaron acciones que implicaron torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, lesivos a la libertad de la persona y al derecho de todo detenido al respeto a la dignidad. Asimismo violaciones al principio de legalidad y al derecho a la procuración de justicia de los agraviados y sus familias.

Esclarecer lo ocurrido durante los años en los que se desarrolló un enfrentamiento entre organizaciones de civiles y fuerzas de seguridad pública resulta fundamental para la afirmación del Estado de derecho.

La exigencia de saber cuál fue el destino de las víctimas de la desaparición forzada, no sólo corresponde a las personas que por sus vínculos con los agraviados resultan más afectadas por estos hechos, sino a toda la sociedad, la cual requiere de la verdad para tener confianza en las instituciones del Estado.

Conocer la verdad y hacer justicia permitirá a la sociedad fijar límites al poder, para que por ninguna razón vuelvan a cometerse violaciones a los derechos humanos tan graves como la desaparición forzada de personas: “No hay razón de seguridad nacional que justifique la desaparición forzada de personas. No hay razón de Estado que pueda estar por encima del Estado de derecho”.

La relevancia de los derechos que se vulneran al presentarse la desaparición forzada implica que dicha violación a derechos humanos se considere de lesa humanidad[1]. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas (2006), ratificó que la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas constituye un delito de lesa humanidad, por eso su importancia para el Derecho Penal Internacional y para México.

images.jpegEn México, los enfrentamientos y movimientos estudiantiles cobraron gran fuerza debido a la unión de estudiantes de diversas procedencias escolares, cuyas exigencias en un principio solamente consistían en la destitución del jefe de la Policía del Distrito Federal y luego fueron agregándose otras demandas, hasta que tuvo lugar el 2 de octubre de 1968 el mitin de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco cuyo trágico final marcó la historia del país mexicano.

Las protestas acumuladas y no resueltas fueron el caldo de cultivo generador de la respuesta de los grupos actuantes, quienes buscaron la manera de hacerse escuchar y cumplir sus demandas. Sin embargo, la respuesta a aquellos que sostenían una ideología diferente a los que detentaban el poder fue la represión estatal. A esta parte la historia mexicana, la literatura y el medio periodístico han dado en llamar la “Guerra sucia de los años 70”.

A partir de sus investigaciones, la CNDH llegó a información relativa a detenciones, interrogatorios, cateos y reclusiones ilegales, listas de personas que estuvieron recluidas en el Campo Militar Número 1, en el cuartel de Atoyac, Guerrero, en las instalaciones militares de diversas zonas del país, en la base aérea de Pie de la Cuesta, en el estado de Guerrero, y en las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad, así como en cárceles clandestinas.

De la misma forma, obtuvo información sobre la eventual desarticulación de los grupos a partir de la detención de sus integrantes, ejecutada por agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad, integrados a la “Brigada Especial o Brigada Blanca”, al frente de la cual estuvo el entonces subdirector de la Dirección Federal de Seguridad, como responsable de la Comisión de Seguridad, y el entonces comandante del Segundo batallón de la Policía Militar, como responsable de las acciones directas de los órganos ejecutores, los cuales estaban compuestos de ocho grupos operativos distribuidos en diversas áreas, e integrados por personal selecto de las diferentes policías del ámbito federal, estatal, municipal y el Ejército.

La respuesta gubernamental a las acciones de los grupos y, sobre todo, el actuar de los servidores públicos del Estado mexicano en la zona urbana y rural, no se basó en atribuciones conferidas por el marco jurídico para enfrentarlas dentro de los límites de la ley, ofreciendo a los probables responsables de delitos todas las garantías de defensa previstas en la CPEUM y sólo limitarles sus derechos mediante juicio en el cual se respetaran la formalidades esenciales del procedimiento, sino, por el contrario, la regla general fue traspasar los límites de la legalidad.

En la CPEUM se reconoce un catálogo de derechos humanos que buscan garantizar el bien común, la justicia y la seguridad jurídica a los habitantes.

De igual forma, el reconocimiento de los derechos del individuo frente al Estado también se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte (incorporados al sistema jurídico mexicano) en los que se reconoce el carácter imprescriptible e irrenunciable a dicha gama de derechos.

La desaparición forzada de personas también implicó una serie de acciones orientadas a la anulación de la personalidad de la víctima, lo cual se inicia con la detención arbitraria del individuo y en el ínterin se conculcan una serie de derechos, a lo que sigue la retención y práctica de interrogatorios, regularmente por medio de tortura física y moral, así como tratos crueles y denigrantes, todo ello al margen de cualquier normatividad y con evidente violación de los más elementales derechos de las personas y, por supuesto, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados en su defensa.

Desapariciones forzadas ejecutadas o toleradas por servidores públicos del Estado mexicano, pues las instancias de gobierno que constitucionalmente tenían la encomienda de procurar justicia y resguardar los derechos de los ciudadanos, mostraron su incapacidad y negativa para prevenir, investigar y sancionar los hechos, así como brindar el auxilio necesario a las personas que se interesaban en indagar el paradero de las víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Desapariciones forzadas, tal y como se desprende de las evidencias, que fueron práctica común de las autoridades, las que incluso al ser requeridas de informes de las personas detenidas negaron sistemáticamente su intervención y conocimiento de los hechos, así como de tener noticia del paradero y la suerte de los desaparecidos.

Unknown-1.pngPor otra parte, se logró acreditar que la falta de atención a las denuncias de hechos o la irregularidad en la integración de las averiguaciones previas, relacionadas con las desapariciones forzadas, no fueron causa inmediata y directa de las mismas, mas no cabe duda que contribuyeron a que quedaran impunes y propiciaran con ello un clima de inseguridad contrario a la obligación del Estado de proteger la integridad de los individuos que lo conforman.

El deber de investigar los delitos que pueden desprenderse de las acciones y omisiones que han quedado precisadas y dieron origen a lo que ahora puede denominarse desaparición forzada, subsiste en tanto no se determine la suerte final de la persona, tal y como sucede en la mayoría de los casos.

Pero aun en el supuesto de que, por circunstancias derivadas de los preceptos legales, no fuera factible aplicar las sanciones previstas a los sujetos individualmente responsables de los delitos que se logren configurar por el Ministerio Público a la luz de las evidencias incluidas en la presente recomendación, es clara la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de reconocer el derecho de los familiares de la víctima a saber la verdad y, por ende, cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos, lo cual representa una expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios legales a su alcance.

Es importante reiterar lo siguiente: los derechos humanos de cientos de personas fueron desconocidos por grupos formados ex profeso en el ámbito de las fuerzas de seguridad del Estado.

Entiendo que se deben adoptar todas las medidas conducentes al esclarecimiento de la investigación de las quejas materia de la presunta violación a los derechos humanos, lo cual sin perjuicio de la recomendación de la CNDH pareciera que el Estado no adoptó.

Es menester la erradicación de la práctica sistemática y recurrente de desapariciones forzadas de personas que con la participación o tolerancia de los servidores públicos toda vez que a cuatro décadas de la llamada “Guerra Sucia” las desapariciones forzadas en México se recrudecen: sean las realizadas por la delincuencia organizada, sean aquellas en que las estructuras del Estado detienen a las víctimas y luego las entregan a los grupos criminales, o aquellas en las que la autoridad conoce los detalles y los autores de las desapariciones pero no actúa.

El terrorismo de Estado lastima en forma permanente y por varias generaciones. Solo una sociedad que mantiene en el debate político la memoria puede evitar que estos hechos vuelvan a suceder.

Existe la discusión acerca de si se deben castigar los crímenes de lesa humanidad o si en busca de reestablecer la paz en la comunidad es mejor olvidar y dejar esos episodios atrás. En este sentido, considero que si no se castiga, y los responsables no rinden cuentas, se reafirma un sistema donde la vida humana no vale nada y nos arriesgamos a que por causa de la impunidad de los perpetradores, los hechos se repitan una y otra vez.

[1]En el art. 7, apartado I, inciso i) del Estatuto de Roma, se prescribe que la desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad susceptible de tipificación cuando, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, se lleva a cabo la aprehensión, detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera de la ley por un período prolongado.

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