RELFEXIONES SOBRE LA LEY DE NACIONALIDAD EN SU NIVEL ARGUMENTATIVO

Por José Eduardo Vázquez González.

Unknown.jpegEn el presente trabajo se exponen los resultados del análisis que se hizo de la Ley de Nacionalidaddentro de los 5 niveles de racionalidad legislativa, partiendo de dos enfoques: uno general y otro particular. Es menester mencionar que no todos los artículos trastocaron los niveles antes mencionados y que el encontrar redacciones tan variadas nos lleva a concluir que falta uniformidad en el proceso legislativo y que las leyes son producto de una lucha en la cual en muchas ocasiones los legisladores se reparten el trabajo y sólo terminan pegando el contenido de los artículos.

A nivel general, debido a su falta de técnica, pero sobre todo frente a la poca disposición e iniciativa de allegarse de gente especializada en los temas a legislar, se pudo observar que el legislador atenta contra 4 de los 5 niveles de racionalidad como a continuación se expone:

1.- Respecto a la Racionalidad Lingüística:usó palabras ambiguas, vagas, y de textura abierta del lenguaje, tales como:

            “Expósito” ,“El interesado”, “Buena fe”, “Extinguiendo”.

A su vez, en repetidas ocasiones hizo caso omiso a la recomendación de expresarse en tiempo infinitivo presente y usó en reiteradas ocasiones el tiempo futuro, por ejemplo:

“Se deberá”, “se aplicará”, “se expedirá”, “se declarará”, “se entenderá”, “no será”, “no podrá”, “bastará”, “formularán”, “recabará”, “deberán acreditar”, “permitirá”.

Asimismo, se encontraron inconsistencias en la redacción de la Ley; en particular en la utilización de los tiempos verbales, los cuales se emplean indiscriminadamente en situaciones gramaticalmente análogas y viceversa.

 2.- En cuanto al nivel jurídico formal: En este nivel me percate de la remisión genérica que usa el legislador, como:

Artículo 9.- “…deberán cumplir con lo señalado por el artículo 27 constitucional.”

Artículo 11.- “Para todo lo no previsto en esta ley se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal y las de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.”.

En este sentido, me percate de la redacción poco clara y de la remisión imprecisa  provoca un estado de inseguridad jurídica para el lector, y en específico para el sujeto pasivo de la ley.

A su vez, el legislador no fue capaz de establecer un orden sistemático dentro del capítulo; ya que después de imponer multas haciendo referencia a que su base será el salario mínimo dispone o esclarece qué se entenderá por salario mínimo.

Igualmente, dentro de los desatinos en la redacción de esta norma respecto al sistema jurídico mexicano en su totalidad, es ostensible la redundancia, atentando contra el principio de autonomía en cuanto al nivel jurídico formal de racionalidad.

Unknown-1Así, pues, copiosas remisiones genéricas, redundancia en la redacción y en la enumeración de supuestos y la constante utilización de la auto remisión a la propia ley en su conjunto (que se observa en la utilización de la fórmula “los demás que señale esta ley” y otros análogos) configuran un depauperado nivel de racionalidad jurídico formal presenten en la Ley.

Dentro del análisis de la ley considero que algunos artículos podrían ser tachados de irracionales, llegando a afectar a la ley en su conjunto, ya que fracasan como directiva.

Esto se debe a la falta de sanciones adecuadas; ya que el tipo de sanciones que contempla esta ley no solo son administrativas sino también penales y aún así no alcanzan un nivel de coercibilidad que el destinatario último considere importante para conducir su conducta en lo prescrito en los preceptos. Claro ejemplo de esto es lo contenido en los artículos 36 y 37; respecto al primero, menciona la imposición de sanciones penales sin determinar cuáles serán o en su defecto remitir a alguna ley especial o al propio Código Penal Federal; en cuanto al segundo artículo mencionado, impone al aplicador el análisis de circunstancias subjetivas y objetivas sin brindar un marco de referencia, para la determinación de todas las sanciones que se generen por el incumplimiento de esta ley, lo que trae aparejado incertidumbre jurídica no sólo para el mismo aplicador sino también para el sujeto pasivo de la norma.

3.- En cuanto a la racionalidad pragmática: Para poder declarar la eficacia de una ley como esta se debe de recurrir a cotejar estadísticas sobre la naturalización de los extranjeros (como un dato duro y certero que nos ayuda a vislumbrar si la ley se cumple). Aclaro que no es un estudio profundo, sin embargo sirve como referencia para hacer una valoración más certera.

En este sentido, considero que la ley tiene eficacia de forma parcial, esto, toda vez que el Instituto Nacional de Migración aplicando tanto esta ley como la política migratoria[1]ha dado resultados positivos al ser cada vez los extranjeros que conforme al cumplimiento cabal de la misma obtienen la nacionalidad mexicana.

4.- En cuanto a la racionalidad teleológica: Pese a estar provista de un nivel encomiable de racionalidad pragmática, dicha situación no se extiende a la racionalidad teleológica en tanto que los objetivos materiales de la Ley no parecen haberse materializado. Para hacer esta aseveración, se tienen que enlistar algunos de los fines de la Ley, los cuales se desprenden de un análisis interpretativo de la exposición de motivos de la misma y de la reforma al artículo 37 constitucional (1998). En el análisis en comento, puedo percatarme que los fines neurálgicos de la Ley son los siguientes:

  1. Evitar que las personas de nacionalidad mexicana que radican en el extranjero queden en estado de indefensión por carecer del amparo del Estado Mexicano debido a su presencia física en un territorio diferente, sufriendo así tratos de marginación y discriminación.
  2. El pleno ejercicio de derechos por parte de las personas con nacionalidad extranjera, cuya residencia se encuentre en el territorio nacional, así como su igualdad de condiciones ante la Ley con respecto los nacionales.
  3. Garantizar el ejercicio de derechos políticos e involucramiento en la vida política del país por parte de los nacionales mexicanos que radican en el extranjero.

imagesA casi veinte años de su promulgación, es ostensible que ninguno de los tres objetivos nucleares que enmarcan la existencia de esta Ley, ha sido cumplido con cabalidad . No es arcano para nadie que los mexicanos yacentes en el extranjero (particularmente en los Estados Unidos de América) son objeto de acoso, marginación y discriminación constantes, situaciones que en múltiples ocasiones acaecen con un respaldo institucionalizado.

Asimismo, es claro que el involucramiento en la política mexicana y el ejercicio de derechos políticos por parte de los connacionales que radican en el extranjero es insuficiente.De igual forma, se observa con regularidad, las vicisitudes que constantemente enfrentan los extranjeros que residen en territorio nacional para el ejercicio igualitario de sus derechos respecto a los nacionales.

Finalmente, puedo concluir de lo anterior que los objetivos primordiales por los que se fraguó esta Ley, han tenido un grado exiguo de cumplimiento, por lo que los niveles de racionalidad teleológica de la misma, son igualmente exiguos.

 5.- En cuanto a la racionalidad ética: En esta Ley en su conjunto, se observa una clara parvedad de racionalidad ética, pues no considero que sea concomitante con valores y principios sociales, los cuales se pueden traducir como una noción de moralidad pública. Entre otras cosas, estimo que esta norma atenta a la moralidad pública por la distinción que hace en el artículo veinte, fracción primera, inciso c), en la que dispone que la bastarán únicamente dos años, de residencia efectiva para aquellas personas originarias de una país latinoamericano o de la Península Ibérica, sin precisar los motivos por los que hace tal distinción. Lo anterior, claramente atenta contra la forma en la que se ha configurado la objetivizacióndel principio de igualdad en la moral pública de la sociedad mexicana.

Otra conculcación a la racionalidad ética que se desprende del análisis de la Ley en cuestión, la encuentro en el manifiesto sentido nacionalista que impera en la misma. Así, esta Ley se hace moralmente cuestionable, puesto que parece forzar a quienes deseen, por cualquier motivo, obtener la nacionalidad mexicana, renegar por completo de su raigambre cultural e histórica. De esta guisa, artículos como el diecisiete de la Ley, parecen contener un sentido nacionalista granítico que no es compatible con los principios morales de inclusión, poniéndose en tela de juicio la calidad ética de este artículo (y de la Ley en general) en alcance a los principios que rigen la moral pública

 PROPUESTAS

Con relación a lo anterior, consideroque, para cumplir con los cinco niveles de racionalidad legislativa es necesario corregir los aspectos señalados en el presente trabajo, modificando la redacción, dándole un mejor orden, evitado palabras ambiguas, usando el tiempo verbal correcto y especificando los párrafos, artículos o incisos a los que nos debemos remitir para así colmar las lagunas de la misma. Asimismo especificar las sanciones que se imponen por incumplir con lo estipulado.

Dada la extensión que es solicitada doy sólo algunos ejemplos de la correcta redacción que debería tener.

Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se debe entender por:

  1. Secretaría: Secretaría de Relaciones Exteriores;
  2. Certificado de nacionalidad mexicana: Instrumento jurídico por medio del cual se reconoce la nacionalidad mexicana por nacimiento y que no se ha adquirido otra nacionalidad;

III. Carta de naturalización: Instrumento jurídico por medio del cual se acredita el otorgamiento de la nacionalidad mexicana a los extranjeros; y

  1. Extranjero: Aquel que no tiene la nacionalidad mexicana.

images-1.jpegArtículo 10 .- Toda persona que tenga interés en realizar  los procedimientos contemplados en esta ley, puede ser representado mediante poder notarial o carta poder firmada ante dos testigos, las firmas del otorgante y de los testigos deben ser ratificadas ante la autoridad que se realice el trámite.

Artículo 23.- En todos los casos de naturalización, la Secretaría debe de recabar previamente la opinión de la Secretaría de Gobernación.

Artìculo 25: Se prohíbe la expedición de carta de naturalización cuando se actualice cualquier de los siguientes supuestos:

  1. El solicitante se encuentra compurgando una sentencia privativa de la libertada, ya sea en México o en el extranjero, por la comisión de un delito doloso,
  2. La expedición de la carta de naturalización no resulta conveniente, a juicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores,  en cuyo caso, deberá fundar y motivar su decisión.

Capítulo V,de las Infracciones y Sanciones Administrativas:se debe modificar y quitar la palabra “Administrativas”, toda vez que también se contemplan sanciones penales.

De igual forma, es menester que el contenido del artículo 35 de la presente ley, se incluya como una fracción más del artículo 2do de la misma, en el cual se señalan los conceptos a tratar.

[1]Veáse: Cobo, Salvador. Rodríguez Chavez, Ernesto. “Extranjeros residentes en México” http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Poblacion_Extranjera/ExtranjerosResMex.pdfConsultado el 01 de mayo de 2017.

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